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Una Diputación de espalda a los pueblos

Juan Antonio Lorenzo
Portavoz del PSOE en Diputación

Si hay algo que gusta, en especial, al equipo de gobierno de la Diputación Provincial es el boato. Se deleitan en la publicidad, en la propaganda y en el autobombo solapando lo importante, que es la gestión y la cogobernabilidad que se ha de tener con los 103 pueblos. Al presidente y número dos del PP provincial le gusta alardear de ser el primero en determinadas cosas. No es mi intención verter dudas o detenerme en los hechos por los que él mismo se ha aupado hasta la primera posición en el podio con anterioridad pero, hay un hecho reciente por el que yo mismo le pongo la medalla y le entrego el trofeo como ganador indiscutible.



Javier Aureliano García Molina ha sido el primero y, en su caso, el único presidente de una diputación provincial andaluza que ha pasado por alto la voluntad de los pueblos de su provincia ante un hecho histórico, como es nuestra participación en el Plan Nacional de Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y por el que se distribuirán 140.000 millones de euros procedentes de fondos de la Unión Europea para paliar los devastadores efectos de la pandemia de coronavirus.

Todos los presidentes y presidentas de diputaciones provinciales andaluzas han dirigido cartas a sus ayuntamientos o se han reunido con las diferentes mancomunidades de municipios para pedir algo lógico y simple, sus opiniones e iniciativas. Los demás presidentes han atendido y escuchado a los pueblos como es su obligación y, además, obedeciendo a lo dictado tanto desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias como desde la Junta de Andalucía que han pedido, explícitamente, que se contara con los ayuntamientos en la elaboración de las propuestas.

Estos fondos, procedentes de Europa, supondrán unos recursos fundamentales para la recuperación de los territorios y su inversión estará orientada a impulsar grandes proyectos de futuro, lo que supone una oportunidad de desarrollo. Todos los pueblos andaluces han tenido la suerte de opinar, de alzar la voz y de pedir por su localidad y por su comarca. Todos, menos los almerienses. Y no ha sido así porque el presidente provincial nos lo ha negado a conciencia. Tiene en su haber, como sus homólogos andaluces, una misiva del vicepresidente de la Junta de Andalucía en la que se da la directriz de contactar con los ayuntamientos para aunar criterios a la hora de hacer llegar las propuestas que la administración andaluza elevará, a su vez, al Gobierno central. García Molina no ha querido. No nos ha llamado, no nos ha escrito ni nos ha reunido y ha cocinado él solo lo que pedirá por Almería en un acto sin precedentes de deslealtad institucional y de ninguneo a las administraciones locales a las que se debe.

Sólo él ha actuado de esta manera contra los intereses particulares de los pueblos y generales de la provincia erigiéndose en la única voz autorizada para opinar y para decidir por el futuro de esta tierra. En esta ocasión, no debe tratarse de una consigna de partido, puesto que el presidente de la Diputación de Málaga, del PP, ha contado con los ayuntamientos para realizar su lista. En Cádiz van por 1.200 fichas y en Huelva, su presidenta, abrió una oficina específica para acoger las propuestas de los municipios y ha realizado una ruta por las comarcas, al igual que en Granada. Y mientras, nuestro presidente, ¿a qué se dedicaba? ¿Por qué nos ha ocultado la información?, ¿Qué pretende silenciando a los municipios? El presidente ha hecho lo que ningún otro y, ante esa actitud, los alcaldes socialistas hemos elaborado nuestras propuestas, que han sido depositadas en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para su traslado al Gobierno de España. De otro lado, los socialistas le hemos solicitado la celebración de un pleno extraordinario y urgente para ver si así nos cuenta lo que nos ha negado conocer de primera mano.

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