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50 alumnos aprobados por la UAL se quedan sin título por un error administrativo


Rosa Ortiz
Periodista

Un fallo de interpretación por parte de la Universidad de Almería del Real Decreto 1393 del año 2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, está provocando un enorme desasosiego en casi medio centenar de alumnos a los que el ministerio de Educación no reconoce sus titulaciones por estar “fuera de rango”, es decir, porque se han obtenido más allá del plazo establecido de forma oficial.

Por un fallo de interpretación

La circunstancia afecta en exclusiva a alumnos que se matricularon en licenciaturas que ya han quedado extinguidas en los planes de estudio de la UAL. Se da el caso de que varios de ellos se han presentado a oposiciones y han sido excluidos por no tener el título en vigor. “Es un tema muy serio que podría derivar en que los afectados presentaran una demanda contra la Universidad por responsabilidad patrimonial”, explican a este periódico fuentes conocedoras del caso. 

El problema generado ahora tiene su origen hace algo más de diez años, cuando el ministerio de Educación aprobó una orden (fechada el 29 de octubre de 2007) que establecía que, en el plazo de tres años, todas las enseñanzas universitarias debían estar adaptadas a la nueva estructura que fijaba el Espacio Europeo de Educación Superior (el llamado Plan Bolonia) tras su puesta en marcha. En la práctica, el cambio suponía la sustitución de diplomaturas y licenciaturas por estudios de Grado y Máster.

La Disposición Transitoria Segunda de la citada norma señalaba -y aquí parece estar el quid de la cuestión- que las titulaciones quedarían “definitivamente extinguidas” a partir del 30 de septiembre de 2015 y disponía de cuatro convocatorias de exámenes en un máximo de dos años para quienes no hubiesen aprobado las asignaturas en su momento. 
Sin embargo, a pesar de lo dictado en la orden ministerial, el Consejo de Gobierno de la UAL dio el visto bueno, con fecha de diciembre de ese año (finales de 2015, con Carmelo Rodríguez en sus primeros compases como rector) a una normativa que ampliaba a seis las convocatorias de exámenes “en los tres cursos académicos siguientes entre junio y septiembre”, según se lee en una documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
Uno de los fallos fue que la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno no pasó por el tamiz de la asesoría jurídica de la UAL. “Al aprobarlo, no se dieron cuenta de que incumplía el real decreto del ministerio”
“Ha sido un desliz, un error. No se hizo para beneficiar a nadie, sino con la mejor de las intenciones para ayudar a aquellos alumnos que tenían más problemas para poder  obtener la licenciatura a su tiempo”, explican fuentes. Uno de los fallos fue que la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno no pasó por el tamiz de la asesoría jurídica de la UAL. “Al aprobarlo, no se dieron cuenta de que incumplía el real decreto del ministerio”, relatan. 

De momento, no se sabe cómo se va a solucionar pero sí que hay voluntad de arreglar el entuerto: el pasado 21 de marzo se dejó sin efecto toda la normativa anterior y se habilitó a los vicerrectorados a resolver las “distintas situaciones” que puedan plantearse a partir de ahora como consecuencia de la referida suspensión. La decisión se tomó en Consejo de Gobierno el pasado 12 de marzo y el acta está firmada por el secretario general de la Universidad, el profesor Fernando Fernández Marín. En el punto 16 de los acuerdos adoptados por el órgano principal de la UAL se aprueba “la suspensión de la eficacia de la Normativa de Extinción de las Enseñanzas de Titulaciones Oficiales aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno con fecha 23 de noviembre de 2012 y modificada por el mismo órgano en las sesiones de fecha 25 de octubre de 2013 y 17 de diciembre de 2015, así como el vigente Reglamento para el Tribunal de Compensación para la Evaluación Curricular, para los títulos anteriores al RD 1393/2007”.

“Es un tema feo. Quien metió la pata fue el anterior equipo de gobierno, cuando Pedro Molina era aún el máximo responsable de la institución universitaria y lo que hizo el actual rector fue ampliar el error y ser negligente por no contar con la asesoría jurídica”, explican fuentes de la UAL, que señalan que el cambio normativo se hizo “con la mejor de las intenciones”, tratando de ayudar a los alumnos que tenían más dificultades para obtener su título universitario.

Algunos docentes preguntados por este periódico ven en el ‘buenismo’ de la Administración educativa el problema que subyace en la intrahistoria de este problema. “Siempre se les da más ventajas a los alumnos con peor rendimiento académico. En la universidad española no se hacen normas para beneficiar a los buenos estudiantes”, argumentan profesores consultados.