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La Ley de Costas, al servicio del interés privado

Miguel Ángel Blanco Martín
Periodista

El paisaje de la Costa y su identidad cultural, en medio de la naturaleza, no es ninguna prioridad para el sistema establecido. Lo prioritario está marcado desde el poder y está en el interés económico de la Costa, observada, configurada y utilizada como un instrumento empresarial para generar el máximo rendimiento de beneficios en detrimento de lo público. Almería no se queda al margen de esta realidad, a pesar de haber conseguido sobrevivir en gran medida a los grandes desmanes y despropósitos de los años 60 y 70.

La orientación política determina los planteamientos territoriales y la orientación de las decisiones. En este caso, la nueva Ley de Costas, promovida por el Gobierno del Partido Popular, alumbra nuevas sombras para rematar la faena. La costa almeriense se convierte en un plato suculento para los intereses privados, para el negocio, que adquiere mayor expectativa, al respecto, a raíz de la crisis. El gran paro se soluciona, por lo visto con el sentido demagógico de que todo es válido para salir del hundimiento provocado por los intereses de quienes forjaron la crisis y ahora quieren salvarnos. Y ya se sabe, para ello no hay nada mejor que un nuevo “boom inmobiliario turístico”, por ejemplo, para terminar de destruir lo que todavía está a salvo. Por eso han planificado no sólo salvar el Algarrobico sino llenar el litoral de “monstruos” parecidos y así poner el cartel de Defunción a la vida del paisaje natural.

El humor, que no falte (Mavel, La Voz de Galicia)
La nueva Ley de Costas, de todas maneras está pendiente del Reglamento, clave para determinar las bases de la aplicación de la Ley. El asunto puede parecer un mero trámite burocrático, pero en realidad es importante. Son los reglamentos los que marcan la funcionalidad y la orientación del interés político de cualquier ley.

El principio general es que la Costa es dominio público. Es la personalidad dominante del litoral. Sin embargo, a tenor de las líneas maestras de la Ley, el futuro está determinado por la imposición de los intereses privados y de la hegemonía del modelo de desarrollo turístico como la cuestión clave para un desarrollo económico. El precio a pagar por tal orientación política es muy grande y pone el litoral en manos de la propiedad privada y de los intereses financieros y bancarios, si no lo está ya. ¿Cuál sería el modelo seguir? ¿Se lo imaginan? Pues, sin salir de casa: Roquetas de Mar, por ejemplo; y saliendo, hay quien mira a Benidorm, o el modelo aberrante de Marina Dor en Castellón. Ya se sabe que el turismo es depredador. Y en el caso de Almería, tiene puestos sus ojos cazadores sobre el litoral del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Y sobre lo que queda del litoral de Pulpí, Vera, Mojácar, Villaricos, El Ejido, Adra, etc. Vamos, para salir corriendo.

Para el geógrafo Alfonso Viciana, experto estudioso del litoral almeriense, “lo más preocupante es el nuevo tratamiento de los humedales y dunas vinculadas a la dinámica del litoral. Ello va a suponer hacer nuevos deslindes de la costa. Además está la cuestión de cómo se va a engarzar con la ordenación territorial, cómo actuarán las comunidades autónomas con sus competencias o el caso de los planeamientos municipales”. En su opinión se ponen en marcha interrogantes problemáticos como el caso de “los frentes urbanos consolidados, una cuestión burocrática compleja con problemas de indefensión. Se pueden perder zonas de dominio público. Al final resulta que los paseos marítimos son las únicas líneas públicas. Todo lo demás es privado. Por supuesto que la Ley de Costas de 1988 era mejorable pero esta reforma es un paso atrás”.

Hay multitud de cuestiones que están a la expectativa. A ver qué pasa. Los ayuntamientos costeros tienen puestos sus intereses en su parte de litoral como si fuera de propiedad particular del alcalde y de los concejales de turno, dispuestos a hacer negocio con quien llegue a sus despachos y proponga cualquier proyecto empresarial urbanístico, con maletín incluido, encima de la mesa. La tentación de la corrupción está servida.

Y es que, puestos a valorar la identidad del paisaje, desde la perspectiva política del poder, se desprecia el sentimiento que proyecta la contemplación del horizonte y del paisaje, las sensaciones que emanan de esa contemplación, la riqueza que da a la persona y su interior, la importancia de los sentimientos en la vida cotidiana, el sentido poético de la serenidad ante el paisaje y su entorno natural, la esencia de la piedra, el aire, el agua, la montaña y el mar. A eso no se le puede poner precio. Es una realidad que el capital no entiende ni puede comprar, le suscita recelo y temor, porque piensa que lo que está fuera del sistema establecido puede acabar con él. Por eso, al capital lo único que le interesa de la naturaleza es el negocio. Y para eso está la Ley de Costas, al servicio de los intereses de quien manda.

La cuestión ahora es no ponérselo fácil. Y para eso está el periodismo crítico, que no puede permanecer en silencio.

A vueltas con El Algarrobico

Alicia Cifuentes Salazar
Miembro del GT Almería. UPyD, Agrupación Local de Almería

Parece que las últimas declaraciones del Ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, acerca del coste que supondrá la demolición del hotel, recordemos que considerado como el paradigma o icono del “urbanismo salvaje” que desde hace décadas viene campando a sus anchas en las costas de nuestro país, han reactivado el “caso  Algarrobico” ante la opinión pública. Aunque es cierto que apenas ha dejado de ser noticia en los últimos años. Su nombre  lleva apareciendo con cierta frecuencia en los titulares de prensa y han pasado  escasamente dos semanas desde que se ha conocido que el anterior alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, el actual, Salvador Hernández (de distinto signo político), y los seis concejales que votaron en su momento a favor de declarar los terrenos como urbanizables han sido imputados por presunta prevaricación en relación al asunto.

El Algarrobico
Según cuenta la historiografía periodística reciente, en 2003 se aprobó la normativa respectiva y se iniciaron las obras. Dos años después la construcción quedó paralizada, y en 2009 se adaptó el reglamento municipal para que pudiera definitivamente acabarse. La ley de costas vigente en todos esos años (de 1988), impedía que un proyecto semejante se llevara a cabo. Y sin embargo, como en otros casos menos conocidos, tanto el municipio como la Comunidad Autónoma se saltaron la legalidad y, contraviniendo una disposición general de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, adaptaron la normativa municipal con una más que evidente intención espuria. Es decir, un claro ejemplo de lo que en no pocos casos supone la descentralización de determinadas competencias, con actuaciones en las que no se puede asegurar el cumplimiento de la ley, y también de la arbitrariedad y la impunidad que ha existido, y continúa existiendo, en la gestión de los asuntos públicos.

Por eso es necesaria la existencia de un Estado centralizado para los asuntos fundamentales, que cuente con los mecanismos suficientes para garantizar el cumplimiento de las leyes de carácter general, y que pueda evitar que se produzcan episodios tan lamentables como la historia de El Algarrobico. En este sentido, llama la atención que, ante la reciente aprobación de la nueva Ley de costas, las mayores críticas hayan venido por parte de algunas comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Canarias, Andalucía y Asturias),  que consideran que la ley invade las competencias autonómicas y pretende debilitar el actual modelo competencial.

El hecho de que esta nueva normativa reduzca la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros, lo que algunos han calificado como un coladero que legaliza todo lo que se ha construido al margen de la ley, parece ser una cuestión menor, que se deja para que solo los grupos ecologistas la denuncien.  Tal vez sea porque esos 80 metros de diferencia todavía pueden dar mucho juego en manos de regulaciones municipales y autonómicas.

¿Asistiremos pronto a la demolición de El Algarrobico? Quién sabe. Lo que por ahora sí sabemos es lo que se calcula que va a costar, nada menos que 7.320.000 euros.