El Partido Popular ha vuelto a dar la espalda a miles de personas con su voto en contra de los decretos para hacer frente a la crisis de la vivienda. En realidad, Feijóo no ha sorprendido a nadie. Desde el día en que no aceptó los resultados electorales y decidió convertir la oposición en un intento permanente de derribar al Gobierno, el PP ha votado en contra de las medidas sociales aprobadas para proteger a trabajadores y familias en momentos especialmente difíciles.
Esta vez tampoco ha sido diferente. Al PP no le ha parecido bien impedir el desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional, prorrogar alquileres o congelar precios. Tampoco poner límites a las compras indiscriminadas de viviendas por parte de los fondos buitre, combatir el uso fraudulento de los alquileres de temporada y por habitaciones o ampliar la oferta de vivienda asequible blindando el parque público.
Por lo tanto, los desahucios que haya a partir de ahora y cada subida del precio del alquiler caerán sobre la conciencia de los diputados y diputadas de la peor derecha de Europa. El debate en el Congreso de los Diputados ha dejado Con el aplauso de su bancada, Feijóo ha vuelto a hacer lo que se esperaba de él: votar en contra de los decretos y de los derechos sin importarle las consecuencias claro que existen dos maneras muy distintas de afrontar esta realidad. La del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha planteado proteger el derecho a la vivienda, y la de PP, Vox y Junts, que se han puesto del lado de quienes quieren hacer de la vivienda un negocio especulativo.
Con el aplauso de su bancada, Feijóo ha vuelto a hacer lo que se esperaba de él: votar en contra de los decretos y de los derechos sin importarle las consecuencias que esto tenga. Y en eso se parece bastante a Moreno Bonilla, que se ha olvidado de que el artículo 56 del Estatuto de Autonomía le atribuye las competencias en materia de vivienda, unas competencias de las que se ha desentendido durante sus ocho años de gobierno.
El presidente de la Junta no tiene ninguna excusa. El Gobierno andaluz ha dejado sin ejecutar 1.600 millones de euros de su propio presupuesto destinados a políticas de vivienda entre 2019 y 2025, mientras 110.000 personas permanecen inscritas como demandantes en los registros municipales y el importe de la vivienda sigue creciendo. El precio de votar no a los decretos planteados por el Gobierno de España es altísimo para una gran mayoría social, ya que afecta directamente a miles de familias y jóvenes que habían puesto todas sus esperanzas en unas medidas que no se van a poner en marcha. Que cada uno asuma sus responsabilidades a partir de ahora.
No hay comentarios:
Publicar un comentario