Eugenio Narbaiza
Periodista
Hoy, he visto en un informativo de una televisión de ámbito nacional que Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor transparencia económica. Entre los numerosos datos que nos da esta compañía de carácter privado, y que bajo la denominación de Transparencia Internacional nos quiere dar un ranking sobre el nivel de información que las administraciones públicas ofrecen al ciudadano en el gasto público, nos encontramos con el dato curioso de que el ayuntamiento de El Ejido es uno de las corporaciones evaluadas con un índice de transparencia global de un 89 %. Esto, en principio, nos podría parecer un buen dato e incluso alegrarnos de que una corporación de nuestra provincia estuviera en un lugar tan estimable, teniendo en cuenta que ocupa el puesto 70 de un total de 110 ayuntamientos evaluados, pero ¿cuál es el problema? Que el análisis realizado por esta institución se centra en el año 2009, fecha curiosamente coincidente con el estallido de la Operación Poniente, con lo que indudablemente, deja sin efecto esta situación de ejercicio de la transparencia económica por parte de esta corporación y nos puede hacer que dudemos de la credibilidad de dicho informe.
Desde el punto de vista ciudadano, cuando nos llegan noticias de este tipo, nos tenemos que preguntar sobre si realmente estamos siendo engañados por empresas con una parafernalia de una cierta seriedad institucional o si algunas instituciones de este tipo se dedican a avalar lo que sea por dinero, hecho éste que ha denunciado el alcalde de Almería al justificar que la coporación de la capital no ha participado en esta evaluación, al solicitarles dinero por parte de esta empresa para someterse a dicho examen de transparencia.
También resulta curioso que sea precisamente la comunidad autónoma de Andalucía una de las más transparentes de la geografía española, cuando el cumplimiento de sus presupuestos en determinados capítulos puede ser no ya dudoso sino en muchas ocasiones falto de credibilidad, por la actuación políticamente discriminatoria por parte de sus dirigentes, para lo cual, basta con comprobar toda su actuación con el caso de El Ejido, en donde desde el punto de vista económico como político las actuaciones del ente autónomo resultan incomprensibles y a veces preocupantes para los ciudadanos.
Precisamente resulta incomprensible cómo desde la Junta de Andalucía no se hace nada para garantizar que los trabajadores de Elsur cobren las nóminas tal y como debería de ser y que permita que desde hace meses sea necesario que emprendan una huelga o acciones reivindicativas para cobrar sus salarios, hasta el punto de que, según nos han comentado, en los próximos dás se va a presentar un SERCLA ante los organismos competentes para intentar resolver el problema, puesto que el nivel de desconfianza que tienen los mismos hacia las intituciones públicas ya es irrecuperable.
La política precisa de transparencia, pero si la transparencia que se nos vende a los ciudadanos es como la que nos ofrece este ranking en donde El Ejido y la comunidad autónoma andaluza son un vergel de virtudes en este capítulo, es como para bajarse del carro, porque la cuestión no es solo que se nos está engañando de una manera absoluta, sino que se nos toma por tontos. Porque, díganme ustedes, queridos lectores, si es comprensible que un ayuntamiento en el que el alcalde y el interventor son imputados por cinco graves delitos puede aparecer en un ranking en donde precisamente se evalúa la buena gestión económica y se premia el nivel de información sobre la gestión económica realizada.
Desde el punto de vista ciudadano, cuando nos llegan noticias de este tipo, nos tenemos que preguntar sobre si realmente estamos siendo engañados por empresas con una parafernalia de una cierta seriedad institucional o si algunas instituciones de este tipo se dedican a avalar lo que sea por dinero, hecho éste que ha denunciado el alcalde de Almería al justificar que la coporación de la capital no ha participado en esta evaluación, al solicitarles dinero por parte de esta empresa para someterse a dicho examen de transparencia.
También resulta curioso que sea precisamente la comunidad autónoma de Andalucía una de las más transparentes de la geografía española, cuando el cumplimiento de sus presupuestos en determinados capítulos puede ser no ya dudoso sino en muchas ocasiones falto de credibilidad, por la actuación políticamente discriminatoria por parte de sus dirigentes, para lo cual, basta con comprobar toda su actuación con el caso de El Ejido, en donde desde el punto de vista económico como político las actuaciones del ente autónomo resultan incomprensibles y a veces preocupantes para los ciudadanos.
Precisamente resulta incomprensible cómo desde la Junta de Andalucía no se hace nada para garantizar que los trabajadores de Elsur cobren las nóminas tal y como debería de ser y que permita que desde hace meses sea necesario que emprendan una huelga o acciones reivindicativas para cobrar sus salarios, hasta el punto de que, según nos han comentado, en los próximos dás se va a presentar un SERCLA ante los organismos competentes para intentar resolver el problema, puesto que el nivel de desconfianza que tienen los mismos hacia las intituciones públicas ya es irrecuperable.
La política precisa de transparencia, pero si la transparencia que se nos vende a los ciudadanos es como la que nos ofrece este ranking en donde El Ejido y la comunidad autónoma andaluza son un vergel de virtudes en este capítulo, es como para bajarse del carro, porque la cuestión no es solo que se nos está engañando de una manera absoluta, sino que se nos toma por tontos. Porque, díganme ustedes, queridos lectores, si es comprensible que un ayuntamiento en el que el alcalde y el interventor son imputados por cinco graves delitos puede aparecer en un ranking en donde precisamente se evalúa la buena gestión económica y se premia el nivel de información sobre la gestión económica realizada.
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