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La anulación de las oposiciones en Andalucía frustra las opciones de cientos de... ¡gallegos!

Selina Otero
Faro de Vigo

Andalucía era la opción este año para centenares de aspirantes a docentes de Galicia, dispuestos a irse a vivir al sur si lograban plaza aunque fuese temporalmente al entrar en listas como interinos. El Gobierno acaba de impugnar la convocatoria de oposiciones de la comunidad andaluza, lo que tumba las aspiraciones de 33.000 candidatos en todo el país, ya inscritos para realizar los exámenes y pelear por una de las 2.389 plazas ofertadas. País Vasco sigue adelante, aunque no es una opción por la limitación del idioma. Cantabria y Madrid mantienen la convocatoria pero solo sacan 230 plazas entre las dos.

La comunidad gallega, como la inmensa mayoría, no convocó oferta pública de empleo en docencia para 2012 porque la baja tasa de reposición fijada por el Gobierno (solo se pueden cubrir un 10% de las jubilaciones de profesores) impedía sacar un número razonable de plazas como para organizar unos exámenes de este tipo. Pese al freno en la mayoría de autonomías, Andalucía sí convocó; nada menos que 2.389 plazas, el 77% del total en el país. En medio del proceso y a solo tres meses de celebrarse los exámenes, el Gobierno acaba de impugnar la convocatoria andaluza.

El problema no está en la convocatoria en sí misma sino en el número de plazas. El Ejecutivo central denunció a la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional al considerar que la convocatoria incumple el decreto que fija la tasa de reposición de docentes, que quedó establecida en el 10%. ¿Qué ocurre? Que cuando la Junta sacó la convocatoria de oposiciones la tasa de reposición todavía estaba en el 30% y, tres días después, el Gobierno rebajó este porcentaje hasta el 10%.

El recurso presentado por el Gobierno, que cuenta con un dictamen favorable del Consejo de Estado, conlleva un plazo de suspensión de cinco meses. Transcurrido este tiempo, el Constitucional puede pronunciarse y, si así lo considera, levantar la suspensión, de modo que las oposiciones podrían celebrarse en septiembre u octubre. No obstante, no hay nada seguro al tratarse de una opción; también es posible que la resolución del conflicto se demore bastante más en el tiempo.

La impugnación de la convocatoria ha provocado la indignación de opositores de todo el país: centenares de gallegos habían puesto sus esperanzas de este año en dichos exámenes, de hecho, las inscripciones para examinarse en el sur del país quedaron formalizadas en marzo.

Con la solicitud cerrada y las tasas ya abonadas, los exámenes no se celebrarán al menos en junio, como estaba previsto. "Un 80% de los alumnos que tenemos en estos momentos estaban estudiando duro, y llevan ya unos meses, para ir a por todas en Andalucía. Otros optaron directamente por esperar a la convocatoria en Galicia del próximo año. Los que se apuntaron en Andalucía, la verdad, se quedaron de piedra. No saben si se va a solucionar de algún modo, si les van a devolver las tasas, aunque eso es lo de menos", explican desde una de las principales academias gallegas que preparan a aspirantes a docentes de Secundaria.

Los candidatos a opositar a profesores que se preparan en academias ya han sufrido varios "reveses" este año. Dos meses atrás el Gobierno decidió cambiar el temario y volver al antiguo, de modo que el aprobado a finales de 2011 no valió de nada. Tras cambiar el material de estudio e inscribirse en Andalucía, ahora se frustra también esta salida. Desde las academias de formación quieren lanzar un mensaje optimista a los opositores, ya que "aunque la tasa de reposición es del 10%, habrá muchas jubilaciones en los próximos meses y las administraciones tendrán que tirar de listas de interinos para cubrir vacantes", indican.

Cantabria y la Comunidad de Madrid mantienen su oferta pública de empleo aunque la convocatoria para la inscripción todavía no ha salido publicada en los diarios oficiales. Por otra parte, el Defensor del Pueblo Andaluz recomienda a la Junta que "siga adelante" con la convocatoria con el objetivo de poder celebrar los exámenes en septiembre pese al recurso del Gobierno central pero "ajustando" el número de plazas a la tasa de reposición del 10%. Supondría mantener las 1.752 que se ofertaron como "consolidación de empleo" y limitar al 10% las 637 plazas restantes.

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