Rosario Soto
Portavoz del PP de Andalucía
Puede que algunos políticos no tengan memoria, pero los andaluces no olvidan cuantas veces sus necesidades han pasado a segundo plano mientras que la Junta de Andalucía maniobra sin pudor a favor de intereses electorales. Para la consecución de sus objetivos partidistas el PSOE, no ha dudado en emplear incluso la Ley de Dependencia, cuestión que al afectar a la calidad de vida de muchas personas, debería permanecer al margen de las disputas políticas.
En el año 2007, recién entrada en vigor la Ley de Dependencia y en plena campaña electoral, los gobiernos de Zapatero y del entonces presidente Chaves, actuaron de modo irresponsable, empleando la mencionada Ley para dar el máximo número de altas a beneficiarios, en el menor plazo posible, sin tener en cuenta que la ley no estaba desarrollada y la carencia de recursos económicos y humanos de los Ayuntamientos. Los socialistas crearon un conflicto artificial con los ayuntamientos gobernados por el PP, a los que sistemáticamente se les acusó de falta de lealtad institucional. Pasadas las elecciones, cuando ya no necesitaron generar polémica, se acabaron las prisas y las críticas por la presunta mala gestión de los ayuntamientos. Por aquellas fechas el objetivo del PSOE eran las ayudas económicas, que no sólo no son el mejor recurso para promover y garantizar la autonomía personal y en consecuencia una mayor calidad de vida, sino que la propia Ley en su artículo 14.4 define como "recurso excepcional".
Hace unos días, la consejera de igualdad, reconocía que del total de las ayudas en Andalucía, el 45% son económicas, justificando haber aplicado la excepcionalidad como generalidad en una interpretación a su conveniencia, afirmando que "no se puede establecer en muchas ocasiones la prestación más idónea" por que la Ley permite a las familias decidir sobre la prestación que debe recibir el beneficiario. Sin embargo y paralelamente a estas declaraciones desde las distintas delegaciones provinciales, se están haciendo de oficio revisiones constantes de aquellas prestaciones que dieron en 2007, cambiando unilateralmente de prestación económica a servicio. Claro que la prioridad de hoy es la creación de empleo y las altas en la seguridad social.
Resulta impresentable que los cálculos e intereses partidistas puedan llegar a anteponerse a la atención de las personas dependientes. La prioridad de la Junta de Andalucía debería ser resolver los problemas de los ciudadanos, trabajar desde el rigor y garantizar la prestación más adecuada para el bienestar de los mayores y enfermos. Pero para que la Junta funcione así será necesario un cambio de gobierno. En ello seguimos trabajando.
En el año 2007, recién entrada en vigor la Ley de Dependencia y en plena campaña electoral, los gobiernos de Zapatero y del entonces presidente Chaves, actuaron de modo irresponsable, empleando la mencionada Ley para dar el máximo número de altas a beneficiarios, en el menor plazo posible, sin tener en cuenta que la ley no estaba desarrollada y la carencia de recursos económicos y humanos de los Ayuntamientos. Los socialistas crearon un conflicto artificial con los ayuntamientos gobernados por el PP, a los que sistemáticamente se les acusó de falta de lealtad institucional. Pasadas las elecciones, cuando ya no necesitaron generar polémica, se acabaron las prisas y las críticas por la presunta mala gestión de los ayuntamientos. Por aquellas fechas el objetivo del PSOE eran las ayudas económicas, que no sólo no son el mejor recurso para promover y garantizar la autonomía personal y en consecuencia una mayor calidad de vida, sino que la propia Ley en su artículo 14.4 define como "recurso excepcional".
Hace unos días, la consejera de igualdad, reconocía que del total de las ayudas en Andalucía, el 45% son económicas, justificando haber aplicado la excepcionalidad como generalidad en una interpretación a su conveniencia, afirmando que "no se puede establecer en muchas ocasiones la prestación más idónea" por que la Ley permite a las familias decidir sobre la prestación que debe recibir el beneficiario. Sin embargo y paralelamente a estas declaraciones desde las distintas delegaciones provinciales, se están haciendo de oficio revisiones constantes de aquellas prestaciones que dieron en 2007, cambiando unilateralmente de prestación económica a servicio. Claro que la prioridad de hoy es la creación de empleo y las altas en la seguridad social.
Resulta impresentable que los cálculos e intereses partidistas puedan llegar a anteponerse a la atención de las personas dependientes. La prioridad de la Junta de Andalucía debería ser resolver los problemas de los ciudadanos, trabajar desde el rigor y garantizar la prestación más adecuada para el bienestar de los mayores y enfermos. Pero para que la Junta funcione así será necesario un cambio de gobierno. En ello seguimos trabajando.
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