El Partido Popular intenta amortiguar el impacto de la mayor trama de corrupción que ha sacudido a la provincia en décadas moviendo fichas y cambiando nombres. Pero la cuestión esencial sigue sin respuesta: ¿Cómo pudo arraigar durante casi nueve años una red de presuntos corruptos en la Diputación de Almería sin que nadie del PP detectara, denunciara o frenara nada? La investigación se remonta a 2016, la etapa de Gabriel Amat y apunta a un sistema de presuntas mordidas en contratos públicos cuyo alcance real aún desconocemos.
No estamos ante un episodio aislado ni ante un simple “caso Mascarillas”. Es, con todas sus implicaciones, el “caso Partido Popular”. Y los hechos de los últimos días lo subrayan: los detenidos salieron de los calabozos para mantener una prolongada reunión en el despacho del, hasta ese momento, presidente de la Diputación junto al secretario general del PP andaluz y varios alcaldes. Un encuentro en sede institucional que no aportó claridad, sino sombras y que alimenta la idea de un pacto de silencio cuidadosamente construido. Son ya diecisiete los investigados y no se descarta que vayan a ser más. Mientras tanto, Moreno Bonilla guarda un silencio que pesa como una losa. No dio explicaciones en 2021, cuando el “caso Mascarillas” desnudó la falta de controles. Tampoco lo hizo cuando permitió que investigados encabezaran listas municipales y accedieran a responsabilidades de primer nivel.
Hoy vuelve a desaparecer, refugiado en cambios apresurados que no asumen la gravedad de lo ocurrido. Tampoco el nuevo presidente provincial del PP, Ramón Fernández-Pacheco, ni Antonio Repullo pidieron el viernes perdón a la ciudadanía. Nadie ha aclarado la situación del alcalde de Fines ni la del de Tíjola, que es quien gestiona los fondos europeos en la Diputación. ¿Cómo puede calificar el PP de “ejemplar” una gestión bajo la cual se investigan presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo, tráfico de influencias y corrupción en la contratación?
El Partido Popular da por cerrada la crisis, pero lo hace en falso. Almería no merece silencios, ni excusas, ni movimientos tácticos. Merece transparencia. Merece saber qué ha ocurrido y por qué. Por eso, desde el PSOE exigimos una investigación a fondo, auditorías en todas las áreas de la Diputación y la asunción de responsabilidades reales. La Diputación es una institución de todos, no el tablero de una trama que ha operado en ella impunemente durante años.
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