El Algarrobico, ¿cosa juzgada?

Iván Gómez

Jefe de Local de Diario de Almería

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictará sentencia previsiblemente esta semana sobre la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003 a la promotora Azata del Sol para la construcción del hotel de 22 plantas y 411 habitaciones en el paraje del Algarrobico. Dada la complejidad de las actuaciones, que alcanzan los cuatro tomos y los 1633 folios, la sala de lo Contencioso-Administrativo no se ha pronunciado aún desde que se celebrara la audiencia pública el 14 de enero.

Las dudas sembradas entre los propios magistrados en su búsqueda de la unanimidad, sin voces discrepantes, el peso de la expectación que ha generado en el ámbito jurídico español y la amplia extensión del expediente administrativo correspondiente al hotel, compuesto por diez cajas y cientos de planos y documentos, han alargado el momento en el que se haga pública la ponencia del juez Rafael Toledano.

Sobre El Algarrobico

Y es que los magistrados del al tribunal andaluz darán a conocer en los próximos días, sin que aún haya transcendido la fecha por el hermetismo que envuelve el proceso, su deliberación sobre la validez de la licencia y dictarán el fallo que de forma inminente se notificará a las partes. Después de más de cinco años de interrogantes sobre la licencia del hotel, paralizado en 2006 por el juez almeriense Jesús Rivera, el TSJA dejó la causa vista para sentencia el 14 de enero y en los próximos días determinará si la declara nula en sentencia firme y no recurrible o si se limita a exigir la revisión al Ayuntamiento de Carboneras, lo que alargaría aún más el recorrido jurídico del Algarrobico.

El alto tribunal andaluz estableció el 10 de febrero en una providencia que la fecha para el dictado de la sentencia sería el 25, aunque finalmente optó por posponer la resolución e indicó que se redactaría de un plazo estimado de diez días. Esa providencia llegaba tras la vista pública del 14 de enero en la que la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado pidieron que se confirmara el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería de septiembre de 2008 que obligó a revisar el acto administrativo por el que se había otorgado la licencia municipal, así como que se desestimaran los recursos de apelación presentados por el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora Azata del Sol.

Los letrados de Junta y Estado manifestaron que el consistorio carbonero, entonces gobernado por el socialista Cristóbal Fernández, otorgó en 2003 un permiso de obras contrario a la Ley de Costas y a las normas de los espacios naturales protegidos que invade la servidumbre de protección. Entienden que no hay “incongruencia” con el auto del juez Rivera y, de hecho, solicitaron que se confirme íntegramente la sentencia en la que ordenó la revisión de oficio de la licencia por ser contraria a las normativas sectoriales de costas y medioambiental. En esta vista oral pidieron que se condene a la parte apelante, el consistorio y la promotora, al pago de las costas y argumentaron que la sala “no tiene más remedio” que declarar nulo de pleno derecho el acto administrativo, ya que concurren los requisitos para considerar que la mercantil adquirió derechos contra el ordenamiento jurídico.

Mientras que los abogados de Junta y Estado lo ven como “cosa juzgada”, que vulnera la Ley de Costas de acuerdo a tres sentencias firmes del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento entiende que se cumplió la legalidad vigente en todo momento y recuerda que la licencia de obras en litigio nunca fue impugnada en tiempo y forma, como tampoco ocurrió con el plan parcial ni las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico de la localidad. El letrado del Ayuntamiento de Carboneras planteó que no había motivo para no conceder la licencia, así como la revocación del fallo de 2008, mientras que el de Azata del Sol recuerda, además, que compró los terrenos a una sociedad participada por la administración pública andaluza.

Ninguna de las administraciones públicas, ni la estatal ni la autonómica, llegó a plantear la demolición, pero sí la pidieron subsidiariamente Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción en su afán de interesar que se ordene al consistorio el comienzo del expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística de la zona. Tras la vista celebrada el 14 de enero en Granada, la organización ecologista Greenpeace, que no está personada en esta causa, confió en que, dada la jurisprudencia del caso, queden despejadas todas las dudas sobre la ilegalidad de la obra. A su juicio, una vez se anule la licencia de obras no habrá excusas con las que evitar el derribo inmediato.

En este sentido, la organización ecologista pide que se ponga en marcha el Plan de Restauración acordado por la Junta y Estado para la restauración del Parque Natural. La asociación Salvemos Mojácar, que fue la que interpuso el pleito principal que dio lugar a la paralización de las obras del hotel, pidió a los magistrados en la audiencia pública del juicio, a través de su abogado José Ignacio Domínguez, que la sentencia no deje lugar a dudas y se pronuncia claramente sobre la nulidad de la licencia y obligue a la demolición.

Y es que los colectivos ecologistas de dentro y fuera de la provincia ya están cansados de que el Ayuntamiento de Carboneras haga caso omiso de todas las anteriores sentencias, y ya hay una docena de pronunciamientos en contra, y teme que si el fallo se limita a exigir la revisión de la licencia, todo el proceso se retrotraiga a su comienzo en 2005, puesto que el consistorio ya ha manifestado su intención de declarar el hotel legal en dicho caso, con lo se podrían incluso reanudarse las obras y todo comenzaría de cero.

Si el TSJA confirma la nulidad de la licencia de obras del hotel, las administraciones públicas no tendrán más remedio que demoler el inmueble por tratarse de un edificio ilegal e ilegalizable, sin licencia de obras, construido en espacio protegido e invadiendo la servidumbre de protección de la Ley de Costas. En relación a las anteriores sentencias del TSJA que ratifican que los suelos en los que se asienta el hotel son propiedad de la Junta, contra las que Azata presentó un recurso en el Supremo, hay que tener muy en cuenta si en el futuro se aplica el derecho de accesión por el que se atribuye al propietario del suelo y le permite hacer suyo todo aquello que quede unido y lo acrezca, ya sea en forma natural o artificial, bajo el principio superficie solo cedit.

El TSJA no entra, sin embargo, a analizar si, como sostiene la promotora, la actuación del Gobierno andaluz le ha causado perjuicios y emplaza a una reclamación de responsabilidad patrimonial. Azata del Sol ha elevado tres recursos ante el Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento en los que reclama una indemnización de 70 millones de euros para resarcir los “daños y perjuicios” derivados de lo que considera un “anormal funcionamiento” de laadministración. Azata del Sol, que interpuso los recursos el 23 de septiembre, cuantifica la responsabilidad patrimonial de Estado, Junta y Ayuntamiento carbonero, conjunta y de manera solidaria, en 70.042.712 euros, cifra que incluye un 5 por ciento por daño moral según la tasación realizada por la sociedad Tinsa de acuerdo no solo al valor del suelo y del hotel, sino también teniendo en cuenta el daño moral, material y el descrédito empresarial a la mercantil. Azata del Sol pide 70 millones de indemnización cuando, según denuncian los ecologistas, el hotel está valorado en 16.324.249,46 euros según la tasación realizada por el arquitecto del hotel Ubaldo Gomiz y firmada por todos los aparejadores.

A pesar de la insistencia de los colectivos conservacionistas en la urgencia de su derribo, en la provincia de Almería no todos están en contra de la demolición del hotel. En los últimos años se han aprobado mociones en favor de la apertura “sostenible” del hotel de Azata del Sol del Ayuntamiento de Carboneras y la Mancomunidad de Municipios del Levante, así como un alegato rotundo en defensa por parte de los empresarios de la comarca, grupos de desarrollo rural, el Colegio de Arquitectos y también del presidente del PP de Almería y la Diputación, Gabriel Amat, quienes hacen especial hincapié en los 107 puestos de trabajo directos y otros 400 indirectos que contemplaba la iniciativa turística cuando fue para en seco por el juez Jesús Rivera en 2006.

Después de casi dos décadas de equivocaciones, desde que se inscribe la finca número 7.905 en el Registro de la Propiedad, han sido un sinfín las equivocaciones de las administraciones públicas sin que hasta el momento se hayan depurado responsabilidades. La anulación de la licencia sería un paso decisivo para el fin del hotel situado en pleno corazón del parque natural, pero ¿será ese el fallo de los magistrados del TSJA? En día se disiparán todas las dudas que envuelven a jueces y abogados en torno a El Algarrobico. ¿Cosa juzgada?