Isabel Morillo
Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía
Mensaje de credibilidad a Europa. Solo Asturias, sumida en el desgobierno hasta antes de ayer, suspendió el examen a las cuentas públicas autonómicas. Andalucía estuvo en el filo del precipicio y a un paso del aviso de intervención, pero finalmente salvó sus recortes. Tendrá que hacer “modificaciones parciales” que la Junta no explicó con claridad si se traducirán en más ajustes. Fuentes del Ministerio apuntaron un esfuerzo extra de 220 millones de euros. El Gobierno de PSOE e IU ofreció recortes que suprimen 3.500 millones en un Presupuesto de 32.020 millones de euros. El objetivo es reconducir el déficit andaluz del 3,2 al 1,5%.
Las abroncadas son las dos únicas comunidades de España –al margen del País Vasco– gobernadas por el PSOE. Son las dos autonomías a las que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, atacó directamente en el transcurso del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro que sienta al Gobierno con las autonomías.
Tras un duro y “tenso” encontronazo entre Montoro y la consejera andaluza, Carmen Martínez Aguayo, y después de que técnicos de ambas administraciones se sentaran a revisar la letra pequeña del Plan de Reequilibrio aprobado por el Gobierno de izquierdas, los números andaluces lograron pasar el primer corte. Al término del encuentro, Martínez Aguayo puso el acento en el acuerdo y restó importancia a las discrepancias.
El auxilio de Cataluña, que intercedió a favor de los andaluces y reclamó diálogo para calmar los mercados, resultó clave. Andalucía está en el grupo de los aprobados, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy tiene quince días para pedir más ajustes y además revisará mes a mes el cumplimiento de las medidas. De momento, el fantasma de la intervención, que ha rondado a Andalucía desde que la izquierda ganó el 25-M, está espantado.
La de ayer fue una cumbre determinante. Nada de trámite. Con España pisando la zona de peligro en Europa, el Gobierno había convocado a las comunidades para que presentarán sus recortes. Bruselas siempre apunta a las autonomías como un lastre para el cumplimiento del déficit. El gasto que ha desbordado los presupuestos autonómicos, sin excepciones aunque sí con diferentes grados, tenía que sufrir una amputación de más de 18.000 millones de euros para lograr reconducir el déficit del 5,3% al 1,5% del PIB.
Asturias estaba en la picota y el Gobierno ya había avisado de la posible tutela de sus cuentas después de casi dos meses en los que la fragmentación del mapa político había impedido formar nuevo Gobierno. El miércoles se anunció una alianza con UPyD e IU, que permitirá gobernar al PSOE. No era el caso de Andalucía. Los primeros indicios después de que la Junta aprobara sus recortes indicaban que había satisfacción general. Por eso la consejera Martínez Aguayo no esperaba que, poco después de comenzar la reunión, Montoro pusiera en duda directamente el plan de ajustes andaluz.
Las debilidades, según el Gobierno central, vienen directamente del capítulo de ingresos. La Junta prevé aumentar esta partida en 1.000 millones de euros. Desde Bruselas, confía en ingresar 504 millones de euros. Es una cantidad que quiere cobrar urgentemente y que forma parte de los 2.440 millones que la Junta ha adelantado para infraestructuras y tiene pendiente de pago de la UE. Montoro dudó directamente de esos ingresos que, de no producirse, directamente descuadrarían el déficit. Al final, Andalucía asumió el compromiso de recortar a 220 millones más. El Gobierno no dudó, sin embargo, de los ingresos contemplados por Andalucía en un comportamiento de la recaudación tributaria que los expertos coinciden en calificar de optimista. No lo hizo porque los propios Presupuestos Generales del Estado siguen ese patrón, con ingresos dudosos.
El plan de choque de Andalucía tiene tintes muy políticos. El Gobierno de coalición de PSOE e IU vende una vía andaluza para asumir los recortes impuestos por el Gobierno. Se suben impuestos a las rentas a partir de 60.000 euros, se paraliza la obra pública y se da un tijeretazo muy importante a los sueldos de los empleados públicos (700 millones), incluidos a los miembros del Consejo de Gobierno. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha admitido que es “un enorme sacrificio” para los funcionarios pero a cambio ha asegurado que no habrá despidos masivos en el sector público (sostienen que salvarán hasta 30.000 empleos) y que no se tocará sanidad y educación. Como símbolo, Andalucía no aumentará la ratio en las aulas. La Junta recorta a la mitad las pagas extras a los funcionarios y mengua un 15% la nómina de los interinos. Los sindicatos han declarado ya una guerra sin cuartel.
Al término de la reunión, el ministro Montoro –que fue uno de los principales apoyos electorales de Javier Arenas en las pasadas elecciones andaluzas– fue muy conciliador en sus comentarios. Admitió que la negociación con Andalucía había sido más complicada porque habían tenido menos tiempo –el Gobierno andaluz tiene 12 días– para presentar sus medidas. Montoro consideró que las discrepancias fueron “muy bien sustanciadas”, informó Europa Press. El plan de ajustes de la Junta, dijo, era “completamente merecedor” del aprobado. El responsable del Gobierno destacó que los recortes aprobados por las comunidades son “viables y creíbles”, capaces de reconducir el déficit. “Hemos dado un paso muy importante en la credibilidad de España”, destacó.
El ministro prometió a las comunidades que el mecanismo en el que trabaja el Gobierno para facilitar la financiación autonómica se presentará a mediados de julio. No precisó si serán hispanobonos –mecanismo que avala la emisión de deuda autonómica– y señaló que estudian diferentes fórmulas. Andalucía tiene pendiente una emisión de deuda pública de 3.000 millones de euros.
Según explicaron fuentes del PP catalán a Europa Press, el Gobierno ha reconocido los 211 millones de euros que debe a Cataluña por inversiones no liquidadas en 2009 conforme a su Estatut. Andalucía tiene 1.500 millones de euros pendientes de pago.
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