Hace justo un siglo, en el verano de 1926, la música
se detuvo en la terraza del antiguo Casino de Almería. Dos disparos a
quemarropa le arrebataron la vida a Adriana García Pérez, una joven almeriense
de apenas 18 años que había acudido a aquella fiesta acompañada por su
familia y sus amigas. Tras el tiroteo, que hirió también al padre de la joven,
estaba la expareja de la chica, quien, incapaz de aceptar la ruptura, decidió
convertir la velada festiva en una ejecución pública frente a decenas de
testigos.
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| La placa de la vergüenza / Ortuño |
Durante décadas, aquel episodio quedó atrapado bajo el
eufemismo de los viejos titulares, reducido a un supuesto "arrebato
pasional". No fue hasta el pasado 25 de noviembre, coincidiendo con
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
cuando la Junta de
Andalucía reconoció oficinalmente el caso como lo que siempre fue: violencia de
género.
Ese reconocimiento institucional, tanto tiempo
después, ha empujado a sus descendientes a dar hoy un paso más. La familia
reclama la retirada de la placa dedicada al asesino, Emigdio Nieto y Gómez de
Salazar, instalada en una calle de Lanjarón, el municipio
granadino donde se instaló tras abandonar la cárcel y donde ejerció como médico
durante buena parte de su vida.
La solicitud, remitida oficialmente al
Ayuntamiento y firmada por Adriana Amate García, sobrina de la víctima,
denuncia el dolor que sigue provocando ver homenajeado en un espacio público a
quien mató a tiros a una joven de 18 años: "Resulta inadmisible para mi
familia y para la sociedad civil en general", destaca Amate, quien añade
que, según el monumento, "toda la Alpujarra ve que era un señor
ejemplar".
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| La prensa de la época |
Una placa por ser "vecino
ejemplar"
La placa, situada en la Avenida de la Alpujarra de
Lanjarón y colgada en la fachada de la vivienda del conocido médico, dice
así:
Aquí vivió el Dr. Dn. Emigdio
Nieto y Gómez de Salazar.
Médico y vecino
ejemplar.
Amor y honor de la Alpujarra.
Precisamente en esas dos últimas sentencias reside la
indignación de la familia: "No niego que fuera un buen médico, pero ¿vecino
ejemplar? Es autor de un asesinato machista", denuncia la sobrina de la
víctima. Con ese mismo enfado lo plasma en el escrito enviado al consistorio,
al que ha tenido acceso este diario: "
"El mantenimiento de dicha placa supone una
exaltación incompatible con los valores constitucionales de igualdad y dignidad
de las víctimas", sostiene la familia en el escrito remitido al
Ayuntamiento.
Cabe mencionar que La Voz contactó con el equipo de gobierno de Lanjarón para preguntar por el homenaje dedicado a Nieto. La respuesta obtenida por este periódico fue que no tenían constancia de la existencia de ninguna inscripción conmemorativa, pese a que el presente diario le facilitó su ubicación exacta, situada en una de las principales avenidas del municipio.
La base legal
Más allá de lo sentimental, la denuncia sostiene que
la permanencia de la placa vulnera tanto la legislación sobre violencia
machista como las leyes estatal y andaluza de memoria democrática. El escrito
cita expresamente las siguientes normativas:
Ley Orgánica
1/2004 de Violencia de Género, que establece como principio la
sensibilización social y la erradicación de esta violencia.
Ley 20/2022
de Memoria Democrática, que obliga a las administraciones a
retirar placas, menciones o elementos situados en espacios públicos que
supongan exaltación personal o colectiva contraria a los valores democráticos.
Ley andaluza 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática, que
establece igualmente la retirada de símbolos o elementos contrarios a la
memoria democrática y a los valores constitucionales.
Según la familia, mantener un reconocimiento
público al asesino supone una forma de exaltación incompatible con los derechos
humanos y con el deber institucional de proteger la dignidad de las
víctimas. "La permanencia del monumento no solo resulta jurídicamente
improcedente, sino también socialmente inadmisible", sentencia.
Una herida abierta
Más allá de la dimensión jurídica, la familia incide
en la huella emocional que el crimen dejó en varias generaciones. Emigdio
Nieto apenas cumplió cuatro años de cárcel. Con la llegada de la Segunda
República, llegó también la amnistía: las penas de cientos de presos fueron
indultadas o conmutadas (como fue el caso del susodicho). Tras su puesta en
libertad, terminó los estudios de Medicina y acabó ejerciendo en Lanjarón, un
pueblo al que se dedicó hasta el fin de sus días.
Y ante esto, la familia García Pérez nunca volvió a ser la misma: una madre consumida por la enfermedad tras perder a su hija, hermanos destrozados y décadas de silencio alrededor de una tragedia que apenas se pronunciaba en voz alta. "Yo me crie con mi abuela, la madre de mi tía Adriana. Que la tristeza la consumía era algo que siempre pude ver, aunque nadie me contaba por qué", confiesa Amate.
Ese silencio, heredado de padres a hijos, empezó a
romperse recientemente, cuando los descendientes comenzaron a reconstruir la
historia familiar y a reclamar justicia: "Yo me llamo Adriana en recuerdo
de mi tía asesinada. He convivido toda mi vida con el peso de aquella
historia, aunque apenas me hablaban de ella. Me llegaron a prohibir que me
acercara al antiguo casino. Yo tenía el miedo metido en el cuerpo",
recuerda.
La muerte de Adriana no solo marcó a la familia:
Almería estaba conmocionada. Se trató de uno de los primeros asesinatos
machistas documentados en España, con gran repercusión social debido a la
brutalidad del crimen y a la notoriedad de la familia -el padre de la chica era
concejal del Ayuntamiento de Almería-.
Lo que pide la familia
La misiva dirigida al Ayuntamiento de Lanjarón consta
de tres peticiones: la retirada inmediata de la placa dedicada a
Emigdio Nieto y Gómez de Salazar; la revisión de posibles símbolos
contrarios a la memoria democrática existentes en el municipio y la notificación
oficial de la resolución que adopte el consistorio.
Queda en manos del Ayuntamiento mover la siguiente pieza en el tablero. "Es un tema que me obsesiona y hasta ahora el alcalde no nos ha dado ninguna solución. No hay derecho a que todos sigamos sufriendo por la existencia de esa placa", concluye Adriana.
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