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El alcalde de Garrucha, abogado, reconoce que su empresa factura al Ayuntamiento, pero que ignora que sea ilegal.

Noticias de Almería
Redacción


El PSOE de Garrucha ha pedido hoy al alcalde del municipio que dimita a la mayor brevedad posible, después de que éste haya admitido ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vera que, desde el año 2008, ha estado destinando dinero público municipal a su propia empresa. En su declaración, el alcalde ha reconocido los hechos que motivaron la querella del PSOE de Garrucha, que advirtió de que los contratos que el regidor estaba firmando desde el Ayuntamiento con su propia empresa, Automecánicas Garrucha SL, podían constituir presuntos delitos de prevaricación y de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Juan Francisco Fernández,
alcalde de Garrucha
La portavoz del PSOE de Garrucha, María López, ha considerado “inaudito” que, después de confesar los hechos, el alcalde haya alegado ante el juez que “desconocía que lo que estaba haciendo era ilegal”, dado que, “además de que, además de alcalde, el señor Juan Francisco Fernández es abogado”. “Ante tal muestra de desvergüenza, no podemos hacer otra cosa que pedirle que dimita hoy mismo”, ha añadido López, para quien “este comportamiento merece una respuesta política, además de que el señor Fernández afronte, cuando toque, las responsabilidades penales que le correspondan”.

Según consta en la querella presentada por el PSOE a finales del pasado año, el alcalde de Garrucha le habría pagado a su empresa trabajos por valor de 17.000 euros, desde el año 2008. Además, desde que se formuló la denuncia hasta el día de hoy, esos pagos se habrían incrementado en 10.000 euros más, según ha desvelado la portavoz socialista.

La querella recuerda que los pagos del Ayuntamiento a Automecánicas Garrucha SL, empresa de la que el alcalde era el administrador único, fueron aprobados en distintas Juntas de Gobierno y recibieron el visto bueno del interventor. Dichos pagos respondían en teoría a trabajos de mantenimiento y reparación de vehículos municipales, aunque las facturas no iban acompañadas de albarán ninguno.

El alcalde “se ha estado encargando trabajos a sí mismo, a través de su empresa”, ha resumido López, quien ha recordado que esta práctica sería presuntamente ilegal, dado que el máximo responsable de una administración no puede ordenar contratos con su propia empresa, según la normativa que regula las incompatibilidades de los cargos públicos.

El Grupo Municipal Socialista ya preguntó en Pleno por estos pagos en el año 2011, aunque nunca recibió respuesta. Lo que sí se produjo varios meses más tarde, en febrero de 2012, fue un cambio en el administrador de Automecánicas Garrucha SL, que pasó a ser el hermano del alcalde. Esta sustitución “no cambia el fondo del asunto”, ha advertido López, porque “sigue siendo incompatible que el alcalde ordene pagos a la empresa administrada por su hermano, además de que Juan Francisco Fernández permaneció como accionista único de la empresa”.

"Tengo la conciencia muy tranquila"
Teleprensa

El alcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández, ha asegurado tener la conciencia muy tranquila tras prestar declaración ante la titular del Juzgado número 2 de Vera, en el marco de las diligencias previas incoadas a raíz de la querella penal interpuesta desde el PSOE por la contratación, por parte del Ayuntamiento de la localidad, de trabajos a un taller mecánico del municipio.

En este sentido, el primer edil ha aclarado a la juez diversas cuestiones relacionadas con este asunto; a saber:

Que fue administrador de la empresa propiedad de su hermano por motivos familiares y que cesó en noviembre de 2011.

Que tanto la actividad como la gestión de la sociedad corresponden a su hermano, como es de conocimiento público y general; y que si no se cambió la titularidad es por desidia y por el desconocimiento de que se podía estar incurriendo en una irregularidad administrativa, ya que “aunque abogado –dice el regidor- no soy especialista en derecho administrativo y administración local”.

Que no existió lucro personal y que en ningún momento ocultó su vinculación con la empresa.

Que de la aprobación de las facturas por la Junta de Gobierno local no se advirtió ninguna incidencia negativa ni por parte de los servicios jurídicos ni de la oposición, que tenía acceso inmediato a la relación de pagos aprobados desde 2007; y que tampoco el voto del alcalde era decisivo a la hora de aprobar los cargos.

Que los trabajos con la mercantil eran encargados por el área de Obras y Servicios sin consulta previa a la Alcaldía.

Que el Ayuntamiento trabaja con todos los talleres mecánicos del municipio y de fuera, en función de la celeridad y los precios previstos para cada servicio de reparación o mantenimiento de los vehículos municipales; por lo que no existe ningún tratamiento de privilegio hacia esa empresa.

Además, Fernández ha querido precisar que en las facturas figuran, al contrario de lo que apuntan algunas informaciones, los conceptos del servicio de forma detallada; y ha recordado que los importes no superan lo permitido por la ley, siendo muy similares a las cantidades contratadas con otras empresas de la localidad; entre ellas, el taller mecánico propiedad del exalcalde socialista Andrés Segura y regentado por un familiar directo del edil José Gallardo, con el que el anterior Gobierno del PSOE realizaba casi todos los trabajos de reparación y mantenimiento de la flota de vehículos municipal.

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