Iván Gómez
Periodista
La crisis económica ya no respeta ni la Ley de Santa Rita. La delicada situación financiera que vienen atravesando los ayuntamientos de la provincia en los últimos años se agravará más en los siguientes por las erróneas previsiones del Gobierno sobre la participación en los impuestos. Los principales prestadores de servicios públicos a sus vecinos tendrán que ajustar todavía más sus cuentas debido a la liquidación negativa de 2009 publicada por el Ministerio de Economía y Hacienda. La deuda corresponde al desplome de los ingresos tributarios y a la caída del consumo. Es decir, existe un descuadre fiscal millonario entre lo adelantado por el Gobierno a los municipios de la provincia en base siempre a la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) y lo que finalmente tienen derecho a percibir.
El Ayuntamiento de Almería tendrá que devolver a las arcas de todos los españoles la friolera de casi doce millones de euros, que es la parte correspondiente a los anticipos mal calculados de 2009 y que suman un importe de 1.500 millones de euros en todo el país. El jarro de agua fría es todavía más preocupante en el caso de la Diputación Provincial. La deuda con el Estado asciende a más de 26 millones de euros, limitando y mucho su capacidad de maniobra e inversiones. Otros municipios como El Ejido, Níjar y Huércal de Almería, que atraviesan una dura situación financiera, también tendrán que afrontar en los cinco próximos años el abono de 5,3, 1,3 y 1,05 millones de euros. Por su parte, el consistorio roquetero deberá reingresar en las arcas del Estado 5,2 millones de euros en un ajuste de cuentas que supone un auténtico varapalo para los maltrechos ayuntamientos, con el agua al cuello, que no dejan de batallar por un nuevo modelo de financiación local que equilibre los recursos y las competencias de las administraciones más útiles y cercanas a los ciudadanos. Sólo un consistorio, el de Alcolea, va a ingresar más dinero del que ya ha recibido (3.589 euros).
La liquidación negativa es una realidad que afecta a todos los ayuntamientos y comunidades autónomas. Antes de la crisis, lo habitual era que las previsiones del Ministerio de Economía se quedarán cortas y a lo aportado se sumara otro tanto a la hora de saldar cuentas. Sin embargo, el cambio radical de la situación ha provocado una mayor carga para los consistorios, como ya ocurrió con la anterior liquidación de 2008. Desde el PP se ha culpado al Gobierno de la mala previsión de ingresos y se ha criticado que en lugar de haber gastado 13.000 millones en los planes estatales de empleo los hubieran destinado a compensar a todos los pueblos por la bajada de las liquidaciones.
El Ayuntamiento de Almería tendrá que devolver a las arcas de todos los españoles la friolera de casi doce millones de euros, que es la parte correspondiente a los anticipos mal calculados de 2009 y que suman un importe de 1.500 millones de euros en todo el país. El jarro de agua fría es todavía más preocupante en el caso de la Diputación Provincial. La deuda con el Estado asciende a más de 26 millones de euros, limitando y mucho su capacidad de maniobra e inversiones. Otros municipios como El Ejido, Níjar y Huércal de Almería, que atraviesan una dura situación financiera, también tendrán que afrontar en los cinco próximos años el abono de 5,3, 1,3 y 1,05 millones de euros. Por su parte, el consistorio roquetero deberá reingresar en las arcas del Estado 5,2 millones de euros en un ajuste de cuentas que supone un auténtico varapalo para los maltrechos ayuntamientos, con el agua al cuello, que no dejan de batallar por un nuevo modelo de financiación local que equilibre los recursos y las competencias de las administraciones más útiles y cercanas a los ciudadanos. Sólo un consistorio, el de Alcolea, va a ingresar más dinero del que ya ha recibido (3.589 euros).
La liquidación negativa es una realidad que afecta a todos los ayuntamientos y comunidades autónomas. Antes de la crisis, lo habitual era que las previsiones del Ministerio de Economía se quedarán cortas y a lo aportado se sumara otro tanto a la hora de saldar cuentas. Sin embargo, el cambio radical de la situación ha provocado una mayor carga para los consistorios, como ya ocurrió con la anterior liquidación de 2008. Desde el PP se ha culpado al Gobierno de la mala previsión de ingresos y se ha criticado que en lugar de haber gastado 13.000 millones en los planes estatales de empleo los hubieran destinado a compensar a todos los pueblos por la bajada de las liquidaciones.
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