Se conoce como Operación Luna o como Operación De Luxe al expediente abierto en abril de 2017 por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional según el cual un agente de este cuerpo, Ángel Jesús Fernández Hita –adscrito a la Brigada Móvil de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Madrid-, facilitaba información privada de la base de datos de la policía al colaborador de Sálvame Gustavo González. Tanto el agente, ya jubilado, como el periodista ya comparecieron en su día en sede judicial, el primero, negándose a declarar, y el segundo, para defender el uso de su fuente para contrastar información de gente famosa que acudía a Sálvame. Las pesquisas judiciales, según el diario El País, se centraron en supuestos delitos de cohecho y de revelación de secretos. Entre los afectados se encuentran Omar Montes, Àlex Casademunt, Isabel Pantoja y otros muchos famosos, hasta una treintena. La instrucción está prácticamente cerrada por el juez Marcelino Sexmero.
La Policía creía en un principio que Gustavo González podría estar pagando al policía por los datos que éste le suministraba, lo que constituía un delito de cohecho. Pero es algo que no se ha podido demostrar. Posteriormente se dirigieron las pesquisas hacia el propio programa y su productora, La Fábrica de la Tele. De hecho, acabaron imputados tanto la productora como algunos de sus trabajadores., que siempre han defendido que su actuación se desarrollaba en el marco de la ley y dentro de la actividad deontológica que corresponde a un periodista.
El caso no está cerrado porque el juez Sexmero dio la oportunidad de personarse en la causa como perjudicadas a todas las personas aparecidas en los dispositivos móviles de González. Son más de 180. El número de denunciantes, que era de tres, ahora se ha multiplicado hasta varias decenas, entre ellas personajes del corazón como Mariló Montero, Ángel Garó, Julián Muñoz, Mayte Zaldívar, Aída Nízar o Coto Matamoros.
El juez Sexmero se encuentra –según El País- a la espera de que la Audiencia de Madrid resuelva las numerosas alegaciones que han presentado las diferentes partes, a las que se está dando respuesta poco a poco. Una vez acabado ese trámite, el juez dictará el auto donde proponga quién debe sentarse finalmente en el banquillo.
Lo que parece claro en todo este enrevesado asunto es que no hay delito alguno de cohecho, por lo que quedan eximidos de responsabilidad alguna Mediaset, La Fábrica de la Tele, los colaboradores y directivos de Sálvame y otros empleados de esta productora. Se vislumbra ahora si pudiera existir un delito de revelación de secreto por parte del policía investigado. No se ha podido probar que el citado policía haya recibido compensación económica o material algunas por su trato de favor hacia ciertos periodistas.
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