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Despedida de Pedro Molina García como rector de la Universidad de Almería

Jorge Lirola Delgado
Profesor de la UAL

El 2 de junio de 2015, Carmelo Rodríguez Torreblanca asume el rectorado de la UAL y lo hace con un significativo retraso pues ganó las elecciones el 10 de marzo. La presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, ha antepuesto sus tareas al frente del PSOE a aquellas otras por las que le pagamos su sueldo todos los andaluces. Y el día de antes, el rector saliente, Pedro Molina García, nos ha escrito a todos los miembros de la Universidad despidiéndose y agradeciéndonos a todos la comprensión, el apoyo, las sugerencias e incluso las críticas.

No dudo de su sinceridad al asegurar que la Universidad ha sido el centro de su vida, si bien considero que se le ha olvidado añadir que, durante todos estos años, la ha tomado como cortijo particular, para hacer y deshacer a su antojo y al de su compañero inseparable, José Antonio Guerrero Villalba.

Pedro Molina
Somos muchos los que nos alegramos de que, tras más de 25 años de gestión universitaria, el Sr. Molina se jubile de la misma, y pronto lo hará de la docente, tarea que dejó hace muchos años. Es un hecho incontestable que quienes querían continuar su gestión, aglutinados en torno a la figura de Javier de las Nieves, con José Antonio Guerrero a la sombra, perdieron las últimas elecciones con un sistema electoral que les había favorecido hasta entonces.

Muchas de sus actuaciones han sido más que polémicas, favoreciendo un clientelismo dentro de la Universidad (baste recordar el caso del ex-concejal del PSOE Rafael Guijarro Calvo, entre otros muchos). Y, con el gran mal de la impunidad que sufrimos los administrados, se vio amparado por los presidentes de la Junta de Andalucía ante la vulneración de la ley de incompatibilidades, pues tuvo la ocurrencia de aceptar ser asesor de un banco al tiempo que gestionaba el dinero público.

Y lo dice quien suscribe, que ha padecido una feroz represión por denunciar algunas de sus actuaciones ante la fiscalía y públicamente. Pedro Molina entendió que al criticar yo sus actuaciones no solo mostraba falta de respeto con un superior, que era él mismo, sino que también atentaba gravemente contra la Universidad, y me sancionó con una suspensión de empleo y sueldo de cuatro años y tres meses, en los que no podría ni sacar un libro de la biblioteca de la Universidad (incluso llegó a dar la orden de que cambiaran la llave del despacho que tengo asignado).

Soy consciente de que muchos compañeros han tenido peor suerte que yo, pues, en mi caso, conseguí resistir y  ganar el juicio, de modo que se me anulara la sanción, con una fuerte sentencia que le decía que no se puede ser juez y parte, como había querido ser él. No obstante, la anulación no es firme aún pues, en otra actuación que no hacía sino profundizar en lo dicho en la sentencia, decidió personalmente que la UAL la recurriera ante el TSJA, sin prestarse a que fuera la Junta de Gobierno la que tomara la decisión, a pesar de que miembros de la misma así se lo solicitaron.

En la querella y en las denuncias que he presentado contra él ante los juzgados por lo que entiendo que han sido abusos de poder, ha utilizado los servicios jurídicos públicos, cuando, de ser cierto lo que denuncio, habría cometido delitos punibles, lo cual afecta a la persona y no al cargo, por lo que debía haberse pagado un abogado y un procurador como he tenido que hacer yo.

No le deseo a nadie la situación de acoso laboral al que me ha sometido el Sr. Molina, denuncia que presenté ante el Ministerio de Trabajo y que éste trasladó a la Universidad por ser ésta la competente de resolverlo (así de mal hecha está la ley). Hasta ahora, mi denuncia quedó paralizada. Espero que, con el nuevo equipo de gobierno, se resuelva finalmente y, en mi caso y el de otros muchos compañeros, podamos ejercer la docencia y la investigación sin el ambiente represivo que ha ejercido el Sr. Molina durante muchos años.