Almería celebra en estos días, como el resto del país, cincuenta años de libertad desde la muerte de Franco. Sumamos ya medio siglo de democracia, de instituciones recuperadas, de conquistas sociales y de una sociedad que decidió avanzar hacia la pluralidad y la recuperación de los derechos sepultados durante la dictadura. Este aniversario, sin embargo, llega a la provincia ensombrecido por un escándalo mayúsculo que ha dejado tocada a la Diputación provincial, una institución que nació con la idea de promover la prosperidad de la provincia, tal y como recogía la constitución de 1812, tras conocerse que un juzgado investiga a cargos del Partido Popular por presuntas mordidas en contratos públicos.
Aquella idea de hace más de dos siglos -la de la prosperidad- parece que solo estuvo en la cabeza de algunos dirigentes del partido de Moreno Bonilla y Feijóo para beneficio propio. Como si el tiempo no hubiese avanzado, como si aquellos dueños del ‘cortijo’ del siglo pasado pudieran seguir manejando nuestros destinos con absoluta impunidad, han maniobrado, según la UCO, el ya ex presidente de la Diputación y dos de sus vicepresidentes.
La corrupción, parta de quien parta, es absolutamente repugnante y esconderla o taparla es el camino más rápido hacia la degradación del sistema. Por eso es difícil de entender que, a estas alturas, el presidente del Gobierno andaluz y máximo mandatario del PP en nuestra comunidad siga sin condenar los hechos de manera clara. Este aniversario de la conquista de la democracia debería servirnos para interiorizar que la libertad no es solo votar cada cuatro años, sino exigir ejemplaridad en las instituciones. La democracia no es compatible con la opacidad, ni con la peligrosa idea del ‘todos son iguales’. No, no lo somos. Mientras el Partido Popular aplaude, como ha hecho con lo ocurrido en la institución provincial, el PSOE actúa con contundencia contra la corrupción. Almería merece una diputación que esté a la altura del momento histórico que celebramos. Una institución que respete la legalidad, que rinda cuentas y que recuerde que lo público no pertenece a quien lo administra, sino a quien lo sostiene, que son todos los ciudadanos y ciudadanas. Si queremos honrar la democracia conquistada, debemos empezar por protegerla allí donde hoy se ve amenazada.
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