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Kiko Matamoros y Makoke se autoinculpan de sus trapicheos fiscales

Nuria Torrente
@opinionalmeria

Ayer, viernes 17 de abril de 2026, el plató de televisión se trasladó a la Audiencia Provincial de Madrid. Kiko Matamoros y Makoke, exmarido y exmujer, tertulianos acostumbrados a los focos y a los gritos, se sentaron juntos en el banquillo de los acusados. No era un debate de Sálvame ni un Deluxe. Era la Justicia real, con toga y sin público en las gradas. Y, contra todo pronóstico, el capítulo terminó con un mea culpa conjunto que nadie esperaba.

Makoke y Kiko Matamoros / Telecinco

Los antecedentes del caso no son nuevos, pero merecen recordarse con crudeza. Entre 2009 y 2014, cuando ambos vivían su particular dolce vita televisiva, acumularon una deuda con Hacienda que superaba el millón de euros. Para evitar los embargos, montaron —según la acusación— un entramado de ocultación de bienes. El plato fuerte: una mansión en Pozuelo de Alarcón que se puso a nombre de Makoke, aunque Kiko asegura que fue él quien la pagó íntegramente. También una cuenta bancaria y una hipoteca convenientemente colocadas bajo el paraguas de ella. 

La Fiscalía lo tuvo claro desde el principio: Kiko como autor principal, Makoke como cooperadora necesaria. Petición inicial: cinco años y seis meses de cárcel para él, cuatro años para ella, multas millonarias y la obligación de indemnizar al fisco con más de 600.000 euros entre ambos. El juicio se había suspendido en marzo por un informe pericial de última hora presentado por la defensa de Makoke.

Ayer se retomó. Y todo cambió en cuestión de minutos. Kiko entró declarando que “vengo a reconocer los hechos que evidentemente me afectan y lo que no he hecho correctamente”. Makoke, visiblemente nerviosa y emocionada hasta las lágrimas, admitió su papel. La confesión fue inmediata y estratégica. La fiscal aplicó las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas y rebajó drásticamente las penas: dos años para Kiko y un año y nueve meses para ella. Como no superan los dos años y carecen de antecedentes penales relevantes, ninguno entrará en prisión. 

El abogado del Estado, que representa a Hacienda, se mostró más duro (pidió tres años y medio para Kiko), pero la Fiscalía y las defensas se adhirieron al acuerdo. El juicio quedó visto para sentencia. Y la indemnización conjunta a Hacienda sigue en pie, aunque Kiko insiste en que ya ha pagado “casi todo” lo principal.

¿Y el posible desenlace? Todo apunta a que la sentencia ratificará este pacto. No habrá cárcel, pero sí antecedentes penales y una deuda que saldar. Sin embargo, Kiko no se fue precisamente en son de paz. A la salida, con la sonrisa del que se quita un peso de encima, advirtió: “Ahora empieza una pelea por mis derechos”. Traducción: el capítulo penal se cierra, pero el civil acaba de abrirse. La mansión de Pozuelo, donde aún viven familiares de Makoke, vuelve a estar en el centro del tablero. La guerra entre los ex no ha terminado; solo ha cambiado de juzgado. 

Como columnista, no puedo evitar ver en este caso un espejo incómodo de nuestra época. Dos personajes que han vivido de contar intimidades ajenas y propias terminan desnudando sus miserias económicas ante un juez. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes han llenado horas de tele con sus broncas y reconciliaciones. La confesión de ayer es, a mi juicio, un acto de inteligencia pragmática: mejor dos años suspendidos y pagar que jugársela a la ruleta rusa de un juicio largo. Pero también revela la fragilidad de un imperio construido sobre deudas, ocultaciones y, sobre todo, un divorcio que nunca se cerró del todo.

Las portadas de los tres periódicos de Almería

Aarón Rodríguez
@opinionalmeria

Cada mañana se pueden adquirir tres periódicos de papel que tratan sobre los temas de Almería y su provincia. El decano es La Voz de Almería , que es también el que tiene mayor difusión. El segundo por el número de lectores es Ideal,  el periódico con sede en Granada, que tiene una edición especial para Almería. El tercero en difusión es el más joven -que recuperó el nombre de una cabecera histórica-, Diario de Almería, que pertenece al Grupo Joly, propietario de cabeceras en casi todas las provincias andaluzas:




El reloj de la esperanza

Fátima Herrera
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería

Hoy queda un día menos para que Andalucía vuelva a tener unos servicios públicos de calidad, más igualdad, más dignidad y más derechos para todas y todos. El tiempo de las políticas injustas y privatizadoras de Moreno Bonilla está llegando a su fin. Nos duele profundamente saber que 100.000 almerienses aguardan en una interminable lista de espera sanitaria o que nos faltan más de 1.600 profesionales para cuidar de nuestra salud física y mental. 

Nos rompe el alma la crueldad de una burocracia que retrasa la ley de dependencia hasta los 500 días; una espera agónica que el año pasado se llevó a más de 250 vecinos en nuestra provincia sin recibir la ayuda que por derecho merecían. Almería necesita volver a respirar. No podemos permitir que nuestros jóvenes sigan estudiando en clases masificadas o aulas improvisadas, mientras el gobierno andaluz lleva ocho años sin poner un solo ladrillo en los colegios e institutos prometidos. No podemos conformarnos con las irrisorias 16 viviendas públicas construidas por la Junta de Andalucía en la capital en casi una década, dejando a la juventud sin opciones de futuro. 

Y, por supuesto, no olvidamos a nuestras envasadoras, mujeres que con sus manos sostienen nuestra agricultura y a las que Moreno Bonilla les niega un plan integral que dignifique su esfuerzo. Pero frente a la desidia y al abandono, renace la fuerza de nuestra tierra. Los socialistas estamos ilusionados, preparados y convencidos de que los almerienses, al igual que el resto de andaluces y andaluzas van a votar por la defensa de nuestros servicios públicos. El reloj de la esperanza ya está en marcha. Vamos a recuperar esa sanidad pública de calidad que nos cuidaba, la educación que iguala oportunidades, las viviendas públicas para nuestros jóvenes y una atención digna a las personas mayores, a la discapacidad y a la dependencia. Es el momento de Almería. Es el momento de recuperar nuestro futuro y me siento muy orgullosa de formar parte del cambio.

Las portadas de las cinco revistas semanales

Aarón Rodríguez
@opinionalmeria

Ya están en los puntos de venta las revistas semanales. Cuatro de ellas (Lecturas¡Hola!Diez Minutos y Semana) salen los miércoles, mientras la revista Pronto se adelanta sobre sus compañeras y se pone a la venta los lunes. Estas son las portadas de esta semana:






Infraviviendas de migrantes: una vergüenza estructural para nuestra provincia

José Francisco Cano de la Vega
Coordinador de Movimiento Sumar en Almería 

Hace muy pocos días nos despertamos con un nuevo incendio en el asentamiento de infraviviendas de Los Grillos, en Níjar. Otro más. Hablar de chabolismo en la provincia de Almería no es hablar de una anomalía puntual ni de una situación coyuntural, es hablar de un problema estructural, cronificado durante décadas, íntimamente ligado al modelo de agricultura intensiva que sostiene buena parte de nuestra economía provincial. 

Un modelo que genera riqueza, exportaciones y beneficios, pero que ha sido incapaz —o ha renunciado— a garantizar condiciones de vida dignas para miles de las personas migrantes que lo hacen posible con su trabajo diario.

Cuando hablamos de chabolismo solemos pensar en asentamientos visibles, pero esa es solo la parte más conocida del problema. Existe otra realidad mucho más extensa y silenciada: la infravivienda rural dispersa, formada por cortijos abandonados, casetas de aperos, almacenes agrícolas o construcciones fuera de normativa, ocultas entre los invernaderos y alejadas de los núcleos urbanos.

Según el informe La infravivienda invisibilizada. Aproximación al chabolismo disperso en los diseminados del campo de Níjar, elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-Almería, en el campo nijareño -uno de los municipios más afectados- existen en torno a 470 infraviviendas rurales dispersas, en las que viven entre 1.250 y 1.400 personas, de las cuales al menos 275 son menores de 14 años, cifra que podría superar las 480 personas menores de edad si se amplía el rango hasta los 18 años.

Estos datos desmienten cualquier intento de minimizar el problema. No estamos ante situaciones excepcionales, sino ante una forma estructural de exclusión residencial. En el municipio de Níjar, cerca del 20% de la población reside en diseminados, un porcentaje muy superior al de otros municipios agrícolas de la provincia y que revela hasta qué punto la segregación residencial se ha normalizado.

Las condiciones de vida en estas infraviviendas vulneran de forma sistemática los derechos humanos más básicos: ausencia de agua potable, cortes continuos de electricidad o falta total de suministro, hacinamiento, humedades, mala ventilación, aislamiento geográfico extremo y riesgos constantes de incendio o inundación. A la inmensa mayoría de estas personas el gobierno de PP y VOX les niega el empadronamiento municipal (a pesar de lo establecido por la Ley), lo que les impide acceder con normalidad a la sanidad, la educación, los servicios sociales o la regularización administrativa. Viven y trabajan aquí, pero permanecen obligatoriamente y contra su voluntad fuera del sistema.

Pero esta realidad no es fruto del azar. Es consecuencia de décadas de inacción política, de un mercado del alquiler profundamente discriminatorio y, sobre todo, de un modelo productivo que ha externalizado los costes sociales de la agricultura intensiva. El sector agroalimentario de Almería necesita mano de obra barata, disponible y flexible, pero no asume la responsabilidad de garantizar condiciones de vida dignas para quienes sostienen sus empresas.

El chabolismo no es solo un problema social: es una fractura democrática. Normalizar que miles de personas vivan “bajo el plástico” supone aceptar una desigualdad estructural incompatible con cualquier idea seria de justicia social y de desarrollo sostenible. 

Propuestas para una solución corresponsable 

Erradicar el chabolismo en Almería es posible, pero exige una corresponsabilidad real de todos los implicados: 

          Las empresas agroalimentarias deben asumir compromisos obligatorios en la creación y financiación de alojamientos dignos vinculados al empleo agrícola. Los beneficios no pueden seguir siendo privados mientras los costes sociales recaen sólo en lo público. 

          Los ayuntamientos deben impulsar planes locales integrales que combinen realojos, rehabilitación, regularización urbanística y empadronamiento, evitando procesos de desalojo sin alternativa habitacional. Además, mientras estas alternativas no sean una realidad, deben garantizar el acceso a los servicios básicos (limpieza, electricidad, agua…) a esta parte de su población y -por supuesto- deben facilitar su empadronamiento. 

          La Diputación Provincial de Almería debe asumir su liderazgo en la coordinación supramunicipal, aportando recursos técnicos y económicos a los municipios con menor capacidad. 

          Por fin, la Junta de Andalucía debe aportar una dotación presupuestaria suficiente y ampliación real del Plan para la Erradicación de Asentamientos Irregulares, incorporando de forma clara la infravivienda rural dispersa. 

En todo este proceso, deben ocupar un papel central las entidades sociales con una larga trayectoria en la atención a los migrantes y un profundo conocimiento del territorio, como CEPAIM, Almería Acoge y el Servicio Jesuita de Migración, fundamentales para la gestión de alternativas habitacionales dignas y el acompañamiento social. 

Erradicar el chabolismo no es una concesión ni una utopía: es una obligación ética, social y política. La dignidad no puede depender del origen ni del tipo de contrato. Garantizar vivienda digna para quienes hacen posible el campo almeriense es una cuestión de justicia social y de futuro para nuestra provincia.