Andrés García Lorca
Profesor de la UAL
Una de las reformas emprendidas por Italia para reducir el gasto público, constituye un magnífico referente para España; me refiero a la supresión y concentración de entidades territoriales como los municipios. La organización territorial en España es insostenible, cierto es que optamos por un modelo de estado basado en las comunidades autónomas, que las provincias están prácticamente vacías de contenido, pero los municipios que mantienen intactas todas sus competencias territoriales, no gozan de un soporte presupuestario adecuado, que en muchos casos además de estar pésimamente gestionados, comportan una estructura presupuestaria aberrante, sobretodo en el capítulo de personal, que los hace insostenibles económicamente.
Si observamos algunos datos podemos comprender la magnitud de la realidad. En España hay actualmente 8.114 municipios, de los cuales hay 4.863 con una población inferior a 1.000 habitantes y de ellos 3.802 con menos de 500 habitantes. Lógicamente la estructura administrativa es muy variable, pero siempre cuentan con un secretario, administrativos, policías locales y en ciertos casos, con algún enchufado que otro para cuestiones varias. Pero la realidad objetiva es la siguiente, según datos del Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía, los mas recientes son de 2009, en un municipio como Roquetas de Mar con 85.000 habitantes, los gastos por ciudadano son de 1.035€, mientras que otro municipio, caso de Benitagla con 84 vecinos, los gastos por cabeza son de 3.791€. Incluso los gastos de Roquetas podrían reducirse si se fusionase con otros municipios como La Mojonera.
Las reformas de la estructura territorial son necesarias en un estado, toda vez que los tiempos traen nuevos desarrollos técnicos y grandes transformaciones territoriales. El mapa municipal de poblamiento, comunicaciones y usos del suelo de Almería, no es el mismo que el de hace 50 años. Los criterios de organización territorial han cambiado y con ello su estructura, de ahí la necesidad de un nuevo orden territorial mas eficiente y adecuado a la nueva estructura de organización del Estado. Las soluciones son muy claras, o se opta por un nuevo modelo territorial, que en el caso de Andalucía podrían ser unidades funcionales supramunicipales, constituidas por agrupaciones de municipios o que las Diputaciones aseguren las prestaciones de servicios, prescindiendo previamente de las estructuras actuales municipales en los pequeños municipios. La experiencia de funcionamiento de las Diputaciones aconseja optar por la primera propuesta, en cuyo caso la continuidad de la institución provincial es cuestionable.
Si observamos algunos datos podemos comprender la magnitud de la realidad. En España hay actualmente 8.114 municipios, de los cuales hay 4.863 con una población inferior a 1.000 habitantes y de ellos 3.802 con menos de 500 habitantes. Lógicamente la estructura administrativa es muy variable, pero siempre cuentan con un secretario, administrativos, policías locales y en ciertos casos, con algún enchufado que otro para cuestiones varias. Pero la realidad objetiva es la siguiente, según datos del Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía, los mas recientes son de 2009, en un municipio como Roquetas de Mar con 85.000 habitantes, los gastos por ciudadano son de 1.035€, mientras que otro municipio, caso de Benitagla con 84 vecinos, los gastos por cabeza son de 3.791€. Incluso los gastos de Roquetas podrían reducirse si se fusionase con otros municipios como La Mojonera.
Las reformas de la estructura territorial son necesarias en un estado, toda vez que los tiempos traen nuevos desarrollos técnicos y grandes transformaciones territoriales. El mapa municipal de poblamiento, comunicaciones y usos del suelo de Almería, no es el mismo que el de hace 50 años. Los criterios de organización territorial han cambiado y con ello su estructura, de ahí la necesidad de un nuevo orden territorial mas eficiente y adecuado a la nueva estructura de organización del Estado. Las soluciones son muy claras, o se opta por un nuevo modelo territorial, que en el caso de Andalucía podrían ser unidades funcionales supramunicipales, constituidas por agrupaciones de municipios o que las Diputaciones aseguren las prestaciones de servicios, prescindiendo previamente de las estructuras actuales municipales en los pequeños municipios. La experiencia de funcionamiento de las Diputaciones aconseja optar por la primera propuesta, en cuyo caso la continuidad de la institución provincial es cuestionable.
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