Palomares ha resultado barato

Manuel León

Redactor-Jefe de La Voz de Almería

El Gobierno de Estados Unidos pagó cuatro veces más en indemnizaciones nucleares a 300 damnificados isleños de un atolón del Pacífico que a más 2.000 habitantes de Palomares y Villaricos. Aunque los hechos en ambos casos son muy diferentes, la desigual presión internacional hizo que la recompensa para los habitantes fuese también muy distinta.

En 1954, en plena Guerra Fría, Estados Unidos realizaba pruebas de explosión nuclear en el Pacífico. El viento llevó partículas radioactivas a los habitantes de Rogenlap, un atolón de las Islas Marshall en Micronesia. Los nativos fueron evacuados para recibir asistencia médica y algunos fallecieron tiempo después a consecuencia de las secuelas. Ese mismo año recibieron compensaciones por un importe de 950.000 euros -de los 9 millones que solicitaron- y el compromiso de más pagos periódicos que no han dejado de llegar para pruebas médicas y para construir infraestructuras hospitalarias y de servicios en la Isla, hasta 45 millones de euros.

En Palomares, los habitantes recibieron pagos individualizados por perjuicios a sus cosechas y actividades agrícolas y ganaderas que sumaron un importe total de 250.000 euros “con el compromiso de renuncia expresa a indemnizaciones futuras”, según un documento desclasificado por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE).

Hasta diez años después del siniestro, se habían pagado 532 reclamaciones de las cerca de 700 presentadas, incluida la demanda interpuesta por el pescador Francisco Simó Orts que exigía 300 millones de las antiguas pesetas por haber colaborado en la recuperación de una bomba. Sólo recibió 2.200 euros.

A eso hay que unir una media de 100.000 euros anuales por la colaboración del Departamento de Salud e Investigación Ambiental norteamericano con el Ciemat español en los programas de seguimiento médico a la población. Si se tiene en cuenta que decidieron dejar de prestar también esta colaboración en 2009, el coste total del accidente de 1966 no llega a 4,5 millones de euros, probablemente el daño más barato para USA en los que la energía atómica ha estado de por medio.

El propio senador norteamericano Gaylord Nelson, en una comunicación interna dirigida al presidente de la Cámara de Representantes de las Islas Marshall, fechada el 28 de febrero de 1974 se jacta de que “en otro accidente nuclear ocurrido en España en 1966, las indemnizaciones pagadas a los nativos no llegaron al millón de dólares, a pesar de que los esfuerzos por descontaminación y búsqueda de una bomba costaron 15 millones de dólares”.

Otro documento del archivo desclasificado del DOE recuerda que para la fecha del accidente de Palomares estaba vigente “la ley auspiciada por la Comisión de Energía Atómica que establece que la Comisión puede indemnizar a contratistas y población civil por accidentes nucleares producidos fuera de Estados Unidos por valor de hasta 100 millones de dólares”.

A eso se añade que en la Convención de Viena de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares celebrada en1963 -en vigor cuando chocó el B-52 y su nodriza- aprobó un documento que en su artículo V dice “el propietario de la instalación (armamento) podrá limitar el importe de la responsabilidad civil a una suma no inferior a cinco millones de dólares por cada accidente nuclear”.

El Gobierno de Franco barajó emprender una reclamación por vía judicial como explica en otra carta dirigida a las autoridades de Islas Marshall el senador Nelson: “El Gobierno español ha retenido una reclamación judicial por daños que puede expirar en los próximos años”.

En todos los accidentes nucleares provocados por EEUU -Groenlandia, Palomares, Roky Flats (Colorado), Nevada y Micronesia- el del Levante almeriense, denominado después ‘Proyecto Indalo’, ha sido el menos oneroso para su hacienda, a tenor de los documentos desclasificados por su propia ley de Libertad de Información (FOIA).
(www.lavozdealmeria.es)