Eugenio Gonzálvez
Alcalde de Gádor
No existe problema que no tenga solución. Y el de las casas alegales que en los últimos años se han reproducido por Andalucía también la tiene, pero sólo tiene un camino, el del consenso y el acuerdo entre todos los partidos con representación en el Parlamento. Y es que, según se ha podido saber en los últimos días, el censo de viviendas fuera de la ordenación arroja unas cifras escalofriantes, ya que se han contabilizado alrededor de 300.000 casas 'alegales' a lo largo y ancho de las ocho provincias andaluzas. En nuestra provincia, la mayor parte de estas 5.000 viviendas se concentra en el Valle del Almanzora y en el Levante Almeriense, que son el destino favorito de los europeos para disfrutar la edad dorada.
Nosotros estamos abordando este problema con la urgencia que su gravedad requiere y creemos que todos deben de hacer lo mismo con este 'quiste' que ha provocado la falta de control previo por parte de los órganos competentes de la Junta. Con esto no estamos eximiendo de su parte de culpa a las autoridades municipales, pero hay que reconocer que en muchos municipios ha sido imposible aplicar la LOUA y el POTA.
¿Cómo se iba a poder aplicar estas dos normas si llegaron con 10 y 20 años de retraso? Claro, con esos plazos era imposible que se previeran estas situaciones. Por eso es fundamental que se alcance un gran acuerdo para poder llevar a cabo, de momento, una solución global que permita atajar esta situación de forma eficaz y eficiente, ya que si se hace con carácter municipal pueden pasar años y años hasta este problema deje de serlo. Tenemos que ganar tiempo hasta que, mediante el consenso y el diálogo, se realice el cambio normativo: a través de la revisión de la LOUA y del POTA, que es innegable que han sido dos leyes obsoletas desde el día de su aprobación. Por eso es necesario que las órdenes de demolición inminente sean paralizadas hasta que se produzca un desarrollo reglamentario que puedan ampararlas. Y es que las nuevas leyes deberán de prevenir las situaciones futuras pero tratar de atajar este problema.
No debemos olvidar que todas estas personas que han elegido Andalucía (y Almería) para vivir su época dorada y gastarse sus ahorros, lo que supone toda una fuente de riqueza y empleo por la que debemos apostar, han sido víctimas de la inseguridad jurídica y la desconfianza que genera la normativa vigente. No podemos desaprovechar esta oportunidad que nos ha brindado nuestra privilegiada situación geográfica de ser la mejor zona de residencia de Europa y tenemos que ayudarles a superar este bache.
Ahora que Javier Arenas ha propuesto el pacto, la pelota no está en el tejado del PP.
Nosotros estamos abordando este problema con la urgencia que su gravedad requiere y creemos que todos deben de hacer lo mismo con este 'quiste' que ha provocado la falta de control previo por parte de los órganos competentes de la Junta. Con esto no estamos eximiendo de su parte de culpa a las autoridades municipales, pero hay que reconocer que en muchos municipios ha sido imposible aplicar la LOUA y el POTA.
¿Cómo se iba a poder aplicar estas dos normas si llegaron con 10 y 20 años de retraso? Claro, con esos plazos era imposible que se previeran estas situaciones. Por eso es fundamental que se alcance un gran acuerdo para poder llevar a cabo, de momento, una solución global que permita atajar esta situación de forma eficaz y eficiente, ya que si se hace con carácter municipal pueden pasar años y años hasta este problema deje de serlo. Tenemos que ganar tiempo hasta que, mediante el consenso y el diálogo, se realice el cambio normativo: a través de la revisión de la LOUA y del POTA, que es innegable que han sido dos leyes obsoletas desde el día de su aprobación. Por eso es necesario que las órdenes de demolición inminente sean paralizadas hasta que se produzca un desarrollo reglamentario que puedan ampararlas. Y es que las nuevas leyes deberán de prevenir las situaciones futuras pero tratar de atajar este problema.
No debemos olvidar que todas estas personas que han elegido Andalucía (y Almería) para vivir su época dorada y gastarse sus ahorros, lo que supone toda una fuente de riqueza y empleo por la que debemos apostar, han sido víctimas de la inseguridad jurídica y la desconfianza que genera la normativa vigente. No podemos desaprovechar esta oportunidad que nos ha brindado nuestra privilegiada situación geográfica de ser la mejor zona de residencia de Europa y tenemos que ayudarles a superar este bache.
Ahora que Javier Arenas ha propuesto el pacto, la pelota no está en el tejado del PP.
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