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El vertido de aguas residuales a la playa de El Zapillo cuesta una multa de 12.000 euros

Juan Folío
La Opinión de Almería

El Ayuntamiento de Almería y la empresa concesionaria del servicio de saneamiento, Aqualia, se creían que se iban a ir de rositas, pero no va a ser así. Las continuas denuncias vecinales y políticas por el vertido de aguas residuales a la playa de El Zapillo van tener precio: la Junta de Andalucía ha propuesto una sanción de 12.000 euros a la empresa de la gestión integral del agua, Aqualia, con responsabilidad solidaria al ayuntamiento.

Desde los partidos políticos más beligerantes con el tema, entre los que hay que destacar a UPyD, que carece de representación municipal, la resolución del Gobierno de Andalucía se ha acogido con satisfacción, pues es inadmisible que en pleno siglo XXI se produzcan los vertidos que se pueden ver a dos pasos del auditorio municipal Maestro Padilla. La resolución con la sanción se ha comunicado al ayuntamiento el pasado mes de marzo. En la misma se insta a mantener las medidas de corrección necesarias para eliminar todo vertido de aguas sin depurar, así como a establecer los medios necesarios para evitar la proliferación de nuevos vertidos.

Según el expediente abierto por el gobierno autonómico, el ayuntamiento incumple las condiciones que se establecen en la autorización de vertidos al litoral realizada por ña Consejería de Medio Ambiente, que precisaba que los puntos autorizados en la zona son "aliviaderos" ante casos de lluvias torrenciales. Estos se justifican porque algunas zonas de Almería "no cuentan con red separativa de recogida de aguas pluviales y residuales, por lo que, en condiciones normales, no tienen autorización para aliviar aguas residuales". En su recurso, el ayuntamiento se ha mostrado contrario al expediente, “que viene promovido por la propia "negligencia" de la administración andaluza”. El concejal de Servicios Urbanos, Manuel Guzmán, dice que las alegaciones redundan en los convenios acordados entre la Junta y el Consistorio en 2004 y 2006 por el que la administración andaluza se hacía cargo del arreglo y conexión de las conducciones de pluviales, así como la creación de un emisario para conducir las aguas hasta el mar, una infraestructura que "ni está, ni se la espera hasta el momento". El concejal ha acusado a la Junta de "falta de interés" para hacer las inversiones "necesarias y comprometidas".

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