Personal superfluo

Teleprensa

Editorial

Los sindicatos han empezado una nueva cruzada contra los recortes que consiste en no permitir reducción de sueldos y derechos de los trabajadores mientras haya en la administración que promueve tales medidas personal 'superfluo' con el que partidos o políticos tratan de cobrarse no se sabe muy bien que servicios. Así, cada vez que hay un nuevo anuncio de reducción, los sindicatos recuerdan que se siguen manteniendo asesores o gastos no necesarios que convierten al político en una casta aparte aunque parece que ya no intocable.

Comenzaron claramente la embestida con el Ayuntamiento de Almería, en donde empezaron a enumerar algunos 'privilegios' que entendían vivían algunos concejales del equipo de gobierno mientras se propiciaba un nuevo apretón de cinturón sobre los funcionarios y trabajadores municipales, en general. Ahora, con criterios similares, arremeten contra Galasa, empresa pública que además de gestionar el servicio de suministro y tratamiento de agua en el levante almeriense, parece especializada en dar empleo a políticos.

A Galasa no le salen las cuentas, de ahí que el sindicato Comisiones Obreras le recomiende eliminar asesores y consejeros que parece aportan poco al servicio que realmente debe ofrecer la empresa pública aunque mejore la vida de los partidos que por esta vía van colocando a su gente.

En declaraciones públicas, cada vez suena con más fuerza la inquietud que dicen sentir los políticos por la corrupción, -en gran medida ligada a la desafección ciudadana por la política-, y sin llegar a malversar millones de euros, el 'barrer para casa' aprovechando la mayoría en una institución no deja de ser un acto cada vez peor visto en la calle. Los partidos tienen muy fácil si quieren ganar la batalla de la confianza del ciudadano y muy bien pueden comenzar evaluando con objetividad las necesidades de personal en las empresas públicas y administraciones así como su remuneración, algo que incluso pueda pactarse para que nadie se aproveche de un cambio de gobierno. Pero todo apunta a que no hay voluntad política.