Edita: FIDIO (Foro Indalo de Debate, Ideas y Opinión) C. I. F.: G04253035 Presidente del Consejo Editorial: Emilio Ruiz

Copago farmacéutico

José Luis Raya
Candidato de UPyD al Congreso de los Diputados

Este fin de semana, en alguna cadena televisiva, se ha ofrecido un reportaje sobre la situación de las farmacias en relación con las medidas tomadas en algunas autonomías que tienen por objetivo reducir el déficit sanitario con cargo al retraso en el pago a los farmacéuticos, lo que en palabras y “lagrimas” de estos está acabando con sus economías, en tanto la mayoría de ellos no son más que trabajadores por cuenta propia hipotecados y con la situación actual hiperhipotecados. No obstante y aun cuando los informes solo focalizaban el problema desde el punto de vista farmacéutico, el “servicio público” de los medicamentos en España tiene dos vertientes importantes: de un lado la situación del sector farmacéutico y de otro la situación de la Administración y de los pacientes en relación con la prescripción de medicamentos.

En relación con la primera, “el medicamento” es una actividad que, según el sector, tiene 5.000 empleos directos y 15.000 indirectos y en el que las empresas españolas dentro del sistema suponen el 20% de la facturación del medicamento nacional. La industria del medicamento en España exportó por valor de 8.100 millones de euros. Los representantes de este sector hablan de catarsis, de cierre de empresas, de despidos y reducción de 300 millones en Investigación y Desarrollo. La deuda de medicamentos y productos sanitarios a 31 de diciembre de 2010 ascendía a 8.739 millones de euros y son muchos los proveedores que tienen que soportar demoras en los pagos superiores a los 600 días, siendo las comunidades autónomas que más dilatan los pagos Cantabria (709 días), Baleares (645 días) y Murcia (612 días) según el observatorio del Medicamento (FEFE, Octubre 2010). Los datos hablan por sí solos de la extrema gravedad de la situación para este sector.

Oficina de Farmacia

En relación con la segunda, y sin ser exhaustivos, la situación es más compleja , y así tenemos: España destina el 1,8% del PIB a comprar medicamentos y es el cuarto país en gasto farmacéutico por persona en la UE15 (sin embargo, en gasto sanitario es tercero por la cola). El gasto farmacéutico es elevado no por los precios sino por la cantidad de medicamentos consumida. España es el segundo país que mayor cantidad de medicamentos consume entre 14 países desarrollados, según un reciente estudio encargado por el secretario de salud británico. Actualmente en España un 20% de la población consume el 70% del gasto sanitario o, concretando en el gasto farmacéutico, un 5% de la población acapara el 50% del gasto en medicamentos. El número de recetas por persona ha aumentado en un 21% en los últimos seis años, mientras que el precio real del medicamento se redujo un 10%.

El medicamento tiene un componente sanitario básico, aunque en España hemos confundido consumo de fármacos con salud, y suele ser al contrario, y así tenemos que para la CA Aragón “automedicarse y el mal uso de los fármacos causan el 25 % de las urgencias” en esta comunidad (COF Aragón, junio 2009). Aunque no generalizado, no es menos importante, tiene un componente picaresco, por el cual el perceptor del “gratis total” solicita medicamentos para toda la familia, envía medicamentos a su país de origen o se lleva medicamentos para el periodo de residencia fuera de España.

Somos una sociedad dirigida a la tecnificación como solución mejor, aun cuando no esté contrastada. Según la Federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública el 15% decisiones clínicas no se basan en evidencia científicamente probada. Así mismo tenemos una industria farmacéutica que dirige el consumo de nuevos fármacos aun cuando su eficacia esté menos contrastada que los antiguos. Tenemos compromisos internacionales que derivan en atención sanitaria en igualdad de condiciones a los contribuyentes y a los que acaban de llegar; y un sistema de recuperación de estos gastos, al país de origen, que debido a la falta de información tipificada, a la burocracia administrativa y a nuestra falta de pericia han sido hasta la fecha difícilmente reembolsables. Así, los tratamientos a ciudadanos de EEMM (estados europeos) se recuperan en un grado muy reducido y así la CA andaluza presentara los siguientes datos en 2001 un 14% y en 2004 un 4% del total del Fondo de Cohesión para este asunto, y en el mismo periodo la CA de Valencia recibió un 3,37% y un 43,82% respectivamente (esto son datos globales de asistencia dado que no se pormenoriza el gasto en medicamentos, pero es ilustrativo de la situación).

Tenemos 17 sistemas sanitarios cuyos datos no son homogéneos y por tanto se hace complicada la gestión nacional de la sanidad. La transferencia a las CCAA (comunidades autónomas) se hizo en muchos casos con la clara oposición de los gestores de éstas y con un sistema de financiación que ha dado lugar a un agujero difícil de tapar y que hasta el 2005, según fuentes de Grupo de Análisis del Gasto Sanitario Público (informe 2007), suponían más de 36.000 millones de euros para el total de las CCAA.

UPyD incluye en su programa electoral medidas concretas encaminadas a la racionalización del gasto farmacéutico y a la potenciación del sector “medicamento” como servicio social mejorado la educación sanitaria mejorando la atención farmacéutica o la adherencia a los tratamientos (médica y farmacéutica) como sistemas para aumentar la eficiencia de estos y reducir el consumo injustificado. Además se incluyen soluciones para modificar el sistema actual de Copago farmacéutico, impulsando una reestructuración del gasto sanitario, actualmente está hegemonizado por los hospitales (53%) y la farmacia (23%), que está produciendo una falta de inversión en Atención Primaria (15%) y Salud Pública (1,5%), principales objetivos de una política sanitaria racional que busque en la prevención la mejora de la salud.

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