Con B de Bárcenas y E de Ere

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

Esperanza Aguirre: El PSOE también está "en el punto de mira" por "una cuantía de mil millones de euros, dinero que han robado a los parados para dárselos a algunos con los que tenían amistad o afinidad política". Carlos Floriano: Rubalcaba pide la dimisión del presidente Mariano Rajoy por el caso Bárcenas mientras que en el de los ERE andaluces "no le importa" y "mira para otro lado".

Era predecible pero la estrategia del PP quedó ayer clarísima. Tras días golpeados por los supuestos papeles de su extesorero, Luis Bárcenas, que reflejan pagos en B a la cúpula del partido durante años, los populares practicaron el ataque como la mejor defensa y dejaron claro que el "y tú más" funcionará a partir de ahora como parapeto. Frente a la B de Bárcenas, el PP tiene la E de los ERE, un caso que acorraló al PSOE la pasada legislatura.

El caso ERE, el mayor escándalo de corrupción vivido en Andalucía y que investiga un juzgado sevillano ya con 60 imputados, abrió muchos telediarios nacionales hace un año, cuando la instrucción judicial llevó a la cárcel a un exconsejero de Empleo y a un exdirector general. Volvió a la primera plana cuando en agosto y septiembre se celebró una comisión de investigación en el Parlamento andaluz que hizo desfilar a insignes socialistas, incluidos el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves.

El otoño, y el hecho de que la jueza instructora, Mercedes Alaya, haya prorrogado durante meses una baja médica, puso la instrucción al ralentí. Se dejaron de generar grandes titulares. El juez suplente decretó el secreto de sumario, así permanecen parte de las actuaciones, y dio luz verde a la Policía para investigar nuevos delitos de blanqueo de capitales. El caso ERE, más allá de los intrusos en los expedientes de prejubilaciones y las ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas ligadas a los socialistas, se amplió con una nueva pata: las comisiones desorbitadas pagadas a las aseguradoras (hasta 34 millones en cinco años, según el PP), con condiciones muy alejadas del mercado. Presuntamente se tejió una red de empresas pantallas que sirvió para lavar ese dinero negro, parte del cual podría estar en paraísos fiscales. Un presunto testaferro está en la cárcel. De momento, solo hay insinuaciones y acusaciones, la mayoría del PP, pero no se sabe con certeza los hallazgos policiales o las directrices que dará la nueva jueza al frente del caso.

El TSJA ha designado otro magistrado para reforzar la investigación. En ese punto está el caso ERE, no hay muchas novedades, pero eso no es óbice para que haya vuelto a la primera línea. Lo auguró Griñán el lunes, en un acto de su partido, donde previno del "guarrindongueo" que vendría tras saltar el escándalo Bárcenas. Erró poco.

Ayer el portavoz popular, Carlos Rojas, compareció para denunciar que la Junta les veta el acceso a expedientes de los ERE. El 29 de enero, un grupo de diputados estuvo en las dependencias de la Consejería de Hacienda y revisando informes de la Intervención General detectaron hasta 119 reparos en la fiscalización a Empleo, "muchísimos en la partida 31L". Se quejan de que no pudieron acceder a sus contenidos. Su objetivo es claro, tratan de demostrar que la consejería que dirigía Griñán tenía datos suficientes sobre las irregularidades en esos fondos.