El reciente anuncio municipal de un plan de reformas para quince colegios de la ciudad ha dejado al descubierto una grieta incómoda: la de aquellos centros que se han quedado fuera de la foto oficial. La pregunta que flota en el aire no es por qué se actúa en esos quince centros -medida, sin duda, urgente y necesaria-, sino bajo qué criterio ético se condena al olvido a todos los demás.
La educación pública debería ser el territorio de la igualdad absoluta, el único lugar donde el origen de un niño no determine su destino. Sin embargo, la dignidad de las aulas pare-ce haberse convertido en una lotería. Centros como el CEIP Ginés Morata o el CEIP de El Puche han quedado excluidos. En sus aulas, el inicio del curso en septiembre no promete el brillo de la pintura fresca, sino la rutina de convivir con las goteras y los desperfectos de siempre. Excluir a estos centros del plan de choque envía el mensaje implícito de que hay estudiantes cuyas necesidades pueden esperar un año más. O una legislatura más. La brecha invisible.
La alcaldesa prefiere el impacto inmediato de la pantalla del móvil al beneficio silencioso de la baldosa arreglada. Mientras las partidas para el mantenimiento básico de los colegios se han racionado con cuentagotas durante años, nunca ha faltado liquidez para el marketing, el postureo digital y los eventos de diseño. Las familias y las AMPA de Almería no exigen lujos ni proyectos faraónicos, sino algo tan elemental como que sus hijos estudien en un entorno digno.
La verdadera gestión no se mide en el número de likes de una publicación institucional, sino en la tranquilidad de unos padres al dejar a sus hijos en la puerta del colegio. No podemos permitirnos una Almería de dos velocidades, donde la calidad del entorno educativo dependa del código postal. El próximo septiembre, cuando el timbre vuelva a sonar, todos los niños de esta ciudad merecen cruzar el umbral de un colegio seguro y digno. Cualquier otra cosa será, simplemente, suspender en justicia social.
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