Reyes Rincón
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz tiene un termómetro muy preciso para tomar la temperatura de la crisis económica. Y por lo que advierten los que tienen acceso a él, no puede decirse que la fiebre esté bajando. "Hay un empeoramiento cualitativo de las situaciones que nos llegan", afirma Ignacio Aycart, asesor de área de la Oficina del Defensor. A él encargó José Chamizo que coordinara todas las quejas relacionadas directamente con la crisis para unificar las respuestas y tener una radiografía clara de la situación.
En los dos últimos años, el defensor ha recibido decenas de escritos de familias, trabajadores o empresas a los que la situación económica ha puesto contra las cuerdas. "Lo peor es que la mayoría no son culpables ni de la crisis ni de la situación que están viviendo", señala Aycart. Casi ninguno se enriqueció cuando la burbuja se estaba inflando y tampoco asumió riesgos ni pidió préstamos desaforados. "La mayoría tenía trabajo y pidió un préstamo acorde a lo que cobraba. No podían prever que se iban a quedar sin empleo", señala el asesor del defensor.
Para facilitar el trabajo, cuando cualquier departamento del defensor recibe una queja con relación directa con la crisis, se le pone una clave que permita identificarla al primer vistazo: CR. En 2008 esas siglas se plasmaron sobre 38 quejas; en 2009 sobre 106; y, en lo que va de año, sobre 70.
La idea de crear un departamento específico sobre la crisis surgió cuando en la oficina del defensor empezaron a darse cuenta de que las quejas que tenían su origen en la situación económica eran demasiadas como para tratarlas como un problema individual. 2009 fue el año de la eclosión definitiva, recuerda Aycart, al que Chamizo puso al frente de esta coordinación porque ya estaba a cargo de las quejas relacionadas con los bancos.Las entidades financieras eran, y siguen siendo, culpables de muchos desvelos de ciudadanos que acuden al defensor a pedir ayuda. "Hace poco nos llegó un matrimonio de funcionarios que iban a comprar una casa y el banco le pide más avales", cuenta Chamizo. Las trabas excesivas para conceder préstamos son una de las quejas que abundan últimamente, aunque todavía son más los que llegan buscando soluciones para evitar un desahucio por no poder pagar la hipoteca.
"La gente nos pide que hablemos con los bancos, pero ni podemos ni debemos. Aunque hay casos en los que es difícil quedarse cruzado de brazos y, como mínimo, mandamos una carta a la entidad para que intente refinanciar la deuda", cuenta Aycart. A veces funciona, pero no siempre. "Hay casos en los que ves que no la refinancian porque no les da la gana. Te hierve la sangre porque esa decisión está arruinando a una familia".
Aycart ha sacado una conclusión tras leer decenas de escritos de ciudadanos desesperados: "Habría que ir hacia un sistema en el que el banco asumiera el riesgo igual que sus clientes. Los bancos han tenido mucha responsabilidad en la crisis, pero no la asumen".
Pero no son sólo familias apurada por la crisis las que recurren a la oficina de Chamizo. En los dos últimos años son frecuentes las pequeñas y medianas empresas que piden al defensor que medie ante una administración morosa, en la mayoría de los casos, un Ayuntamiento. El departamento de Aycart tiene registradas 45 quejas en las que se repite el guión: uno o varios Ayuntamientos se resisten a pagar los servicios que contrataron a una pequeña empresa y esta se encuentra al borde de la quiebra. Detrás de estos hechos el defensor aprecia cierto cinismo: "Los Ayuntamientos hacen actuaciones para fomentar el empleo cuando en realidad son los que están destruyéndolo".
La oficina de Chamizo intercede, sobre todo, para evitar situaciones de agravio. "Los Ayuntamientos pueden tener la tentación de pagar antes a una empresa que conocen o que es del pueblo que a otra que, a lo mejor, lleva más tiempo esperando que le paguen. En general, deberían pagar antes las deudas más antiguas". El defensor contacta con el Ayuntamiento para que acredite los pagos y contrastar si cumple la norma. "Esto suele llevarnos a dos situaciones: que nos contesten diciendo que a la empresa que nos presentó la queja ya le han pagado o que dejen de contestarnos", ironiza Aycart.
La asfixia económica de los gobiernos locales está llevando a otra situación que preocupa especialmente al defensor: la incapacidad de atender la demanda creciente de vecinos que acuden a sus servicios sociales. "Los Ayuntamientos están en primera línea de combate y se encuentran desbordados por la demanda. Pero, a la vez, cada vez tienen menos dinero y aunque intentan no bajar la partida de servicios sociales, no pueden evitarlo. Consecuencia: personas mal atendidas y mucha demora en la atención", resume Aycart. La última memoria anual del defensor denunciaba esta situación, pero para tener un conocimiento más fiel, la oficina ha enviado un cuestionario a un centenar de municipios andaluces para que expliquen cómo ha crecido la demanda, quién pide las ayudas y el tiempo que tardan en atender las solicitudes. Del resultado saldrá, probablemente, un informe especial del defensor.
Las primeras respuestas ya están llegando y apuntan a un "llamativo" cambio en el perfil del demandante. El mismo cambio que ya habían advertido en la oficina del defensor. "Los que siempre han tenido cierta dependencia están peor. Pero ahora llegan también familias absolutamente estructuradas que están cayendo en la total precariedad", advierte Aycart. "El mero hecho de venir a pedir ayuda les cuesta la misma vida".
(elpais.com)
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