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¿Quién preside la pirámide?

Isabel Morillo
Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

“Descontrol, abusos, ayudas absolutamente groseras, dejadez de funciones, enriquecimiento injustificado para unos y empobrecimiento para las arcas andaluzas”. Todos son expresiones, ninguna de ellas comedidas, del auto que redactó la madrugada del martes la jueza Mercedes Alaya y que ordenó el ingreso en prisión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández. El caso de los Expedientes de Regulación de Empleo, que investiga una supuesta trama fraudulenta tejida con fondos públicos, ha alcanzado una nueva dimensión. Judicial y política. La magistrada ha dejado claro que en absoluto se cree esa versión de que el fraude fue perpetrado por “dos golfos”, un exdirector general y su exconductor. Ambos, por cierto, también en prisión preventiva. Alaya –implacable, para algunos; excesiva y conspiradora, para otros– no quiere ese caso sino que ambiciona otro de mucha más dimensión. Las palabras que recogió en más de 70 folios de auto, redactados desde las dos de la madrugada hasta las 6.45 y después de tres días de correoso interrogatorio, no se limitan a mandar por vez primera a un exconsejero andaluz a la cárcel sino que avisa de que fueron sus “superiores” quienes idearon un sistema de ayudas sin control que desbordó los 477 millones de euros. Un sistema de reparto de subvenciones que la Junta defiende como legal y diseñado para agilizar las ayudas. La magistrada lo ve claramente fraudulento e insinúa que se hizo a propósito para manejar el dinero público al antojo de unos cuantos, beneficiando a amigos y afines al PSOE.

Alaya apunta directamente a José Antonio Viera, diputado nacional del PSOE, pero sus insinuaciones sobre la falta de control desde luego que ponen un cerco en torno a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Griñán e incluso al expresidente Manuel Chaves. La jueza estrella ha enseñado sus armas y muchos comienzan a ver una posibilidad real que siente al presidente Griñán en el banquillo en calidad de testigo. Sus tiros se dirigen a la Intervención General de Hacienda, el cuerpo de élite de la Junta que debió de alertar del fraude –no lo hizo– pero que sí avisó reiteradamente de que el sistema de subvenciones no se ajustaba a la legalidad. Griñán era entonces el consejero que debió de atender estos requerimientos y la jueza Alaya ya ha pedido investigar a los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Junta. Esa es exactamente la versión que viene defendiendo el Partido Popular desde hace meses. La jueza, una vez más, llega a sus mismas conclusiones en una instrucción minuciosa, casi obsesiva, con situaciones tan incomprensibles como la de hacer pasar la madrugada al exconsejero –que tenía ya una pequeña bolsa preparada con una muda–, los abogados y los periodistas en los juzgados con el alma en vilo. Inhumano. De película. Sobre si era necesario o no hay opiniones encontradas que coinciden, claro, con una adscripción ideológica. Como todo en el caso. El expresidente balear Jaume Matas está condenado a seis años de cárcel por el primer juicio del macrocaso Palma Arena. Aún no ha pisado la prisión. Es el ejemplo que ponen muchos para defender que la prisión de Fernández es “desproporcionada”.
El auto ha detonado en un patio político andaluz que empezaba a relajarse en torno al caso ERE, que había alcanzado su máxima cota de tensión en las pasadas elecciones autonómicas, cuando todo hacía pensar que de la mano de éste escándalo vendría por vez primera una victoria por mayoría absoluta del PP en Andalucía. Pero no dijeron eso los andaluces. Muchos empezaban a aventurar que el caso ERE, tras la resistencia del PSOE en las urnas, se desmoronaría como un azucarillo en el café.

Infravaloraron a la magistrada que está al frente. Alaya, que tanto le han criticado que hable en vísperas electorales, ha dicho claro que tiene caso más allá de las urnas. Y que nadie baje la guardia porque este asunto aún va a dar muchísimos quebraderos de cabeza al PSOE andaluz. Y ahora también a su socio de Gobierno, IU.

Fernández es el primer salpicado de una larga lista de dirigentes políticos, se intuye. Alaya dijo hace meses que iba a por el último escalón de la pirámide. Solo queda conocer quién cree la magistrada que ocupa ese vértice. Y hay un componente humano. Fernández ha sido alto cargo 15 años, tiene muchos amigos y también otros no tan amigos. Oigan a Luis Pizarro hablando del abogado de la Junta. Esto agita internamente al PSOE-A. Griñán ha salido a defender a Fernández, silenciando la tibieza de otros socialistas de la actual dirección. Sería el colmo que como daño colateral este caso desencadenara la batalla interna entre la vieja guardia y los griñanistas.

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