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La corrupción en Almería, pueblo a pueblo

Iván Gómez
Redactor-Jefe de Diario de Almería

Suma y sigue. El desfile de alcaldes, concejales y excargos públicos de los ayuntamientos de la provincia es una estampa ya casi habitual en el día a día de los juzgados almerienses. Almería vive un goteo incesante de declaraciones, vistas y sentencias en los tribunales en los que los políticos son protagonistas que, lejos de frenarse por la crisis, se ha incrementado como uno de los efectos derivados de la burbuja inmobiliaria que estallara años atrás. La mayoría de los pleitos que hoy entran en recta final de condenas y absoluciones son precisamente los relativos a los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio cometidos cuando más apretaba la fiebre del ladrillo.

Pueblo a pueblo

JUNTA DE ANDALUCÍA. Sigue pendiente de juicio el caso de los cheques de la Delegación de Medio Ambiente. El actual delegado, José Manuel Ortiz, denunció que se habían sacado más de 300.000 euros de las cuentas públicas a través de talones al portador y la Audiencia Provincial decidirá en junio de 2015 si mantiene el procesamiento del exdelegado socialista Clemente García y el funcionario Miguel Gallardo. Mientras tanto, la jueza Alaya mantiene el embargo e imputación del exconsejero almeriense Martín Soler por el caso ERE y se investiga el fraude en cursos de formación en Almería.

DIPUTACIÓN. El vaciado de más de medio millón de euros de las arcas del Patronato Provincial de Turismo a través de facturas falsas mantiene implicados al exvicepresidente de la Diputación, Luis Pérez, a la exsecretaria y jefa del Servicio, María Teresa González, así como a personas con las que mantenían estrechos vínculos y responsables de una decena de empresas por el ordeñamiento de las arcas públicas.

Corrupción
1. ADRA. Luis Pérez, era portavoz del PSOE hasta que renunció a su acta a principios de agosto de 2013 al estar implicado en el caso de las facturas falsas de la Diputación.

2. BERJA (Y BALANEGRA). Un juez de Berja decidió incoar diligencias previas contra el alcalde, Antonio Torres, y la alcaldesa de la Entidad Local (ELA) de Balanegra, Mercedes Tapia, al considerar que pudo haber indicios de delito en la construcción en 2009 de un espigón que fue demolido apenas cuatro meses después al haberse ejecutado en zona de dominio público marítimo-terrestre sin la preceptiva autorización. Otro caso salpicó al alcalde al ser imputado por un delito de prevaricación, del que ha sido absuelto recientemente, en el nombramiento en 2007 del jefe de la Policía Local.

3. EL EJIDO. Lidera el ranking de corrupción provincial con la Operación Poniente por la que 77 personas, entre ellas el exalcalde Juan Enciso, han sido imputados por cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública. Las sociedades de los principales implicados facturaron de Elsur subcontrataciones en su mayoría “irregulares” de, al menos, 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007. Pero no solo afectan a la anterior corporación. El Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido archivó recientemente la imputación por tráfico de influencias en relación a un supuesto pelotazo urbanístico al actual alcalde, Francisco Góngora (PP), si bien mantiene los cargos por delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.

4. LA MOJONERA. El PSOE ha interpuesto una querella ante el TSJA contra el alcalde José Cara (PP) por su presunta relación con varias filiales de Hispano Almería, empresa investigada por la Fiscalía por supuesta financiación irregular del PP.

5. ROQUETAS. El Juzgado de Instrucción 1 citó a declarar en calidad de imputados a seis ediles del Ayuntamiento de Roquetas y al alcalde, Gabriel Amat (PP), por aprobar en 2007 la licencia que permitió la construcción de 10 chalés en la finca La Fabriquilla. Amat también figura en el caso en investigación sobre Hispano Almería al figurar regalos en la contabilidad b y también le han pedido explicaciones por sus reuniones con los implicados en la Operación Tres Reyes.

6. ALHAMA. El alcalde Cristóbal Rodríguez (PP) encontró en los cajones deudas que ascienden a 4,3 millones de euros y facturas irregulares durante la anterior legislatura que presidió Francisco Guil (PSOE). El actual alcalde señaló que Guil realizó obras de reforma en su vivienda por más de 300.000 euros de importe sin solicitar licencia municipal, una acusación por la que será el socialista el que lo llevará ante los tribunales.

7. GÉRGAL. La exalcaldesa de Gérgal, Leonor Membrives, ordenó la compra de un solar a su sobrino desatendiendo las advertencias del arquitecto municipal según la documentación del sumario tras la declaración de ésta como imputada en el juzgado de Instrucción 1 de Almería.

8. NÍJAR. Los socialistas han denunciado irregularidades cometidas por el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), en la contratación de obras con empresas del grupo Hispano Almería. Se habrían producido en 2011 y habrían permitido pagar a las empresas del grupo más de 127.000 euros a través de procedimientos que no se ajustaban a ley. Fue archivada la denuncia ante la Fiscalía Provincial de una asociación conservacionista contra el alcalde por no tomar medidas para garantizar la protección del Cortijo del Fraile.

9. CARBONERAS. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera imputó como responsables de presuntos delitos de prevaricación y desobediencia a Cristóbal Fernández, exalcalde y a los seis ex ediles del PSOE que en 2009 votaron en pleno a favor de la declaración como urbanizable del sector donde se construyó el hotel de El Algarrobico. Fernández ya había sido condenado e indultado por el Gobierno a raíz de un delito cometido en las elecciones de 1999 por presionar a un conserje a votar a su partido. El actual alcalde, Salvador Hernández (Gicar) también fue imputado y finalmente absuelto de los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia por desatender fallos sobre el hotel.

10. MOJÁCAR. La alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano (PP), y los concejales de la comisión de gobierno fueron imputados a finales de 2009 por un presunto delito de prevaricación urbanística relativa a la concesión ilegal de licencia para un chiringuito de temporada instalada en la playa. También fue denunciada y finalmente absuelta de coacciones denunciadas por integrantes de otro partido que grababan los plenos en vídeo.

11. TURRE. El exalcalde Arturo Grima (PP) y el que lo sustituyó temporalmente cuando presentó su dimisión en diciembre de 2007, Ramón López, fueron imputados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vera como autores de un presunto delito de prevaricación que tiene como origen la denuncia presentada por los socialistas ante los reiterados intentos de los populares de impedir la moción de censura.

12. BÉDAR. La Fiscalía solicitó en enero del año pasado penas de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación especial para cargo público para el exalcalde socialista de Bédar, Miguel Barón, a quien acusa de autorizar en 2003 la construcción de una viviendas unifamiliar sobre suelo no urbanizable y de especial protección en Sierra Cabrera.

13. GARRUCHA. Imputación del alcalde, Juan Francisco Fernández (PP), por un presunto delito de malversación de caudales públicos, así como de prevaricación, en relación al uso de 1.380.000 euros de las cuentas bancarias del Ayuntamiento a raíz de la denuncia del PSOE.

14. LUBRÍN. Juan López Camacho dejó el 28 de abril de 2008 de ser concejal y diputado provincial a raíz de la imputación de un delito de prevaricación urbanística.

15. ANTAS. El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a un año de prisión a la exalcaldesa de Antas, Ana Joaquina García Núñez (PSOE), y a otros tres ediles por un delito de prevaricación al conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable.

16. VERA. Imputados el exalcalde de Vera, Félix López (PA) y su junta de gobierno a raíz de una denuncia del actual alcalde ante la Fiscalía por la concesión de una licencia para la construcción de ocho naves industriales pese al informe desfavorable.

17. ALBANCHEZ. La Fiscalía Provincial denunció al alcalde, Francisco Martínez, por un presunto delito contra la ordenación del territorio al permitir la construcción en suelo rústico un centenar de viviendas.

18. MACAEL. El exalcalde socialista del Ayuntamiento de Macael, Juan Pastor, fue citado en calidad de imputado dentro del sumario abierto como consecuencia de la auditoría realizada a las cuentas municipales de su periodo de gestión.

19. SOMONTÍN. El alcalde y diputado provincial Ramón Rueda se vio obligado a pedir la baja en el PP y dimitir de su cargo en la Diputación tras ser condenado a siete años y nueve meses de inhabilitación por dar agua a la casa ilegal de su suegro.

20. FINES. El alcalde, Rodrigo Sánchez (PP) y su hermano han sido condenados a 21 meses de prisión por realizar obras de desmonte y construir una edificación y una piscina en una finca de su propiedad desobedeciendo las órdenes de paralización de la Junta por tratarse suelo no urbanizables.

21. CANTORIA. Pedro Llamas (PP) se vio obligado a dimitir en junio como alcalde de Cantoria para cumplir una condena del Supremo a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por falsedad documental, aunque siguió cobrando como concejal casi 50.000 euros brutos anuales durante un tiempo. Finalmente también renunció a su acta de edil al ser ratificada su condena por el Supremo.

22. ARBOLEAS. La excorporación local al completo sigue en proceso de enjuiciamiento en la Audiencia por prevaricación al maniobrar presuntamente para sacar a subasta pública dos solares clasificados como espacios libres que el entonces concejal socialista Antonio Jesús García, quien más tarde accedería a la Alcaldía, quería adquirir para unirlos a la parcela colindante y en la que se levanta la vivienda en la que reside.

23. ZURGENA. La Operación Costurero, el primer gran golpe a la corrupción en la provincia, cuenta con más de una veintena de imputados con el actual concejal de Obras Públicas y exalcalde, Cándido Trabalón, al frente de una trama que hizo posible la construcción de un millar de viviendas en suelo no urbanizable.

24. HUÉRCAL-OVERA. El exalcalde, Luis García Collado (PSOE), fue imputado por la presunta comisión de un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias al redactar el Plan General de Ordenación Urbanística a raíz de una denuncia del PP y recientemente ha sido absuelto.

25. PARTALOA. La Fiscalía Provincial de Almería ha presentado denuncia contra el exalcalde de Partaloa, Alejandro López Martínez, tras estudiar la denuncia interpuesta en abril de este mismo año por el actual equipo de gobierno, por el dinero que podría haberse malversado en lugar de destinarse al equipamiento del centro de día.

26. ALBOX. El alcalde de Albox, Rogelio Mena (PSOE), ha tenido que solicitar la suspensión temporal de su cargo en la Ejecutiva del PSOE-A como secretario de Ideas y Programas al ser imputado por un presunto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos por el que la Fiscalía solicita dos años y medio de inhabilitación especial por impedir de forma constante la labor de oposición del PP al denegarle diversos expedientes de contratación y facturas relativas a tres empresas incluidas en el Plan de Pago a Proveedores.

27. ORIA. El exalcalde de Oria, José Pérez Pérez (PSOE), declaró en enero de este año como imputado en el Juzgado de Instrucción de Purchena por varios delitos contra la administración pública. La Fiscalía inició el proceso penal tiempo atrás por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude en subvenciones en el periodo comprendido entre junio de 2007 y junio de 2011.

28. VÉLEZ-RUBIO. Imputado un exconcejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, Diego Gea (PSOE), y tres policías locales por supuestas irregularidades en el proceso de selección en las oposiciones para una plaza de Policía Local sin cumplir los requisitos. Serán juzgados en enero 2015.

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