Hay debates que revelan mucho sobre el tipo de sociedad que queremos ser. El que hoy existe en torno a la protección de los perros utilizados en la caza, el pastoreo o la guarda es uno de ellos. No es un debate menor ni ideológico: es una cuestión de coherencia, de justicia y de respeto hacia los animales.
En los últimos años España ha dado pasos importantes en materia de bienestar animal. La aprobación de la Ley de Bienestar Animal en 2023 supuso un avance al reconocer obligaciones más estrictas para proteger a los animales frente al abandono, el maltrato o la negligencia. Sin embargo, la norma dejó una excepción muy discutida: la exclusión de determinados perros utilizados en actividades como la caza.
Dicho de otra forma: dos perros de la misma raza pueden tener un nivel distinto de protección legal dependiendo del uso que se haga de ellos. Un galgo que vive como animal de compañía está plenamente protegido por la ley; otro galgo utilizado para la actividad cinegética puede quedar fuera de ese marco jurídico. Esta diferencia es la que ha motivado la iniciativa ciudadana “Mismos perros, mismos derechos”, que reclama acabar con esa desigualdad.
Quienes defendemos una sociedad más justa también debemos preguntarnos qué mensaje transmitimos cuando establecemos categorías de protección distintas para seres que la propia ley reconoce como seres sintientes. Los animales sienten dolor, miedo y estrés, independientemente de si viven en un piso o en una finca rural.
Además, el problema del abandono animal sigue siendo una realidad preocupante en nuestro país. Según distintos informes, en España se recogen cada año cientos de miles de animales abandonados, una media que se estima en 785 perros y gatos al día. En Andalucía se concentran algunos de los mayores niveles de abandono registrados por asociaciones protectoras. Y la provincia de Almería no es ajena a esta situación, ya que, según datos de protectoras y ayuntamientos, se abandonan en torno a 2.000 animales al año, un buen número de ellos procedentes de la caza y ya considerados “inservibles”.
Detrás de cada una de esas cifras hay una historia de sufrimiento, pero también el trabajo silencioso de protectoras, voluntarios y profesionales que hacen todo lo posible por salvar vidas.
Por eso el debate no debe
enfrentarnos entre mundo rural y mundo urbano, ni convertir el bienestar animal
en una batalla cultural. Se trata, sencillamente, de garantizar que todos los
perros tengan los mismos estándares de protección y que las administraciones
dispongan de herramientas claras para prevenir el abandono y el maltrato.
La campaña “Mismos perros, mismos derechos” plantea algo razonable: que el futuro reglamento sobre núcleos zoológicos incluya también a los perros utilizados en actividades como la caza cuando se encuentren en instalaciones colectivas, de forma que estén sujetos a controles de bienestar, supervisión veterinaria y condiciones adecuadas de alojamiento.
Desde Movimiento Sumar creemos que avanzar en derechos nunca debería ser motivo de confrontación, sino de consenso. Una sociedad que protege a los más vulnerables —sean personas o animales— es una sociedad mejor.
Por eso quiero invitar a la
ciudadanía de Almería a informarse sobre esta iniciativa y a participar en el
debate. Quienes deseen apoyar la propuesta pueden hacerlo firmando en el
siguiente enlace:
https://www.mismosperrosmismosderechos.org/firmar
Porque, al final, la pregunta es sencilla: si todos los perros sienten lo mismo, ¿por qué no deberían tener los mismos derechos?
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