Ciudad Digital, la historia interminable

Alicia Cifuentes Salazar

Miembro del GT Almería. UPyD, Agrupación Local de Almería

A pesar de los intentos reiterados del Ayuntamiento de Almería por hacer borrón y cuenta nueva respecto al malogrado proyecto de la Ciudad Digital, y la confianza en que el paso del tiempo y otras circunstancias hicieran caer el asunto en el olvido, lo cierto es que la cuestión, lejos de solucionarse, no deja de cernirse como una constante nube negra que oscurece la gestión de la corporación local.

Ciudad Digital

Para comprender las dimensiones del caso conviene hacer memoria y remontarse, nada menos, que a 2004, cuando surgió como “proyecto estrella” diseñado para dotar de servicios digitalizados a la capital con motivo de los Juegos Mediterráneos. En su momento, puesto que ya estaban en marcha las obras destinadas al evento deportivo, sorprendió que, casi por vía de urgencia y sin concurso público, se creara este servicio y se adjudicara a la empresa Telvent-Inabensa, (de la que, curiosamente, había partido la propuesta), adjudicación que implicaba la concesión durante un plazo de veinte años de prestación de los servicios de telecomunicaciones en la capital. Este hecho no pasó inadvertido y provocó en su momento algunas críticas y la denuncia de parte de la prensa.

Sin embargo, esa relación idílica entre el consistorio y la empresa no iba a durar para siempre, ni siquiera los veinte años a los que se habían comprometido por contrato. Las amorosas palabras del alcalde de la época, que sigue siendo el actual, (“los servicios de Telvent  nos conducirán a la perfecta ciudad del siglo XXI”), no tardaron ni seis años en convertirse en una entonación de mea culpa: “no tengo inconveniente en pedir perdón…”, decía en ese momento, reconociendo el fracaso de la concesión realizada a la empresa.

El problema es que pedir perdón sin más (y mucho menos sin dar las correspondientes explicaciones), es decir, sin asumir algún tipo de responsabilidad, no es suficiente. De hecho el oscurantismo que ha habido durante todos estos años respecto al asunto es el que ha provocado la situación actual. Para no extendernos mucho, ante “el  incumplimiento de las obligaciones contractuales y el abandono temporal de la concesión por parte de Telvent” en palabras textuales del consistorio, se aprueba la resolución del contrato de concesión. Esta solución, conlleva el abono a la concesionaria de 5.083.445,93 euros, en concepto de inversión e intereses de demora. Ante lo que puede en principio parecer un tema zanjado, sin embargo, no tarda en surgir la reacción de la empresa: un recurso de reposición ante el contencioso en el que asegura haber ejecutado el 90% del contrato, frente al 52% que reconoce el ayuntamiento, y por el que reclama 20 millones, aparte de no acatar la orden de desalojo de las instalaciones y la entrega de bienes muebles y material. Es decir, por si no eran ya suficientes los más de 5 millones de euros que iba a costar la ineficacia de unos y otros, ahora nos encontramos ante un procedimiento judicial que podría costar varios millones más al erario público.

Con todo,  parece que el ayuntamiento ya ha encontrado la solución para evitar que Almería continúe siendo una de las ciudades españolas más atrasadas en servicios digitales. Hace unos días ha adjudicado a otra empresa, Guadaltel SA, la puesta en marcha de una plataforma eléctrónica que, según la edil de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, Ana Martínez Labella, “posibilitará al ciudadano efectuar desde su casa hasta un total de 52 gestiones administrativas”. Eso sí, con un coste añadido de 116.999 euros.

Y es que la cuestión no es, como ha querido plantear la concejala del área, que esta nueva adjudicación supone un ahorro a las arcas públicas en comparación con el proyecto de la Ciudad Digital. El hecho es que una mala decisión política cuesta mucho más dinero a los presupuestos municipales y no deja de ser una actuación errada que continúa poniendo distancia entre la política y el ciudadano.

Veremos si el gobierno local es capaz por fin, nueve años después, de poner en marcha una administración municipal electrónica que pueda proporcionar un verdadero servicio público. Barata, desde luego, no ha sido.