No fue una pandemia, fue un negocio

Francisco

Sánchez Criado

El reciente capítulo del caso mascarillas, que ha llevado a la detención del presidente de la Diputación de Almería junto a otras seis personas, nos obliga a reflexionar sobre cómo algunos aprovecharon la tragedia y el dolor de la pandemia para lucrarse de forma ilegal. La corrupción, en cualquiera de sus formas, es siempre reprobable, pero hacerlo en medio de una emergencia sanitaria que dejó hospitales colapsados, familias rotas y una economía devastada es especialmente ruin.

Durante los meses más duros de la pandemia, mientras la mayoría de los ciudadanos cumplía con confinamientos, toques de queda y el uso obligatorio de mascarillas, algunos políticos y empresarios vieron en esta crisis una oportunidad de negocio sin precedentes. Años después, las investigaciones judiciales y los informes policiales han sacado a la luz una realidad incómoda: mientras se pedía responsabilidad y sacrificio a la población, desde las altas esferas se tejían tramas de comisiones ilegales y contratos millonarios.

El uso obligatorio de mascarillas, convertido en símbolo de la lucha contra el virus, fue una de las medidas más controvertidas. Aunque inicialmente parecía una decisión basada en criterios sanitarios, con el tiempo se descubrió que, en muchos casos, no existían informes técnicos que justificaran su obligatoriedad, especialmente en los últimos meses de la pandemia. La Audiencia Nacional llegó a solicitar al Ministerio de Sanidad los documentos científicos que respaldaran la medida, pero estos nunca aparecieron porque no existían. En su lugar, se impusieron normas poco transparentes que, lejos de basarse en la evidencia, parecían responder a otros intereses.

Esta falta de soporte técnico no solo generó confusión, sino que alimentó la percepción de que la mascarilla se había convertido en una herramienta política y, para algunos, en un negocio multimillonario. Para maximizar las ganancias, era imprescindible que su uso fuera generalizado y obligatorio, lo que llevó a una maquinaria punitiva descontrolada: cientos de miles de sanciones por incumplimientos, muchas de las cuales fueron anuladas posteriormente por los tribunales. En algunos casos, como el de un vecino de Almería con crisis asmáticas, las autoridades ignoraron deliberadamente certificados médicos válidos, vulnerando derechos fundamentales, teniendo que recurrir a la justicia para poder corregir estos despropósitos.

Mientras tanto, en las altas esferas, se movían cifras de millones. El caso Koldo, aún en instrucción, es un ejemplo paradigmático: empresarios sin experiencia en material sanitario obtenían contratos millonarios gracias a intermediarios vinculados al Ministerio de Transportes. Peor aún, se expedían salvoconductos para que estos empresarios y sus allegados se movieran libremente por el país en pleno confinamiento, mientras el resto de la población no podía salir de su municipio.

A este escándalo se suma ahora el de la Diputación de Almería, donde se investigan contratos de más de dos millones de euros adjudicados a empresas sin experiencia, con sospechas de comisiones ilegales y blanqueo de capitales. El patrón es siempre el mismo: dinero público, urgencia, falta de controles y beneficiarios bien conectados.

La pandemia no solo fue una crisis sanitaria; también fue un espejo que reflejó las carencias políticas, administrativas y morales de nuestro país. Mientras unos obedecían, otros se aprovechaban. Mientras unos se sacrificaban, otros hacían caja. Y aunque no hay una resolución judicial que concluya que las mascarillas se impusieron para inflar comisiones, los hechos son claros: normas sin aval técnico, sanciones masivas, certificados médicos despreciados y tramas de corrupción que se beneficiaron del sufrimiento colectivo.

El dolor de la pandemia fue real. Pero también lo fue el negocio que algunos hicieron con él. Ahora, más que nunca, es imprescindible exigir transparencia, justicia y medidas que garanticen que, en futuras crisis, el interés público prevalezca sobre los intereses privados.