En el día de ayer, el presidente Sánchez
realizó unas declaraciones sobre la crisis económica generada por la guerra de
Irán señalando que se están “estudiando posibles medidas para ayudar a los
hogares, a los trabajadores, a las empresas y a los autónomos y que puedan
mitigar los impactos económicos”.
Esto ha creado confusión en los
consumidores en tanto que las consecuencias de este conflicto bélico se están
ya sufriendo por los consumidores con las subidas que se están produciendo, por
poner algunos ejemplos, en el precio de la electricidad o los carburantes. Y
esto acaba de empezar.
A pie de calle, el ciudadano pide medidas
concretas y no frases hechas. Por ello, desde la Asociación Española de
Consumidores hemos elaborado un catálogo de medidas para abordar la crisis
económica teniendo en cuenta lo que solicitan buena parte de los ciudadanos de
este país y las empresas.
Estas medidas se dan en todos los órdenes
y no sólo desde un punto de vista económico sino también social para facilitar
la vida de los ciudadanos. Las medidas divididas por temáticas
serían:
Administraciones Públicas:
1. Eliminación
de gastos superfluos en las Administraciones. Con ello, pedimos que se eviten
los observatorios, consejos, etc. o, en caso de mantenerse, que se eliminen las
dietas de asistencia y los de desplazamientos, así como los gastos innecesarios
que tengan asociados.
2. Reducción
del número de Ministerios, Consejerías, Delegaciones, etc. Con ello se
evitarían también costes innecesarios.
Políticas Sociales:
3. Agilización
de la valoración de la dependencia y demás trámites administrativos que tardan
años en resolverse.
4. Agilización
de la acreditación del grado de la discapacidad para facilitar su incorporación
al mercado laboral que los demanda.
5. Realización
de un estudio de las subvenciones y ayudas que se están otorgando para analizar
su utilidad social con el fin de eliminar las innecesarias y potenciar las
imprescindibles para las familias.
Empleo:
6.
Realización de Planes de Empleo para parados de larga duración o de edad mayor
a los 55 años.
7. Regulación
definitiva del teletrabajo lo que reduciría la contaminación al existir menores
desplazamientos, ayudando a su vez a la conciliación familiar y un menor coste
para las familias en el transporte tanto público como privado.
Economía:
8. Análisis
por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia de los precios de
los carburantes.
9. Revisión
de los impuestos asociados a los carburantes realizando una rebaja de los
mismos para el abaratamiento del precio final que pagan los consumidores.
10. Establecimiento
del descuento de los 20 céntimos por litro de carburante para los consumidores
tal y como estaba con la anterior crisis energética.
11. Realización
de actuaciones de control en la conformación de los precios potenciando canales
más directos entre el productor y el consumidor y evitando los intermediarios
que no aportan nada de valor al producto y solo lo encarecen.
Salud:
12. Abaratamiento
de costes de la sanidad mediante la dispensación por principio activo y en las
cantidades estrictamente necesarias.
13. Apuesta
decidida por la prevención en salud para un abaratamiento de los costes
sanitarios.
Medio Ambiente y Economía Circular:
14. Potenciar
el reciclaje en el hogar como medio de ahorro en los costes económicos de la
producción.
15. Establecer
subvenciones fijas a los sistemas de ahorro y producción de energía. Hasta
ahora lo que hay es puntual y con muchas trabas e inseguridades jurídicas y
económicas para los consumidores.
16. Fomentar
la realización de campañas sobre consumo responsable de energía contando con la
colaboración de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Fiscalidad:
17. Bajada
de impuestos de productos de primera necesidad de forma estable y no de manera
coyuntural, estableciéndose una revisión de todo el arco impositivo del IVA.
Por supuesto, al ser productos básicos en una alimentación sana y equilibrada
se debe rebajar el IVA de la carne y el pescado. Con ello no sólo se abarataría
la cesta de la compra sino que se incidiría en una alimentación más sana y
equilibrada.
18. Rebaja
del IVA en productos básicos de higiene y en productos de limpieza y
alimentación infantil.
19. Revisión
de los impuestos municipales y los coeficientes correctores.
Comercio:
20. Realización
de campañas de promoción del comercio tanto de proximidad como en los centros
comerciales o la compra online, evitando visiones simplistas y excluyentes,
todos son necesarios y compatibles.
Turismo:
21. Realización
de campañas de Turismo responsable.
22. Eliminación
de tasas turísticas donde se hayan aplicado.
Justicia:
23. Abordar
un Plan de Choque de todas las Administraciones Públicas implicadas en materia
de Justicia para evitar el colapso que existe y que genera inseguridad jurídica
y retraso en el reconocimiento de los derechos.
24. Establecimiento
de resoluciones vinculantes y obligatorias en materia de Seguros y Bancos por
parte del Banco de España y la Dirección General de Seguros. Ello conllevaría
descongestionar buena parte de las reclamaciones judiciales.
Vivienda:
25. Medidas
reales para el abaratamiento de la vivienda, sobre todo en el mercado del
alquiler con una mayor seguridad jurídica para las partes y sin planteamientos
ideológicos que han conllevado un colapso del mercado de la vivienda.
Obra Públicas y Transporte:
26. Apuesta
decidida por el transporte público en todo el país y no sólo en determinadas
zonas. Para ello se debe abordar un Plan de Infraestructuras estatal que se
cumpla y se debe reforzar y renovar la flota de dicho transporte público.
27. Potenciación
de todos los aeropuertos del país con el establecimiento de trayectos básicos
en todos ellos.
28. Colaboración
público-privada, no sólo como un sector privado ejecutor de infraestructuras
que se realicen, sino desde inicio, en la definición de toda estrategia que se
haga de conexiones, obras hidráulicas, etc.
Consumo:
29. Inclusión
de la participación de las cuestiones que les afectan al conjunto de
asociaciones de consumidores en función del territorio al que afecten las
medidas.
30. Realización
de un Plan de Inspecciones contra la economía sumergida y los fraudes a los
consumidores. Perjudican tanto a consumidores como a los empresarios que
realizan su actividad de una forma legal.
Se trata en definitiva de algunas medidas
que conllevan un coste económico, pero otras simplemente se pueden llevar a
cabo teniendo sensibilidad y miras políticas para la solución de los problemas
que los ciudadanos tienen hoy en día.
Desde la Asociación Española de
Consumidores finalmente exigimos que se adopten inmediatamente en tanto que ya
los consumidores más vulnerables están sufriendo las consecuencias de esta
situación y pedimos actuaciones y no meros discursos ideológicos y políticos en
mera clave electoral.
