¿La hora de las empresas públicas andaluzas?

Isabel Morillo 

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

"El Presupuesto que el Gobierno andaluz tiene entre manos para 2013 es imposible de abordar sin tocar el sector público andaluz". La categórica afirmación no es del Gobierno central, ni del PP, sino de un alto cargo del Ejecutivo andaluz. La Junta confía en cerrar de forma inminente un acuerdo que le permita elevar su techo de endeudamiento y poder sumar por esa vía unos 2.000 millones de euros. Esto oxigenará las cuentas pero no acabará, ni mucho menos, con los problemas. Por tercer año consecutivo se hace un Presupuesto en números rojos, en un hoyo cada vez más profundo. Además, de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica y pedir su rescate, a Andalucía le quedará poco margen para no modificar a fondo su sector público. Ésa es una de las condiciones anunciadas por el Gobierno del PP.

Manifestación en defensa del sector público

Los números bailan. El Gobierno, en un documento oficial remitido a Bruselas la pasada primavera, exige a la Junta un recorte de más de cien empresas públicas. Según el inventario de entes públicos del Ministerio de Hacienda, Andalucía tiene 390 entes públicos. La Consejería de Hacienda desmiente el dato y lo rebaja a 123. La Junta defiende que ya ha llevado a cabo una profunda reestructuración de su sector empresarial que le llevó a suprimir 111 entes. Según el Gobierno andaluz, no hubo despidos. Sus empleados se agruparon en 14 macroagencias. Éste fue además el origen de un duro conflicto con los funcionarios que aún está enredado en los tribunales. Se agrupó a personal laboral y eventuales contratados del sector público, junto a funcionarios. No se sabe cómo va a acabar. Con esta reforma, Hacienda estimó un ahorro de 118 millones de euros. A final del pasado año la Junta contabilizó un ahorro conseguido de 30 millones de euros. 3,3 millones se correspondían con la supresión de altos cargos (180).

Izquierda Unida, socios en el Gobierno andaluz, se muestra a favor de eliminar empresas públicas, pero sin tocar puestos de trabajo. Un axioma que parece imposible. En este sentido, IU ya ha mandado algún mensaje sobre la línea en la que le gustaría moverse. Por ejemplo ha eliminado todas las cesantías e indemnizaciones para los directivos de la Empresa Pública de Suelo (EPSA), donde era un secreto a voces que se habían acogidos a muchos exaltos cargos y exalcaldes socialistas. Por ahí van sus tiros. Pero el gran melón por calar es la Radio Televisión Pública de Andalucía, con una plantilla de 1.587 trabajadores. El ajuste que se prevé en la RTVA es importante. IU quiere hilar muy fino para que no se traslade simplemente lo que posiblemente ocurra: más recortes, despidos y prejubilaciones para la plantilla con el objeto de cuadrar un agujero estructural de más de 50 millones de euros.

En la actualidad hay 261.399 trabajadores públicos en Andalucía. El PP defenderá esta semana en el Parlamento andaluz que pide eliminar un 50 % de cargos de confianza y puestos a dedo y exige una reforma profunda del sector público. Calculan un ahorro de 1.000 millones de euros y aseguran que no supondría despidos. Estos números tampoco salen. El PP habla siempre de despedir “enchufados” pero no ofrece datos.

El Gobierno andaluz lleva años tratando de poner coto a la maraña de entidades públicas que en la última década proliferó en Andalucía. Ya con el Gobierno de Manuel Chaves, en época de vacas gordas, la ley de la administración previó medidas para poner orden en la maraña del sector público autonómico. No prosperó. Los expertos alertan de que en las administraciones autonómicas y locales se ha registrado una especie de burbuja en el sector público similar a la inmobiliaria. Según datos de Eurostat puestos en valor en un informe de la Universidad de Navarra, en España el aumento del empleo público en el periodo 2000-2008 ha sido de casi un 32%. Junto con Irlanda son los dos países con mayores crecimientos en la Unión Europea. Algunos países destacan por su reducción en esta cifra son Alemania (-5,7 %) e Italia (-21,9 %). También según cifras de Eurostat se ha registrado un crecimiento de algo menos del 60 % (59,2 %) en la masa salarial del funcionariado público por habitante en España, pasando de representar 1.608 euros por habitante en 2000 a 2.560 euros en 2008.

Andalucía ya ha acometido reformas y ha reducido el sueldo de sus empleados una media del 5 %. Pero un buen mordisco de su Presupuesto sigue destinándose a estos capítulos de personal. Y los números no salen. Por más que el Gobierno andaluz insista en que los empleados públicos son también profesores y médicos, hay otra grasa en el sector público que eliminar. No habrá despidos, insisten. Pero a la palestra han salido ofertas voluntarias y llamativas como la de reducir un 40 % la jornada de trabajo y el sueldo a los funcionarios.