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La vicepresidenta Calvo, el lenguaje inclusivo y la RAE


Luis Cortés Rodríguez
Profesor emérito de la Universidad de Almería

⏩  Por fin, en la mañana del lunes, supimos, a través de la rueda de prensa dada por el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, que la sospecha que teníamos de que esta Institución no iba a cambiar la esencia de su doctrina en cuanto al lenguaje inclusivo se hizo realidad. Su conclusión más general es que la Constitución emplea un español correcto en términos normativos. El presidente fijó, en dicha rueda de prensa, los puntos más importantes del «Informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución» con el que la RAE responde a la solicitud que Carmen Calvo, en nombre del Gobierno de España, le había hecho el doce de julio de 2018.

Gráfico: Infobae.com

La idea de dirigirse a la institución académica, evidentemente, es atinada. Solo falta que el informe emitido sea, al menos en gran parte, aceptado y aplicado. Confiemos en que no suceda algo parecido a lo que aconteció con la Propuesta de reforma del estatuto de autonomía para Andalucía, hecho al que ya nos referimos hace unos años, pero que, como antecedente, conviene recordar para no caer en el mismo error.

Sucedió que, poco antes de la publicación de dicho Estatuto, el Gobierno andaluz pidió opinión a la RAE sobre el empleo del masculino y femenino. Se pretendía establecer una «democracia paritaria» en el citado Estatuto. La respuesta de la RAE fue muy parecida a la emitida estos días y desechaba desdoblamientos del tipo «el diputado y la diputada», «andaluces y andaluzas», por ser innecesarios y artificiosos desde el punto de vista lingüístico, a la par que recordaba la existencia y corrección del masculino genérico.

Aunque hubiera sido más eficaz consultar, entonces, qué se podía hacer para que la redacción del Estatuto resultara más inteligible, lo cierto es que la pregunta fue la que fue. Desdeñada la recomendación académica, la forma de proceder de los redactores del documento andaluz no fue la más coherente. En efecto, en el texto hallamos una y otra vez, para referirse a la totalidad de los andaluces, el desdoblamiento «los andaluces y andaluzas», que alterna con otros sintagmas de igual significado: «el pueblo andaluz», «todas las personas en Andalucía», «el hombre o la mujer andaluces», etc.

La incoherencia surge cuando, a veces, se olvida el desdoblamiento y aparecen «los andaluces» (sin las andaluzas). ¿Cabe pensar, por tanto, en estos casos que solo se refiere a los hombres? ¿Están incluidas las andaluzas? Así, en las tres páginas del «Preámbulo», se utiliza en cuatro ocasiones «andaluces y andaluzas», en dos, «el pueblo andaluz», pero en una, en la segunda página, se dice: «En 1978 los andaluces dieron un amplio respaldo al consenso constitucional», de lo que cabe deducir, según la teoría del lenguaje inclusivo, que solo votaron los hombres.

Si seguimos con la lectura del Estatuto, en el apartado primero, «Título Preliminar», en los diez artículos que comprende, consideramos que la «discriminación» de la mujer va creciendo, ya que en cinco ocasiones aparece «andaluces y/o andaluzas», en dos, «pueblo andaluz», en una «todas las personas en Andalucía» y «la sociedad andaluza», pero –¡ojo con la discriminación!– en cuatro ocasiones se emplea «los andaluces». ¿La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo lingüístico solo afectan a los hombres? Decimos esto porque el Artículo 1 apartado 2 quedó redactado de este modo: «2. El estatuto de Autonomía propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para todos los andaluces, en un marco de […]». Como este caso, y tal como mostramos en la columna citada (recogida con el número 76 en el libro El habla nuestra de cada día), los privilegios de los hombres sobre las mujeres se dan en otros varios artículos del Estatuto (artículo 10, apartados 3 y 6, etc.).

Las engorrosas repeticiones usadas por razones de corrección política, innecesarias lingüísticamente, pueden conducir a este contrasentido. No sabemos si el informe académico que se acaba de presentar ante la prensa será o no respetado. Pediríamos a la vicepresidenta que dejara, salvo los ligeros retoques apuntados por la RAE, la Constitución como está y que su ‘vocación lingüística’ la enfocara a mejorar el ininteligible lenguaje jurídico que todos sufrimos o el harapiento lenguaje publicitario, puerta de entrada de tantos barbarismos. 

Ahora bien, si la señora Calvo pretende pasar de ‘alto cargo’ a ‘alta carga’, le suplicamos que los elegidos para la redacción inclusiva de la Constitución sean coherentes y eviten los mismos errores en que incurrieron los autores del Estatuto. Bueno, quisiéramos también solicitar, a quienes tan interesados están en estos cambios, que, si fuera posible, distinguieran, de una vez por todas, entre lo que es el uso sexista del lenguaje (debido a la forma) y el sexismo social (debido al fondo), ambos aborrecibles, pero que en ningún caso tienen que ver con la imposición de un principio de «visibilidad» artificioso y atentatorio contra la forma interna de nuestro sistema lingüístico y contra su economía.

Reduzcamos, por tanto, al mínimo exigido contextualmente el cansino y absurdo juego de repeticiones. Dejemos de maltratar el idioma. Sí, ese mismo idioma que está en el poso de nuestras emociones, de nuestra intimidad y, por tanto, el que nos acompaña en nuestro quehacer cotidiano. ¿Es suficiente para que lo respetemos?

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