Lourdes Lucio
Periodista
El Gobierno andaluz atemperó ayer sus críticas al Ejecutivo central por su decisión de limitar de sopetón el límite de deuda de Andalucía en 2013 que le impedirá contar con 2.735 millones de euros en sus presupuestos autonómicos si no se rectifica. Técnicos del Ministerio y de la Consejería de Hacienda mantuvieron ayer reuniones para intentar suavizar el tope de deuda aprobado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que implicaría el cierre de 2.000 colegios, 19 hospitales o despidos de 60.000 empleados públicos, como afirmó de manera dramática el presidente andaluz, José Antonio Griñán este miércoles. Fue su manera de poner cara a esa maraña de porcentajes, cifras y conceptos presupuestarios.
El Ejecutivo andaluz está dispuesto a agotar todas las vías de diálogo posible, antes de que la decisión del órgano financiero se traduzca en un acuerdo del Consejo de Ministros y sea mucho más difícil dar marcha atrás. Rajoy y Griñán volvieron a hablar por teléfono este miércoles con la intención de mantener abiertos los canales de comunicación y de consenso. También lo hicieron el ministro de Hacienda y diputado del PP por Sevilla, Cristóbal Montoro, y la consejera Carmen Martínez Aguayo, quien se marchó airada del CPFF del lunes por lo que consideró un trato discriminatorio con Andalucía. Esta comunidad es una de las menos endeudadas —9,8% sobre PIB frente al 13,5% de la media estatal— y considera que se la penaliza respecto a las que tienen mayor endeudamiento.
La decisión de rebajar el margen de endeudamiento “agrava la situación financiera de Andalucía de manera arbitraria”, dijo ayer la consejera de la Presidencia, Susana Díaz. Andalucía tenía aprobada en mayo de este año una deuda del 15,1% del PIB que ahora disminuye al 13,2%, lo que se traducirá, si no se matiza, en un recorte del próximo Presupuesto de 2.735 millones, lo mismo que el tajo que se le ha dado a los Presupuestos autonómicos en vigor.
Pero a la espera de que fructifiquen o no estos contactos, el Gobierno andaluz, en una reunión extraordinaria, encargó ayer a los servicios jurídicos de la Junta que estudie todas las vías posibles, incluida la del Tribunal Constitucional y la contencioso-administrativa, para recurrir el límite de deuda impuesto “sin previo aviso ni notificación”. La decisión tiene mucho de escenografía porque ahora mismo no hay un texto legal que demandar, la autonomía financiera de las comunidades —salvo País Vasco y Navarra— es inexistente y todas tienen problemas de liquidez. Poco más puede hacer Andalucía salvo la de elevar el tono de protesta y recurrir todo lo que sea recurrible ante los tribunales, celebrar todos los Consejos de Gobierno y plenos parlamentarios extraordinarios que quiera pero su margen de maniobra en el terreno económico es nulo. Además, el Ejecutivo de la nación esgrime la ley de Estabilidad que, llevada al extremo, le permitiría intervenir a la comunidad.
En este contexto del derecho al pataleo se enmarca la petición del Gobierno de un pleno extraordinario antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes autonómicos que Rajoy tiene previsto convocar el septiembre, según le comunicó al presidente andaluz en la reunión que ambos mantuvieron el pasado lunes. En esta cita, Rajoy no avanzó ni una coma a Griñán de lo que presumiblemente sí comunicó menos de una hora después a los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP. Griñán ha evitado hablar de engaño y quiere creer que el presidente del Gobierno desconocía el impacto que la limitación de la deuda, unida a un control del déficit mucho más duro (del 0,7% del PIB) en 2013, iba a tener en Andalucía.
En el Gobierno andaluz no se ha abierto paso la idea que desde hace tiempo viene lanzado el vicepresidente de la Junta y coordinador de IU, Diego Valderas, de celebrar una consulta popular en Andalucía si hay una limitación de competencias. El Estatuto de Autonomía lo contempla aunque su autorización depende del Consejo de Ministros, por lo que se trata de otra escena de protesta más ante los brutales recortes.
Por otro lado, el secretario de Política Municipal del PSOE y exconsejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aseguró este jueves que el objetivo del Gobierno al aludir al artículo 155 de la Constitución , que contempla la intervención de las autonomías, era enviar una “amenaza velada” a Andalucía. Zarrías alertó sobre “ataque” a esta comunidad “por tierra, mar y aire” similar al vivido durante la etapa de José María Aznar en la Moncloa , informa Europa Press.
Zarrías acusó al Ejecutivo central de pretender “un golpe constitucional” por la vía “de los hechos” al Título VIII de la Constitución al ignorar el principio de cooperación leal y preferir “el principio de la intervención”.
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