Venta ambulante: otro problema más

Rogelio Gómez Sánchez

Presidente de la Federación de Comercio Ambulante de Almería

35.000 comerciantes ambulantes ejercen la actividad actualmente en Andalucía. Con la nueva Directiva de Servicios y la adaptación que de ella ha hecho la Junta de Andalucía se avecina un desastre para los mercadillos en cuanto comience el año, si nada lo remedia. Peligran los puestos de trabajo de todos ellos porque, según el Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, todas las parcelas, al ser de dominio público, deben ser adjudicadas con total igualdad a todo el que quiera acceder a ellas, sin que sirva de nada la antigüedad de quien las ocupa desde hace muchísimos años. Todos los puestos de trabajo quedan en el aire y nadie sabe si seguirá vendiendo donde lo ha estado haciendo hasta ahora.

Los comerciantes llevan toda una vida dedicados a esta actividad y de la noche a la mañana se encuentran sin un futuro claro y teniendo que competir, obligadamente, con otros comerciantes y sólo porque no saben nada de lo que será su futuro en apenas unos meses. Es un mal para 35.000 comerciantes, en beneficio de muy pocos. Va a ser un “todos contra todos”.

Desde Fecoam (Federación del Comercio Ambulante de Almería) y desde la Cámara de Comercio y Asempal se acaban de formular alegaciones a dicho Decreto Ley que está en vigor desde primeros de este mismo año y que empezará a notarse cuando empiecen a renovarse las parcelas de los mercadillos para el próximo 2011.

El Decreto Ley es enormemente negativo para diversos sectores y no sólo para los comerciantes. En los ayuntamientos se produciría un caos administrativo ya que deberían baremar todas las solicitudes y justificarlas después ante todos los comerciantes ya que deberán ser públicas y transparentes. No olvidemos que si se implantan los requisitos aprobados en Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, podrán ser miles los candidatos a unas pocas plazas en cualquier ayuntamiento.

Los consumidores verían alterados sus hábitos de compra y con ello su confianza ya que sus proveedores habituales cambiarían frecuentemente. Los comerciantes con nueva adjudicación no conocerían gustos, costumbres y tradiciones de los consumidores de cada localidad.

Las inversiones a realizar por los comerciantes se limitarían dada la inseguridad profesional que se deriva de esta normativa, con lo que la calidad del servicio se alejaría de los fines que persigue la Directiva de Servicios y todas las normativas que de ellas se derivan.

En conclusión, tras muchos años tratando de profesionalizar al comercio ambulante, ahora pasaría a ser una ocupación temporal, precaria e irregular  por lo que marginalidad volvería a ser la nota predominante en el sector.

Las pretensiones del sector se centran sobre todo en que el sistema de baremación sea limitado a las plazas que queden vacantes todos los años y no afecte a su trabajo y al futuro de sus vidas. Del mismo modo protegerían al consumidor al seguir ofreciendo los mismos servicios que hasta ahora en los mismos lugares.

Y si esto no se aplicara a las plazas vacantes, desde el sector pedimos que se nos conceda un tiempo de al menos 15 años de prórroga para no entrar en la misma.