La odisea jurídica del Algarrobico

Iván Gómez

Jefe de Local de Diario de Almería

La sentencia que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía darán a conocer de forma inminente podría ser decisiva en la condena a muerte del hotel del Algarrobico o abrir nuevas posibilidades en la defensa que vienen realizando la promotora, Azata del Sol, y el Ayuntamiento de Carboneras. A pesar de ser la última causa judicial relevante, de las cinco o seis pendientes por cuestiones de ordenación del territorio (PORN, PGOU y POTLA), es probable que el fallo no sea lo suficientemente determinante como para dar lugar al derribo inminente que vienen reclamando los colectivos conservacionistas y ecologistas de nuestro país cada vez que se dicta una sentencia contraria a los intereses del hotel.

Salvador Hernández

De nada sirve el protocolo que alcanzaron Junta y Gobierno para repartirse las obras de derribo y restauración paisajística de la zona, actualmente en un estado pésimo de conservación según lamente el alcalde de Carboneras, porque el acuerdo no tiene validez jurídica a pesar de haber sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. La demolición dependerá de la contundencia de los jueces de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJA y de no ser firme podría incluso estirar todavía más el proceso iniciado el 22 de febrero de 2006 cuando el juez Rivera ordenó la paralización cautelar de las obras porque podría vulnerar la Ley de Costas, lo que finalmente se ha demostrado que ocurrió. Y es que como ya anunció hace un par de años el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el Algarrobico tiene por delante un “largo recorrido jurídico”.

¿Cuándo se podrá derribar? En el momento en el que no haya impedimento jurídico. La traducción es bien sencilla. Hará falta mucho más que una nueva sentencia. Si el magistrado Rafael Toledano en su ponencia determina la licencia municipal por la que se autorizó la construcción del hotel es nula de pleno derecho, tanto Azata de Sol como el Ayuntamiento de Carboneras presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo, lo que podría demorar la resolución final en torno a los cinco años más. Toda una odisea judicial en la que se irían integrando las causas que hay pendientes en la Audiencia Nacional, el Constitucional y en el propio Supremo por el recurso al retracto de la Junta de Andalucía, al PORN de Cabo de Gata o por la servidumbre de la Ley de Costas.

En el caso en el que los jueces del TSJA establezcan la revisión de la licencia municipal, otra vez tendría la palabra el consistorio de Carboneras como ya ocurrió en septiembre de 2008 con el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería. Eso sí, posiblemente tendría que dictaminar el Consejo Consultivo de Andalucía, pero los técnicos del Ayuntamiento, tal y como ha reconocido su alcalde Salvador Hernández, volverían a aprobar una licencia porque no aprecian motivos para no concederla. Fue la postura que defendió su letrado en la audiencia pública del 14 de enero en Granada. Y es que el TSJA ya validó la postura del juez Rivera desestimando los recursos de apelación interpuestos por Azata y el consistorio carbonero contra el auto del magistrado de Almería, si bien era otro ponente, Manuel Ponte, y otro presidente de Sala, María R. Torres.

Es una de las dudas planteadas por el portavoz de Salvemos Mójacar, Jaime del Val, quien entiende que una vez que ha vuelto de su baja la jueza que llevaba el proceso se debería haber reincorporado. Confía en que la sentencia no deje lugar a dudas sobre la ilegalidad del hotel porque es consciente de que el recorrido jurídico del Algarrobico dependerá de la contundencia del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, no piensa tirar la toalla en la lucha por la apertura sostenible del hotel. Lejos de dejarse amilanar por las sucesivas sentencias contra los incumplimientos de la mole de 22 plantas y 411 habitaciones de Azata, el consistorio tiene claro que la licencia concedida por el Ayuntamiento en su día es legal y así lo defenderán hasta el final. “Si nos dicen lo contrario, la recurriremos”. Y si les obligan a revisarla, como ya ocurriera con el juez Rivera, los técnicos municipales volverán a aprobarla. “Nos ha tocado la china”, reconoce el alcalde con resignación al recordar los 107 puestos de trabajo directos y más de 400 indirectos que iba a generar el establecimiento.

El portavoz de la promotora, José Rodríguez, reconoció ayer a este periódico que lo que se enjuicia en Granada no es la licencia, sino la situación urbanística previa a la concesión de ese permiso. Fue su principal argumento en la vista pública de mediados de enero y entiende que podría condicionar el fallo de los magistrados. “La empresa no determina dónde se construye, lo deciden siempre las administraciones públicas que conceden todas las licencias. El Plan Parcial aprobado en 1998, un año antes de comprar el terreno, establecía hasta el color que tendría el hotel, sólo podía ser blanco”. Y es que para Azata del Sol todo se deriva del “anormal funcionamiento” de la administración, de ahí que hayan reclamando una indemnización de 70 millones de euros que incluyen los “daños y perjuicios”.

Con más de una decena de pronunciamientos judiciales en su contra, como la primera firme e irrevocable en marzo de 2008 que determinó su afectación de la servidumbre de protección de la Ley de Costas, el Algarrobico no parece cosa juzgada, tal y como determinaron los abogados de Junta y Gobierno en la vista oral después de estar dos décadas prestando conformidad a las normas urbanísticas sin ningún tipo de impugnación ni deslegitimización. Entienden que no hay “incongruencia” con la aquella sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería que en primera instancia resolvió la nulidad de la licencia del hotel, pero no llegaron a plantear la demolición que sí piden los colectivos ecologistas.

Lo que olvidan, al menos desde la administración andaluza, es que esa sentencia que ahora avalan puso al descubierto su “burda maniobra” de intento de legalización del hotel cambiando el suelo de C1 no urbanizable a D2 área urbanizable en la planimetría del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) sin publicarlo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pero ese fue sólo uno de los múltiples errores cometidos por las instituciones públicas en relación al hotel situado en el corazón del parque natural. Otro día los detallaremos con profundidad. Ahora lo prioritario es el fallo del TSJA que se demora. La espera es tensa porque podría ser decisivo para la resolución del proceso o todo lo contrario, contribuir a estirar aún más la odisea jurídica del Algarrobico.