Cara y cruz de la destrucción del litoral

Iván Gómez

Jefe de Local de Diario de Almería

Cuando todas las miradas siguen puestas en el hotel ilegalmente construido en el paraje del Algarrobico del municipio de Carboneras, todo un símbolo de la destrucción del litoral para las organizaciones conservacionistas, el colectivo ecologista Greenpeace añadió ayer sorpresivamente a su lista negra otra localidad almeriense en la presentación de su informe anual Destrucción a Toda Costa (DTC). Vera se ha colado por méritos propios entre los diez municipios españoles que más han destruido su franja litoral en los últimos veinte años, tal y como recoge el análisis de los ecologistas, con un crecimiento urbanístico del litoral del 181% entre 1987 y 2005, sólo superado en Andalucía por Chiclana de la Frontera (222%). 

Manifestación en defensa del Cabo de Gata

Según los datos de Greenpeace, Vera merece el nocivo galardón porque, a pesar de ser una de las zonas de mayor riesgo de inundación de toda la provincia con las consiguientes catástrofes que conlleva la falta de medidas de prevención, ha favorecido que tres cuartas partes de sus primeros 500 metros de costa hayan sido urbanizados, principalmente durante los años de la burbuja inmobiliaria. Su superficie urbanizada se ha multiplicado por tres y presenta una de las mayores tasas de crecimiento del país con un incremento anual del 2,7% de la superficie artificial. De ahí que la organización conservacionista sitúe a este municipio almeriense referente del turismo naturista entre los que más han maltratado a la franja costera y la previsión sea que de seguir con esta tendencia para 2020 ocupe una vez y media más la superficie actual disponible. Es decir, en cuestión de años no habrá más costa en la que construir porque estará completamente entregada al ladrillo.

Mientras que Vera aparece en el ‘top ten’ de la destrucción en este análisis del litoral a escala municipal, Níjar se ha ganado estar entre los que ofrecen una mayor protección. A pesar de los litigios y protestas que venido desarrollando contra los proyectos de residenciales y  hoteles en el entorno del parque natural, el informe considera que ya se ha garantizado la protección del 100% de la franja de los primeros 500 metros de costa. Lógicamente la figura de protección ha sido determinante ante los continuos ataques de la especulación a sus 2.387 hectáreas.

Cara y cruz

Un 22% de los 500 primeros metros de litoral almeriense ya están ocupados, siendo una cifra muy inferior a la registrada en otras provincias como Málaga que alcanza el 67% o Alicante con el 59%. No obstante, el incremento de la urbanización del litoral en la provincia entre 1987 y 2005 ha sido del 39%, uno de los índices más altos del país y la organización conservacionista alerta de las amenazas que tiene por delante Las Salinas de Cabo de Gata. En el listado de los municipios menos urbanizados también aparecen junto a Níjar, los de Berja y Cuevas del Almanzora.

Greenpeace cifra en torno a 140 millones de euros el gasto público por la mala gestión del litoral en nuestro país y asegura en su documento que los primeros 500 metros de franja costera han sido destruidos a una velocidad de dos hectáreas diarias entre los años 1987 y 2005. Según datos de la organización ecologista, un 23% del litoral está urbanizado, aumentando hasta el 43% en la vertiente mediterránea.

Paseo Marítimo de Vera

Entre los municipios que más han dañado la costa aparecen, junto a Vera, Calpe (Alicante), Calviá (Mallorca), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona), Cullera (Valencia), Los Alcázares (Murcia), Marbella (Málaga), Mogán (Gran Canaria), Oliva (Valencia), Oropesa (Castellón), Pilar de la Horadada (Alicante), Puerto del Rosario (Fuerteventura), Rota (Cádiz), Sagunto (Valencia), San Roque (Cádiz), Sant Lluís (Menorca), Sanxenxo (Pontevedra), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), Telde (Gran Canaria), Torredembarra (Tarragona), Torrevieja (Alicante), Vinarós (Castellón) y Zierbena (Vizcaya).

Su informe es también un alegato contra la nueva Ley de Costas, aprobada en el Congreso de los Diputados el 9 de mayo cuando la anterior cumplía 25 años, porque entienden que generará más inseguridad jurídica y la privatización del litoral. La costa es un bien común a preservar, antes de que sea demasiado tarde.