Proteger y facilitar la labor del sector agrícola almeriense es un gesto que va mucho más allá de la política. Asegurar y establecer un marco de estabilidad económica y sanitaria para El Alquián, La Cañada, San Vicente o Venta Gaspar, en definitiva, para toda la Vega de Almería, es algo que no solo afecta a la economía local, sino que también toca el corazón de nuestra identidad como provincia agrícola.
La reciente orden del Gobierno que modifica los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF, ha generado una profunda preocupación en el sector agrícola almeriense, y por eso es necesario alzar la voz para defender a quienes sostienen y mantienen el motor económico de nuestra ciudad y del resto de la provincia. La Cooperativa CASI ha expresado de manera clara y contundente su inquietud por la exclusión de cultivos propios de Almería de las reducciones fiscales contempladas en esta orden. Esta omisión es injustificable y perjudica a miles de familias que dependen de estos productos para su sustento.
El tomate, el pimiento y el pepino, entre otros, no son solo productos agrícolas, sino que son uno de los pilares históricos de nuestra economía, social y comercial. En Almería, su cultivo ha sido fundamental, y es imperativo que reconozcamos su valor y que pongamos en marcha todas las medidas posibles para protegerlo. Es inaceptable que mientras en otras zonas se reconocen los problemas de otros cultivos y se otorgan las reducciones fiscales necesarias, los agricultores de Almería capital queden excluidos de dichas medidas.
Esta disparidad es un agravio que no podemos permitir. Los agricultores almerienses están enfrentando una serie de desafíos que han mermado su capacidad productiva: el aumento de costes, problemas fitosanitarios, y la devastadora incidencia del virus del rugoso del tomate, entre otros. Las zonas excluidas de la reducción fiscal no son marginales; son el corazón del modelo hortícola intensivo de nuestra provincia. Ignorar estas áreas es negar la realidad económica que enfrentan nuestros agricultores.
La ayuda por pérdida de renta agraria vinculada a fenómenos meteorológicos es importante, pero no debe ser un sustituto de la corrección fiscal adecuada que nuestros agricultores necesitan. Por ello, desde el Ayuntamiento, presentaremos una moción en el próximo Pleno exigiendo que se revisen y amplíen estas medidas para evitar la discriminación de los agricultores de Almería. Es fundamental que el gobierno de Pedro Sánchez escuche nuestras demandas y actúe en consecuencia.
La agricultura almeriense necesita seguridad jurídica, sensibilidad fiscal y un reconocimiento real de sus circunstancias. Nuestros agricultores no están pidiendo un trato privilegiado; simplemente buscan que se reconozca su esfuerzo y la realidad objetiva que enfrentan. Desde el Ayuntamiento seguiremos luchando por nuestros agricultores y trabajando conjuntamente con las organizaciones agrarias y el sector productor. Juntos, podemos asegurar que nuestras voces sean escuchadas y que se tomen las medidas necesarias para proteger y fortalecer nuestra agricultura.
Almería necesita un compromiso firme y decidido por parte de todos sus representantes. La defensa del campo es una cuestión de justicia y de reconocimiento de la realidad productiva que enfrentan nuestros agricultores. Seguimos trabajando.
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