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ERE, 3ª sesión: siguen mudos

Isabel Morillo
Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

"Deseo colaborar con esta institución que representa al pueblo andaluz", "estoy aquí para esclarecer dudas", pero "me acojo a mi derecho a no declarar". En román paladino: no pienso decir ni mu. Ésta fue la introducción que hizo ayer el exdirector general de Trabajo de la Junta Daniel Rivera pero podría ser perfectamente atribuible a los ocho comparecientes que han pasado por la comisión de investigación de los ERE en el Parlamento andaluz en tres días de sesiones.

Daniel Rivera
El silencio sin excepción de los comparecientes, todos imputados en la supuesta trama que investiga un juzgado sevillano bajo la dirección de la magistrada Mercedes Alaya, está frustrando cualquier expectativa que se tuviera sobre esta comisión parlamentaria, la novena en el Parlamento andaluz, y supuestamente destinada a depurar responsabilidades políticas más allá del ámbito judicial. PP e IU aseguraron ayer que era un silencio "orquestado" y "concertado", acusando a los socialistas de haber urdido esa estrategia.

A pesar de que la intención declarada de todos los partidos era evitar un juicio paralelo a la instrucción judicial, el solapamiento de ambos procesos está siendo claro. Por consejo de sus abogados y bajo el pretexto de no querer perjudicarse en la vía penal, los ex altos cargos que han desfilado por la sala 1 del Parlamento han eludido dar cualquier tipo de explicaciones a la Cámara. Ayer secundaron ese silencio Juan Márquez y Daniel Rivera, ambos exresponsables de la dirección general de Trabajo y sucesores en este cargo del principal imputado, Francisco Javier Guerrero. Tampoco habló el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.
La diputada de IU, Alba Doblas, verbalizó ayer esa frustración al interpelar al exdirector general de Trabajo Márquez, a quien recriminó su falta de colaboración y recordó que con su silencio estaba dejando a la institución de la Junta "por los suelos". "Los andaluces tienen ya "muy poco aguante", avisó. El encontronazo se repitió con Barberá. "Es una tomadura de pelo", lamentó la portavoz de izquierdas.

Las sesiones parlamentarias se han convertido en una sucesión de preguntas sin respuestas lanzadas por PP e IU, que, para desesperación del PSOE, hacen un retrato aproximado de lo que, a su entender, ha podido ser la presunta trama. Para ello, los diputados acuden a lo que se ha podido saber del caso a través de los medios de comunicación y de las declaraciones de los imputados ante la jueza Alaya. En el caso del grupo popular, además, muchas de sus interpelaciones dejan constancia de que tienen un conocimiento exhaustivo del sumario, que aún es secreto pero al que tienen acceso como parte personada en la causa.
El papel de los socialistas es complicado y se les nota. Están incómodos. Han optado por no poner en un brete a los comparecientes, todos ex altos cargos o exdiputados socialistas, alegando su derecho constitucional a no declarar. No formulan oralmente sus cuestiones sino que las entregan por escrito e incluso apoyaron la petición, reiterada en varias ocasiones, de que el compareciente pudiera marcharse sin oír a los grupos. Se limitan a quejarse y pedir amparo ante preguntas que consideran que realizan "acusaciones falsas que manchan el nombre del PSOE". El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), lo tiene claro. Siempre está la posibilidad de que el compareciente conteste y lo niegue, alegó ayer, así que -de momento- no ha censurado ninguna cuestión.

Muchos de los comparecientes que han acudido al Parlamento han dejado claro al marcharse que la mayoría de las preguntas sin respuesta en la comisión habían sido respondidas en el interrogatorio en sede judicial. Eso ha llevado al presidente de la comisión a encargar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para analizar hasta qué punto en el transcurso de la comisión se están desvelando partes de ese sumario judicial bajo secreto aunque accesible a las partes personadas en el caso. "Tengo la sensación de que algunas de las preguntas formuladas en esta comisión se podrían corresponder con un posible conocimiento del sumario que no tenemos todos los grupos políticos", advirtió el diputado de IU, que evitó en todo momento referirse directamente al PP. "No sería correcto", añadió. El informe jurídico encargado, alegó, es "una garantía de los derechos de los imputados y de la verdad". García consideró que podría haber "amputaciones interesadas" del sumario judicial.
García (IU), que a lo largo de estas tres jornadas de trabajo ha protagonizado por igual rifirrafes verbales con PP y PSOE, admitió ayer "desilusión" por cómo estaban transcurriendo los trabajos de la comisión y habló de falta de "eficacia". Pero el derecho de los comparecientes a no responder, insistió, es "inviolable". García reclamó "autocontrol" y "sensatez" a los parlamentarios y recordó a sus señorías que las comisiones son abiertas y se pueden seguir a través de internet por los ciudadanos. "Un espectáculo sería lo que le faltaría a los representantes públicos", añadió.

El día de hoy podría marcar un punto de inflexión en la, hasta ahora, estéril comisión de los ERE. Por vez primera se sientan responsables políticos del primer nivel que, pese a su aparentemente estrecha relación con el caso, no han sido imputados. Es el caso del diputado socialista José Antonio Viera, que fue consejero de Empleo desde 2000 a 2004. El exdirigente del PSOE de Sevilla por su condición de aforado como diputado nacional obligaría a llevar el caso al Supremo. De ahí, presumen la mayoría de abogados que participan en la instrucción, la decisión de la magistrada Alaya de no imputarlo. Ante el Parlamento, todos los grupos políticos, incluso el PSOE, dejaron claro ayer que sería inconcebible que no respondiera a las preguntas.

Fuentes socialistas dieron por hecho que el exlíder del PSOE sevillano sí contestará, si bien señalaron que no han tenido contacto con él ni conocen de primera mano sus planteamientos. La salida de Viera de la dirección socialista fue de lo más virulenta y abrió una enorme brecha con la actual cúpula del partido. Los socialistas advirtieron ayer de que sí formularán preguntas a todos los comparecientes no imputados.
Hoy está igualmente prevista la comparecencia del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que ha pasado cuatro meses en prisión y salió hace días tras abonar 450.000 euros de fianza.

Daniel Rivera

El último director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Daniel Rivera, que se mantuvo en su cargo hasta el pasado mes de junio, compareció ayer ante la comisión de investigación de los ERE en el Parlamento y tampoco ha respondido a las preguntas de los grupos políticos. El PP le ha reprochado que a pesar de haber sido alto cargo "hasta antes de ayer" se niegue a colaborar con la investigación abierta en la Cámara andaluza.

Rivera, imputado por la jueza Mercedes Alaya por supuestamente haber pagado algunas de las pólizas a pesar de conocer que eran irregulares y sobre quien la Guardia Civil sostiene que "sacó documentación comprometida" de los expedientes, ha asegurado que su "responsabilidad política" reside en que ejerció "una confianza en personas subordinadas mías que quebraron esa confianza".

El único alto cargo directamente nombrado por un Gobierno de José Antonio Griñán que está implicado en la trama llegó a la Consejería de Empleo con Manuel Recio en 2010. Ha defendido que no es "merecedor de esta situación" y ha sostenido que fue él quien "mejoró los procedimientos" para evitar las irregularidades administrativas y el descontrol en la fiscalización de los fondos públicos. Igualmente ha asegurado que colaboró en todo momento con la Justicia. "No hay ni un solo intruso o prejubilado en el que se den discordancias administrativas que no haya sido descubierto por parte de mi Dirección General y mi Consejería", ha dicho.

"Fui el primero en denunciar ante el juzgado las posibles irregularidades cometidas", apostilló. Para despedirse recordó que hay "alcaldes condenados que siguen ejerciendo de alcaldes en un pueblo de Málaga", señaló en relación al regidor del PP en Alhaurín de la Torre.

Durante el interrogatorio al que fue sometido por parte del PP, el exdirector general de Trabajo dijo estar "alucinado" por las acusaciones vertidas aunque evitó dar explicaciones que pudieran aclarar su papel en la supuesta trama.

El diputado popular Rafael Carmona exigió que explicara cuál considera que es su "responsabilidad política" -el propio Rivera declaró ante la jueza Alaya no tener responsabilidad penal sino política-y por qué supuestamente siguió abonando ayudas fuera de los procedimientos legales.

Desde IU, Alba Doblas insistió en preguntarle por qué siguió ordenando pagos de ayudas autorizadas en la etapa anterior a su llegada y le reclamó que contara lo ocurrido el fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2011, cuando supuestamente reunió a su equipo en la Consejería para revisar todos los expedientes. "¿Trató usted de tapar las irregularidades?", le inquirió. Rivera no contestó.

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