En el día de ayer, el presidente Sánchez
realizó unas declaraciones sobre la crisis económica generada por la guerra de
Irán señalando que se están “estudiando posibles medidas para ayudar a los
hogares, a los trabajadores, a las empresas y a los autónomos y que puedan
mitigar los impactos económicos”.
Esto ha creado confusión en los
consumidores en tanto que las consecuencias de este conflicto bélico se están
ya sufriendo por los consumidores con las subidas que se están produciendo, por
poner algunos ejemplos, en el precio de la electricidad o los carburantes. Y
esto acaba de empezar.
A pie de calle, el ciudadano pide medidas
concretas y no frases hechas. Por ello, desde la Asociación Española de
Consumidores hemos elaborado un catálogo de medidas para abordar la crisis
económica teniendo en cuenta lo que solicitan buena parte de los ciudadanos de
este país y las empresas.
Estas medidas se dan en todos los órdenes y no sólo desde un punto de vista económico sino también social para facilitar la vida de los ciudadanos. Las medidas divididas por temáticas serían:
Administraciones Públicas:
1. Eliminación de gastos superfluos en las Administraciones. Con ello, pedimos que se eviten los observatorios, consejos, etc. o, en caso de mantenerse, que se eliminen las dietas de asistencia y los de desplazamientos, así como los gastos innecesarios que tengan asociados.
2. Reducción del número de Ministerios, Consejerías, Delegaciones, etc. Con ello se evitarían también costes innecesarios.
Políticas Sociales:
3. Agilización de la valoración de la dependencia y demás trámites administrativos que tardan años en resolverse.
4. Agilización de la acreditación del grado de la discapacidad para facilitar su incorporación al mercado laboral que los demanda.
5. Realización de un estudio de las subvenciones y ayudas que se están otorgando para analizar su utilidad social con el fin de eliminar las innecesarias y potenciar las imprescindibles para las familias.
Empleo:
6. Realización de Planes de Empleo para parados de larga duración o de edad mayor a los 55 años.
7. Regulación definitiva del teletrabajo lo que reduciría la contaminación al existir menores desplazamientos, ayudando a su vez a la conciliación familiar y un menor coste para las familias en el transporte tanto público como privado.
Economía:
8. Análisis por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia de los precios de los carburantes.
9. Revisión de los impuestos asociados a los carburantes realizando una rebaja de los mismos para el abaratamiento del precio final que pagan los consumidores.
10. Establecimiento del descuento de los 20 céntimos por litro de carburante para los consumidores tal y como estaba con la anterior crisis energética.
11. Realización de actuaciones de control en la conformación de los precios potenciando canales más directos entre el productor y el consumidor y evitando los intermediarios que no aportan nada de valor al producto y solo lo encarecen.
Salud:
12. Abaratamiento de costes de la sanidad mediante la dispensación por principio activo y en las cantidades estrictamente necesarias.
13. Apuesta decidida por la prevención en salud para un abaratamiento de los costes sanitarios.
Medio Ambiente y Economía Circular:
14. Potenciar el reciclaje en el hogar como medio de ahorro en los costes económicos de la producción.
15. Establecer subvenciones fijas a los sistemas de ahorro y producción de energía. Hasta ahora lo que hay es puntual y con muchas trabas e inseguridades jurídicas y económicas para los consumidores.
16. Fomentar la realización de campañas sobre consumo responsable de energía contando con la colaboración de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Fiscalidad:
17. Bajada de impuestos de productos de primera necesidad de forma estable y no de manera coyuntural, estableciéndose una revisión de todo el arco impositivo del IVA. Por supuesto, al ser productos básicos en una alimentación sana y equilibrada se debe rebajar el IVA de la carne y el pescado. Con ello no sólo se abarataría la cesta de la compra sino que se incidiría en una alimentación más sana y equilibrada.
18. Rebaja del IVA en productos básicos de higiene y en productos de limpieza y alimentación infantil.
19. Revisión de los impuestos municipales y los coeficientes correctores.
Comercio:
20. Realización de campañas de promoción del comercio tanto de proximidad como en los centros comerciales o la compra online, evitando visiones simplistas y excluyentes, todos son necesarios y compatibles.
Turismo:
21. Realización de campañas de Turismo responsable.
22. Eliminación de tasas turísticas donde se hayan aplicado.
Justicia:
23. Abordar un Plan de Choque de todas las Administraciones Públicas implicadas en materia de Justicia para evitar el colapso que existe y que genera inseguridad jurídica y retraso en el reconocimiento de los derechos.
24. Establecimiento de resoluciones vinculantes y obligatorias en materia de Seguros y Bancos por parte del Banco de España y la Dirección General de Seguros. Ello conllevaría descongestionar buena parte de las reclamaciones judiciales.
Vivienda:
25. Medidas reales para el abaratamiento de la vivienda, sobre todo en el mercado del alquiler con una mayor seguridad jurídica para las partes y sin planteamientos ideológicos que han conllevado un colapso del mercado de la vivienda.
Obra Públicas y Transporte:
26. Apuesta decidida por el transporte público en todo el país y no sólo en determinadas zonas. Para ello se debe abordar un Plan de Infraestructuras estatal que se cumpla y se debe reforzar y renovar la flota de dicho transporte público.
27. Potenciación de todos los aeropuertos del país con el establecimiento de trayectos básicos en todos ellos.
28. Colaboración público-privada, no sólo como un sector privado ejecutor de infraestructuras que se realicen, sino desde inicio, en la definición de toda estrategia que se haga de conexiones, obras hidráulicas, etc.
Consumo:
29. Inclusión de la participación de las cuestiones que les afectan al conjunto de asociaciones de consumidores en función del territorio al que afecten las medidas.
30. Realización de un Plan de Inspecciones contra la economía sumergida y los fraudes a los consumidores. Perjudican tanto a consumidores como a los empresarios que realizan su actividad de una forma legal.
Se trata en definitiva de algunas medidas que conllevan un coste económico, pero otras simplemente se pueden llevar a cabo teniendo sensibilidad y miras políticas para la solución de los problemas que los ciudadanos tienen hoy en día.
Desde la Asociación Española de Consumidores finalmente exigimos que se adopten inmediatamente en tanto que ya los consumidores más vulnerables están sufriendo las consecuencias de esta situación y pedimos actuaciones y no meros discursos ideológicos y políticos en mera clave electoral.
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