Tres Reyes y una consideración

Pedro M. de la Cruz

Director de La Voz de Almería

Si usted se encuentra entre los apasionados por las insidias fuertes y los argumentos débiles, pase página; o dedique su tiempo a navegar por las cloacas de la calumnia. Lo advierto porque no voy a caer en el error de valorar el Caso Tres Reyes desde las perspectivas policial y jurídica. Démosle tiempo a unos y otros para que desarrollen sus relatos argumentales y probatorios y dejemos las imputaciones a que hubiera lugar a quienes corresponde de acuerdo a la norma. 

La operación recibe el nombre de Tres Reyes

A lo que no me resisto es a censurar la ligereza con que algunos de nuestros responsables políticos han entrado al trapo del engaño acusándose veladamente de connivencias más o menos indeseables con algunos de los intervinientes en la trama. Observar como socialistas y populares se enzarzaban en un cruce de acusaciones veladas sobre presuntas connivencias con el ex jefe de los abogados del Estado en Almería resultaba de una irresponsabilidad tan intencionada como censurable.

En tiempos en los que los políticos han alcanzado la cumbre de valoración negativa por los ciudadanos resulta insoportable que en vez de limpiar el hedor que les cerca dediquen sus esfuerzos a aumentar el olor a podrido que les rodea.

Demetrio Carmona será culpable o no de extorsión o pertenencia a grupo criminal (figuras jurídicas por las que ha sido imputado por la juez Dodero) cuando el caso se sustancie en sede judicial y un tribunal dicte sentencia. Lo que no resulta razonable ni razonado es que el PSOE siembre la sombra de la duda sobre el comportamiento de Gabriel Amat y Andrés García Lorca por recibirle antes de que comenzara la investigación del Caso y antes, también, de que fuese cesado en su cargo. ¿Por qué no habría de recibir en su despacho oficial al entonces jefe de los abogados del Estado el subdelegado del Gobierno a petición de aquél? ¿Qué extraña conjura puede esconderse en que el que era máximo defensor de los intereses del Estado se reuniera con el presidente de la Diputación?

Y, desde la otra orilla, ¿por qué insinúa el PP que los socialistas mantuvieron con anterioridad otra serie de encuentros con quien entonces también ocupaba la misma responsabilidad? ¿Qué hay de censurable en ello? A no ser que, para unos y otros, sobre las actuaciones de Carmona estuviera sobrevolando la sombra oscura de la sospecha. Y si la hay y tienen pruebas donde tienen que ir es al juzgado.

Pero en un Estado de Derecho la sospecha no es un elemento consistente. Por la multiplicidad de causas que la pueden provocar, la duda sobre el comportamiento de una persona no es causa bastante para impedir a nadie mantener una entrevista con un cargo público. Es más, el cargo público está obligado a atender cualquier petición de encuentro, independientemente de la posición o el estatus del que provenga la petición.

He regresado a esta confusión intencionada entre lo penal y lo político porque no es la primera vez que se produce (y me temo que tampoco será la última).  El antecedente a esta intencionada confusión también se dio en el Caso Poniente. Entonces tuve la curiosidad de leer el sumario y ahora también. Y, a la espera de lo que dicten los tribunales, tanto en uno como en otro caso, lo que hay son unos ciudadanos unidos con una intencionalidad presuntamente delictiva.

Que en el caso Poniente hubiera políticos imputados y en el Tres Reyes un funcionario público, un abogado y varios falsos agentes de inteligencia (por cierto: vaya inteligencia la de quienes se aliaron con ellos sin verificar su identidad), no supone que todos los que tuvieran relación con ellos -desde la política, la abogacía o la empresa- estén vinculados a esas presuntas actividades delictivas. Es una obviedad, pero conviene tenerlo en cuenta para no caer en el juego de quienes, desde las cloacas de la insinuación chantajista, intentan mezclarlo todo y todos para que así nadie pague nada.