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Bajos precios en los proyectos dejan 80 obras sin adnudicar

Simón Ruiz
Periodista

Un total de 80 contratos de servicios y obras en la provincia de Almería quedaron desiertos por las administraciones a lo largo del año 2022. Así lo pone de manifiesto un estudio presentado por la empresa tecnológica DoubleTrade, experta en licitaciones y obras públicas y privadas.

El impacto de la crisis de los suministros por el encarecimiento de los materiales unido a la subida del precio de la energía han sido factores influyentes para que las empresas desistan de optar a esos concursos. No solo ha ocurrido el año pasado. Cifras similares a las de 2022 se dieron en Almería en 2021.

Las licitaciones desiertas en la provincia desde el año 2020 se han multiplicado por cuatro, según los informes a los que ha tenido acceso este periódico. La única administración que se salva de esta situación es la Junta de Andalucía, que solo dejó pendiente de adjudicar la mejora de la ITV en Vélez Rubio

Ayuntamientos Las demás instituciones afectadas son la Diputación Provincial (8 contratos de servicios y 10 obras), el Gobierno a través de diversos ministerios y hasta más de una veintena de ayuntamientos. En concreto, en la relación de consistorios con contratos de servicios y obras no adjudicadas figuran los de Almería capital, Sorbas, Huécija, El Ejido, Turre, Albox, Carboneras, Vélez Rubio, Bayárcal, Huércal de Almería, Huércal-Overa, Mojácar, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Roquetas de Mar, Viator, Berja, Vera, Vélez Blanco y Beires

El informe de DoubleTrade cuantifica en más de 14 millones de euros el montante de las inversiones que se quedaron sin ejecutar a lo largo del año pasado en la geografía almeriense, unos tres millones más que en 2021. De los 14 millones de euros antes citados, el mayor impacto se localiza en Almería capital. En concreto, el presupuesto para la construcción de 64 viviendas de promoción oficial en el barrio de Costacabana estaba fijado inicialmente en más de cuatro millones de euros. Finalmente, la obra cuesta, en una segunda licitación, más de cinco millones de euros. Los trabajos empezaron en septiembre de 2022 y acabarán en 2024.

En el listado de contratos de servicios a la administración aparecen licitaciones muy diversas y variopintas. Así las cosas, las entidades oficiales licitaron, por ejemplo, alquileres de locales, suministro de vehículos, explotación de bares, servicio de catering, limpieza de instalaciones, servicios de fisioterapia, recogida de animales extraviados o abandonados, contenedores de residuos o la limpieza de las campanas de la cocina del Parador de Turismo de Mojácar. 

Otros contratos declarados desiertos aluden al suministro de combustible del parque automovilístico de la Diputación o las carrozas ornamentales para las fiestas del municipio de El Ejido. De los 80 contratos que figuran en el informe, 62 se corresponden con servicios demandados por las administraciones y 18 con obras públicas.

De este último apartado, al margen de las 64 VPO de Costacabana, se mencionan como concursos desiertos los del depósito de agua y abastecimiento en Alcolea, reforma de un edificio municipal en Puente del Río (Adra), ampliación del consultorio médico de Vélez Blanco, pistas de padel en Lúcar y Cela, almacén municipal en Bacares, mejoras en la piscina municipal de Alhabia, sala de velatorios en Líjar, obras en la depuradora de Paterna del Río y zona recreativa en Huércal de Almería.

Dado que en Andalucía se declararon desiertas 1.260 licitaciones a lo largo de 2022 y que en Almería la cifra fue de 80, la provincia no fue de las que más obras y servicios dejó de ejecutar el año pasado. Precisamente, Andalucía es la comunidad autónoma con más licitaciones desiertas en 2022, con cerca de 600 millones de euros paralizados, según el informe dado a conocer ayer por la empresa tecnológica DoubleTrade.

A nivel nacional crecen a 7.463 los concursos desiertos, poniendo en jaque el incremento del gasto público previo a las elecciones previstas para este año 2023, añade el documento. Asimismo, destacan que la escasez de ofertas para ejecutar contratos públicos supone la paralización de 5.303 millones de euros, un 146 por ciento más que en el ejercicio anterior.

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