Rectificación formal

Antonio Hernández Rodicio

Director de El Correo de Andalucía

Al gobierno andaluz le ha sobrado ingenuidad o le ha faltado perspicacia política. Era imposible que una reordenación del sector público se hiciera por decreto ley sin mayores tropiezos. 20.000 contratados de las 254 empresas públicas, casi 2.000 funcionarios y 1.500 laborales se ven inmersos en este proceso. Demasiada gente como para pretender la pax funcionaria. Eso sin contar con la manipulación informativa sobre el contenido del decreto y la golosa utilización partidista y sindical del mismo. Ni los 20.000 contratados serán funcionarios, ni son 20.000 enchufados con carné del PSOE ni peligra el puesto de empleo de ningún funcionario ni la prevalencia de su categoría como autoridad pública.

Acierta al rectificar. El nuevo decreto que incluye los acuerdos alcanzados con UGT y CCOO, mayoritarios en la Mesa de la Función Pública, se tramitará vía parlamento, pero el decreto original sigue su curso y entrará en vigor el uno de enero. Es, por lo tanto, una rectificación más formal que de fondo. Porque en el fondo de la cuestión subyace la necesidad de ordenar el sector público para evitar que los tribunales sigan tumbando decisiones adoptadas en flagrante vadeo del derecho administrativo. Al margen, estamos ante una búsqueda de la eficacia de lo público y la austeridad tan demandada por todos. Cosa distinta es plantearse si políticamente le convenía al PSOE meterse en este berengenal con dos procesos electorales cruciales a las puertas.

Ahora en el Parlamento podremos saber cuáles son las alternativas de los grupos políticos. Y quizás sea posible que el CSIF permita que el gobierno andaluz pueda celebrar sus actos institucionales con cierta normalidad. Su actitud pisa la delgada línea de la frontera que separa el derecho democrático a la protesta con el derecho de las instituciones a celebrar actos y explicar sus programas, proyectos y propuestas a los ciudadanos sin ser permanentemente boicoteados. Sin olvidar que en el transcurso de estas protestas se está desatando una violencia que afecta por igual a políticos, sindicalistas de UGT y COOO como a periodistas. Un totum revolutum muy peligroso y de cuyas consecuencias nadie querrá responsabilizarse.

(Publicado en el blog Agua Tapá)