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Las oposiciones de Andalucía

Emilio Ruiz

Durante las últimas semanas he prestado mucha atención a las razones que esgrime el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, para mantener inalterable su propósito de continuar adelante con la convocatoria de oposiciones para profesores de Secundaria y FP. Que me perdone el consejero, pero no veo argumentos sólidos. Basa éstos, principalmente, en el deseo de estabilizar la función pública para conseguir que el 90% del profesorado sea definitivo, en el crecimiento del número de alumnos y en la prevalencia que en Andalucía tiene la educación pública sobre la concertada.

Si ésos son los argumentos favorables, los desfavorables son de mayor entidad, en mi modesta opinión. Sin reparar en la oposición frontal del Gobierno central por las limitaciones presupuestarias impuestas a las comunidades autónomas, en el cambio del temario a pocos meses de los exámenes (tiene guasa estudiarse un temario de Secundaria del año 1993) y en el grado de incertidumbre en el que se halla el proceso por la amenaza de impugnación por parte del Ministerio de Hacienda, razones suficientes, todas y cada una de ellas, para haberse quedado quietecito, hay otra aún más poderosa: las consecuencias nefastas que estas oposiciones van a tener para los opositores andaluces por culpa del “efecto llamada”. Sólo Andalucía, País Vasco, Cantabria y Madrid convocan oposiciones. De las 3.095 plazas, 2.389 corresponden a Andalucía. Quiere eso decir que casi todos los opositores españoles se van a venir para acá a disputarle la plaza a nuestros diplomados y licenciados. ¿No hubiera sido mejor, para nosotros, esperar a convocar oposiciones cuando lo hagan el resto de comunidades autónomas y servirse, mientras tanto, de profesores interinos andaluces?

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