José Luis Sánchez Teruel
Secretario General del PSOE de Almería
Cuando uno va cuesta bajo y sin frenos, es normal que el que pueda se tire del carro antes de darse el porrazo y eso es lo que le está ocurriendo al PP tras nueve meses de gobierno de Rajoy. El PP empieza a tener tantos líos dentro de su partido, en el Gobierno, entre sus militantes y con quienes les votaron, que si no fuese porque han pasado sólo nueve meses desde que Rajoy llegó a la Moncloa, todo haría indicar que nos encontramos en el final de la legislatura; en el fin de ciclo de un nefasto gobierno que ha sido incapaz de articular un mínimo de coherencia entre sus promesas y sus acciones o de poner sentido común en la gestión de un país en el que todo ha ido a peor, o a mucho peor en estos meses.
Una encuesta publicada recientemente indicaba que la mitad de quienes votaron a Rajoy afirman ahora que ya no le votarían. Y 6 de cada 10 de las personas que votaron al PP, dicen que ya no se fían de Rajoy. La tremenda decepción de la sociedad española, sin embargo, no sólo se ha quedado en el ciudadano de a pié sino que se ha infiltrado en los cimientos de muchos dirigentes populares que al grito de “sálvese quien pueda” se alejan despavoridos del lado de Rajoy.
Le ha pasado a Feijóo, que amablemente “declinó” hacerse la foto con Rajoy en el acto de proclamación de su candidatura a la reelección como presidente de los gallegos. Y para poner tierra de por medio – que no quedara ninguna duda de que él no tiene nada que ver con Rajoy- dijo que “los gallegos saben distinguir entre lo que hace el Gobierno central y lo que he hecho yo”. Toda una declaración de intenciones a la que se ha sumado el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, quien se ha amotinado contra la subida del IVA de Rajoy a la cultura, calificando la medida de “grave error”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, absolutamente entregada al proyecto Eurovegas, tampoco se ha quedado atrás a la hora de realizar propuestas que comprometen a su partido y al Gobierno al afirmar que cambiaría cuantas leyes sean necesarias, incluida la Ley Antitabaco, para no ponerle ni una sola pega al complejo de casinos, algo que sus compañeros – entre ellos la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal - han corrido a desmentir. Por último, el ex ministro Jaime Mayor Oreja también le ha plantado cara a la dirección de su partido y al propio Gobierno en el debate sobre la puesta en libertad del preso etarra Bolinaga, con duras acusaciones desde uno y otro bando, desde una y otra familia del PP.
En el escenario provincial, al Partido Popular también le ha salido su particular versión de la contradicción en Balanegra. A su alcaldesa, Mercedes Tapia, la hemos visto estos días manifestándose contra la eliminación de las Entidades Locales que su partido quiere llevar a cabo y que en nuestra provincia acabaría con la autonomía local de la que gozan tanto esta localidad de Berja como Fuente Victoria en Fondón.
La justificación que ofrece el Gobierno de la Nación para suprimir las entidades locales menores no deja de constituir un argumento zafio que no cumple con el objetivo de reducción del déficit público que pretende. La eliminación de esta administración no supondría ningún beneficio para las cuentas públicas, puesto que los recursos económicos de estas entidades se reciben del municipio matriz, en base a la participación de ingresos del Estado. Este caso, como los anteriores, pone sobre la mesa de forma clara el desquicie político al que se enfrenta la derecha española. Aquí y en Madrid, en Extremadura o Galicia el PP se posiciona contra el PP. ¿Pero quién paga la factura de todo esto? Evidentemente, los ciudadanos, que a nadie le quede la menor duda
Una encuesta publicada recientemente indicaba que la mitad de quienes votaron a Rajoy afirman ahora que ya no le votarían. Y 6 de cada 10 de las personas que votaron al PP, dicen que ya no se fían de Rajoy. La tremenda decepción de la sociedad española, sin embargo, no sólo se ha quedado en el ciudadano de a pié sino que se ha infiltrado en los cimientos de muchos dirigentes populares que al grito de “sálvese quien pueda” se alejan despavoridos del lado de Rajoy.
Le ha pasado a Feijóo, que amablemente “declinó” hacerse la foto con Rajoy en el acto de proclamación de su candidatura a la reelección como presidente de los gallegos. Y para poner tierra de por medio – que no quedara ninguna duda de que él no tiene nada que ver con Rajoy- dijo que “los gallegos saben distinguir entre lo que hace el Gobierno central y lo que he hecho yo”. Toda una declaración de intenciones a la que se ha sumado el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, quien se ha amotinado contra la subida del IVA de Rajoy a la cultura, calificando la medida de “grave error”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, absolutamente entregada al proyecto Eurovegas, tampoco se ha quedado atrás a la hora de realizar propuestas que comprometen a su partido y al Gobierno al afirmar que cambiaría cuantas leyes sean necesarias, incluida la Ley Antitabaco, para no ponerle ni una sola pega al complejo de casinos, algo que sus compañeros – entre ellos la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal - han corrido a desmentir. Por último, el ex ministro Jaime Mayor Oreja también le ha plantado cara a la dirección de su partido y al propio Gobierno en el debate sobre la puesta en libertad del preso etarra Bolinaga, con duras acusaciones desde uno y otro bando, desde una y otra familia del PP.
En el escenario provincial, al Partido Popular también le ha salido su particular versión de la contradicción en Balanegra. A su alcaldesa, Mercedes Tapia, la hemos visto estos días manifestándose contra la eliminación de las Entidades Locales que su partido quiere llevar a cabo y que en nuestra provincia acabaría con la autonomía local de la que gozan tanto esta localidad de Berja como Fuente Victoria en Fondón.
La justificación que ofrece el Gobierno de la Nación para suprimir las entidades locales menores no deja de constituir un argumento zafio que no cumple con el objetivo de reducción del déficit público que pretende. La eliminación de esta administración no supondría ningún beneficio para las cuentas públicas, puesto que los recursos económicos de estas entidades se reciben del municipio matriz, en base a la participación de ingresos del Estado. Este caso, como los anteriores, pone sobre la mesa de forma clara el desquicie político al que se enfrenta la derecha española. Aquí y en Madrid, en Extremadura o Galicia el PP se posiciona contra el PP. ¿Pero quién paga la factura de todo esto? Evidentemente, los ciudadanos, que a nadie le quede la menor duda
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