La Operación Poniente ve la luz al final del túnel

Iván Gómez

Jefe de Local de Diario de Almería

A primera hora de la mañana del 20 de octubre de 2009 un amplio despliegue policial tomaba el Ayuntamiento de El Ejido, detenía al entonces alcalde Juan Enciso, al interventor Pepe Alemán y a una veintena de personas, además de registrar varias subcontratas con las que tenía relaciones comerciales la empresa municipal Elsur. Estallaba la mayor trama de corrupción de la provincia, por la que se pueden haber malversado nada menos que 150 millones de euros de las arcas públicas ejidenses. Ríos de tinta brotaron sobre la vida y obra de los presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, entre otros, así como sobre sus conversaciones telefónicas cuando en marzo de 2010 se abre una parte del sumario tras once meses de secreto de las diligencias incoadas. 

Abundante documentación

Poco después llegó la libertad bajo fianza para Enciso, Alemán y los empresarios Juan Antonio Galán y José Amate -los últimos en salir de la prisión- y ya en enero de 2011 se libera casi la totalidad del sumario, el más extenso y complejo de la historia judicial de Almería y también el primero que se digitaliza. Más de 260.000 folios, casi 80 imputados, 13 testigos, 9 protegidos, 38 abogados y una veintena de procuradores en la misma causa. Desde entonces, la Operación Poniente se fue apagando, pasando a un segundo plano informativo, y el interés se concentró en el retraso de una instrucción judicial que ha superado los cuatro años. Desde principios de 2011 todas las miradas han estado puestas en los profesionales de la Agencia Tributaria y su rastreo del dinero arrebatado a los ejidenses a través del cruce de datos de rentas, patrimonios, movimientos bancarios, cuentas y sociedades de los implicados en la red delictiva. Pero todo llega y, según fuentes del caso, mañana llegarán al Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería los informes definitivos de la Agencia Tributaria y los focos a partir de ahora se centrarán en la labor del magistrado Jesús Miguel Hernández.

La Dirección General de la Agencia Tributaria (AEAT) quiso aclarar, a través de este periódico, que no había ninguna parálisis, sino todo lo contrario. Después de emitirse ocho informes de avance y conclusiones provisionales, la previsión de entrega de los informes periciales definitivos ha pasado de finales de año a casi marzo, pero no ha sido por la falta de medios materiales ni humanos. Este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas detalló que ya a finales de 2009 se produjo la petición y designación de funcionarios de la AEAT en funciones de auxilio judicial del expediente, ocupando una proporción considerable de los técnicos del Área de Inspección Financiera de la sede de Almería.

Desde finales de 2010, cuando culminó la organización de toda la documentación intervenida en papel, la AEAT tuvo que aportar también sus recursos para facilitar al Juzgado la labor de digitalización. Los documentos escaneados ascienden a más de 500 archivadores de aproximadamente 400 páginas cada uno. De manera que el equipo de auxilio judicial de la Agencia Tributaria, según indicaron, no pudo empezar a trabajar con la ingente documentación intervenida y digitalizada hasta julio de 2012.

Desde la Agencia Tributaria destacaron en su día que la Operación Poniente se deriva de las investigaciones realizadas por su Unidad de Planificación y Control en relación al grupo empresarial Elsur y sus relaciones con el Ayuntamiento de El Ejido. La operación tuvo como origen las investigaciones de la Agencia Tributaria y desde el comienzo los medios asignados, según han reiterado, fueron "extraordinarios" para la dotación de personal de la AEAT existente en Almería. Han hecho todo el trabajo sucio de un proceso penal que encara su recta final. El juez Jesús Miguel Hernández podrá abrir el juicio oral en cuestión de meses.