Edita: FIDIO (Foro Indalo de Debate, Ideas y Opinión) C. I. F.: G04253035

Alcaldes sospechosos

Rafael M. Martos
Director de Noticias de Almería
 
Al alcalde de Berja y parlamentario andaluz por el Partido Popular, Antonio Torres, aún le queda otro asunto por el que responder ante los tribunales de justicia tras haber salido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de una querella que le pusieron los socialistas de su pueblo.
 
Pero esa absolución ha venido a sumarse al archivo definitivo por el Tribunal Supremo de la querella que los socialistas de Gádor pusieron contra su alcalde y senador por el Partido Popular, Eugenio Gonzálvez.
 
En ambos casos el fiscal no ha presentado acusación, y los jueces prácticamente han seguido sus argumentaciones para dar por cerrados estos casos a pesar de la insistencia del PSOE que, como en el caso de Gádor, incluso presentó una ampliación de la querella con tan poco fundamento que sólo sirvió para abundar en los razonamientos de la Fiscalía.
 
Vayan por delante estos dos ejemplos de alcaldes del Partido Popular, pero que perfectamente habían podido serlo de otra formación, para cuestionar de raíz la idea de que un político debe dimitir o ser cesado desde el mismo momento en que resulta imputado. Torres y Gonzálvez han tenido la suerte -tal cual es la lentitud de los tribunales hay que calificarlo así- de conocer la resolución de estos pleitos antes de las próximas elecciones municipales, por lo que concurrirán a ellas con su hoja limpia, si bien en el caso del virgitano habrá que ver cómo se resuelve el asunto del famoso espigón de Balanegra.
 
A pesar de que se considera que la presunción de inocencia nos acompaña a todos de la misma manera hasta el mismo momento en que existe una condena en firme, la realidad objetiva no es esa. Un imputado lo es porque un juez ve indicios racionales de criminalidad, algo que tienen el resto de persona, y por tanto no puede ser considerado objetivamente tan inocente como los demás ciudadanos; y es más, cuando se produce una primera condena, por mucho que no sea firme, es obvio que hay evidencias de culpabilidad por encima de lo que puede pasar con cualquier persona que ni tan siquiera se ha sentado ante un juez nunca.
 
También es verdad que todos los delitos no son iguales, y que por eso unos tienen una pena y otros otra. Y es también cierto que no todos somos iguales ante la ley, y no sólo porque dependemos del abogado que nos podamos pagar, sino por algo tan simple como es el hecho de que en prisión preventiva un funcionario sigue cobrando puntualmente su sueldo y un trabajador laboral no (un autónomo no, y un trabajador por cuenta ajena puede hasta ser despedido sin indemnización por no acudir a su puesto).
 
Pero como esto es un artículo periodístico y no un tratado de Derecho, no profundizaremos más, ya que es suficiente como para dejar claro que es cuando menos cuestionable apartar de la vida pública a un imputado sin que haya juicio ni condena.
 
Todo esto nos daría pie a abordar la Operación Poniente, y advertir que el alcalde de El Ejido, Juan Enciso está imputado por cinco presuntos delitos, y que ha estado en prisión preventiva, y que es mucha la gente que opina que debería dimitir o ser cesado por estos motivos. Todo esto choca con lo visto anteriormente, dos alcaldes imputados pero inocentes al final; y también estos dos casos chocaban con lo referido a la presunción de inocencia en imputados y condenados en primera instancia.
 
Es necesario que esto se regule de algún modo... o no. 
 
Parecería lógico pensar que la regulación de estas situaciones sería innecesaria, ya que los políticos debían tener catadura moral suficiente como para decidir por si mísmos y en beneficio de la colectividad en momentos así. Pero claro, hablamos de presuntos culpables, de políticos que presuntamente han puesto sus intereses personales por encima de los sociales, y a quienes por tanto tampoco se les puede pedir mucha ética.
 
También es verdad que si uno ha sido imputado y está plenamente convencido de su inocencia, se espera de él que tenga el valor suficiente para aguantar contra viento y marea al frente del barco y no dejar que los tribunales sustituyan la voluntad soberana de los ciudadanos.
 
Insisto, es necesario que esto se regule de algún modo... o no.
(Publicado en noticiasdealmeria.com) 

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