Serán finalmente los tribunales de justicia quienes dictaminen si las retribuciones variables del Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), el banco cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, se contabilizaron de forma adecuada. El Banco de España considera que no y por ello ha impuesto una sanción al propio banco y a todos y cada uno de los perceptores de esas retribuciones (o responsables vinculados a la política de remuneraciones).
La resolución del supervisor, de fecha 24 de febrero de 2025 y publicada el 24 de julio de 2026, tipifica una infracción grave consistente en incumplimientos relacionados con las políticas de remuneraciones. En concreto, por no haber considerado al menos el 15 % de los compromisos por pensiones del colectivo identificado como retribución variable.
El Banco de España señala que
dichos incumplimientos no son especialmente significativos a la vista de la
importancia de las normas infringidas o de la situación económico-financiera de
la entidad. Las sanciones son firmes en vía administrativa, pero han sido
recurridas judicialmente ante la Audiencia Nacional y, por tanto, no son firmes
en sede jurisdiccional. Las multas impuestas son las siguientes:
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.: 2.000.000 euros.
Manuel Yebra Sola (consejero delegado): 75.000 euros.
Bernabé Sánchez Minguet (consejero): 55.000 euros.
Luis Rodríguez González (consejero): 55.000 euros.
Marta de Castro Aparicio (consejera): 50.000 euros.
Joan Bautista Mir Piqueras (consejero): 50.000 euros.
María Teresa Vázquez Calo (consejera): 50.000 euros.
Antonio Cantón Góngora (consejero): 48.000 euros.
Juan Carlos Rico Mateo (consejero): 45.000 euros.
Antonio José Carranceja López Ochoa (consejero): 42.000 euros.
Ana Núñez Álvarez (consejera): 40.000 euros.
Luis Francisco Fernández-Revuelta Pérez (consejero): 40.000 euros.
Rafael García Cruz (consejero): 40.000 euros.
José Antonio García Pérez (consejero): 38.000 euros.
Carlos Pedro de la Higuera Pérez (consejero): 30.000 euros.
Hilario Hernández Marqués (consejero): 30.000 euros.
María Amparo Ribera Mataix (consejera): 25.000 euros.
María López Fernández (consejera): 15.000 euros.
Antonio de Parellada Durán (consejero): 15.000 euros.
Francisco Javier Rodríguez Jurado (director general de Recursos Humanos):
30.000 euros.
El importe total de las sanciones asciende a unos 2,77 millones de euros. Tanto BCC como todos los miembros del consejo y el director de Recursos Humanos han recurrido la decisión. La entidad ha afirmado que el consejo de administración ha actuado siempre desde la base de una interpretación correcta de la norma, avalada por expertos independientes en política de remuneraciones.
La cuestión queda ahora en manos de la Audiencia Nacional, que deberá determinar si la interpretación y la contabilización de esas retribuciones variables se ajustaron o no a la normativa aplicable.
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