Edita: FIDIO (Foro Indalo de Debate, Ideas y Opinión) C. I. F.: G04253035 Presidente del Consejo Editorial: Emilio Ruiz

Es la hora de reflotar Galasa

Iván Gómez
Jefe de Local de Diario de Almería

Galasa, Galasa, la ruina de tu casa, decían los vecinos del Levante y Valle del Almanzora cuando llegaban los recibos. Pero nada más lejos de la realidad. La comparativa con las tarifas por el suministro de agua con otros municipios de la zona e incluso de la vecina provincia de Murcia permite demostrar que uno de los motivos por los que Galasa está al borde de la quiebra es por el bajo coste del servicio -ni siquiera se ha actualizado en los últimos años al Índice de Precios de Consumo (IPC)-  que han venido percibiendo por el abastecimiento y tareas de saneamiento y depuración que prestan a más de 100.000 almerienses.

Oficinas de Galasa en Vera
En las últimas legislaturas no se han adecuado las tarifas al coste real de la prestación en el mercado, por populismo y uso partidista de la empresa pública en algunas ocasiones o por negligencia y despreocupación en otras, y se han mantenido unos precios inexplicables y arbitrarios que generan entre los propios municipios que reciben el agua agravios comparativos, sobre todo con algunos del Almanzora que se abastecen prácticamente gratis.

Los vecinos de las localidades del Levante pagan 21,09 euros por el consumo medio de 15 metros cúbicos al mes (más el IVA y canon autonómico), mientras que los de Somontín por ese mismo volumen sólo pagan 4,60 euros. En Tíjola abonan 11,97 euros y en Macael 6,11. ¿Alguien puede explicar el origen y justificación de las diferencias de tarifas? No. El actual equipo de gobierno de Diputación no entiende esta gestión irresponsable de tantos años que ha generado un agujero negro superior a los 30 millones de euros en Galasa y ha decidido tomar cartas en el asunto.

Además de no adaptar los precios, ni cortar el suministro a los ayuntamientos morosos del Almanzora que se comprometieron a compensar de sus arcas el bajo precio de las tarifas a sus ciudadanos, en las anteriores legislaturas se firmaron acuerdos sin que pasaran por el consejo de administración y se hizo caso omiso de un buen número de informes desfavorables de los técnicos sobre ciertas operaciones de dudosa legalidad.

Ante este desastre, la Diputación tenía la opción de liquidarla, lo que implicaba el despido de sus 95 trabajadores y la asignación a cada uno de los ayuntamientos que forman parte del accionariado de su correspondiente parte de la deuda, pero decidió apostar por este modelo público al entender que es hora de reflotar la empresa provincial de aguas. Una vez descartado el cierre, han optado por un rescate que podría generarle un desgaste electoral si las medidas que ponen sobre la mesa acaban afectando al recibo de los contribuyentes.

Ya le ocurrió al socialista Tomás Azorín, el que fuera presidente de la Diputación cuando se creó la entidad para solucionar los graves problemas de abastecimiento en el Levante y Almanzora, al consentir un incremento del afán recaudador entre los años 1991 y 1995. Le acabó pasando factura a los ayuntamientos gobernados por su partido, que perdieron ante los populares e independientes conocidos en su día por sus reivindicaciones contra la subida del precio como los alcaldes del agua.

Pero no ocurrirá de nuevo, el PP aprendió la lección y el equipo de gobierno de la Diputación argumenta que no han revisado las tarifas de Galasa y que no han previsto ningún incremento en lo que resta de legislatura.

El acercamiento a la estabilidad y el equilibrio presupuestario, del que otros gestores anteriores se alejaron tanto, partirá de una serie de medidas que ya se vienen aplicando. La negociación con los proveedores ha permitido reducir los costes, hasta el de los folios que se utilizan en las oficinas, se ha rebajado en un 50% los sueldos a directivos, se han suprimido las dietas y coches oficiales, se han limitado los gastos de telefonía y el nuevo convenio laboral permite un ahorro de 500.000 euros cada año (de una masa salarial de 3 millones).

El vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, asegura que en lo que va de legislatura se ha recortado la deuda en nada menos que siete millones. “Heredamos una sociedad en quiebra y vamos a levantarla con gestión, sin que afecte al bolsillo de los ciudadanos”.  Acordaron con Acuamed una inyección de agua desalada de la planta de Carboneras, el pasado verano a raíz del aumento del nivel de trihalometanos en los municipios del Levante, pero este suministro es tres veces más caro y han tenido que renegociar los convenios con la sociedad estatal dentro del plan de austeridad con el que quieren evitar el cierre de Galasa.

De hecho, en los cajones de la Diputación, en los mismos que había facturas falsas del Patronato de Turismo de la legislatura anterior, han aparecido acuerdos con Acuamed por los que se han llegado a aportar hasta 15 millones de euros a cambio de prácticamente nada o se han financiado infraestructuras hoy sin uso como la tubería que conectó con Albox que tiene su propia concesionaria del agua.

El cambio de rumbo de la empresa provincial también pasa por la reducción de las pérdidas, que rondaban el 30% del suministro y pretenden solventar con Fondos Feder, y por una adaptación de sus estatutos a la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) y a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha generado una agria polémica al vislumbrar los socialistas de la comarca que llevará aparejados nuevos precios.

Sin embargo, la Diputación lo descarta y critica que, después del varapalo al principio de solidaridad derivado de las salidas de Vera y Albox, el PSOE contribuya a desestabilizar un modelo público que nació para acabar con los problemas del agua en la provincia. A largo plazo planteará la unificación de tarifas por zonas, pero no a costa de subir el recibo a los contribuyentes. Ahora toca promover la concurrencia de voluntades.

El proceso de modificación de los estatutos que ha sido aprobado ya en los plenarios de Garrucha, Cuevas y Cantoria, entre otros, no tendrá luz verde de los ayuntamientos que gobierna el PSOE. De hecho, tampoco será aprobado en otros con gobiernos populares como Vera y Olula, municipio éste último que abonó en esta legislatura casi 630.000 euros acumulados de deuda por el saneamiento y depuración.

La Diputación tiene más de la mitad de acciones y ratificará la actualización normativa sin necesidad de que sea respaldada en los ayuntamientos. Pero su intención era conseguirlo con diálogo y consenso, olvidando que las elecciones están muy cerca. Los socialistas harán campaña a través del agua, de la que fueron víctima con Azorín y hace unos años con el trasvase del Ebro, pero no encontrarán ni recibo ni acuerdo plenario que refleje esa subida del precio que vaticinan.

Es más, el equipo de gobierno recuerda, ante las críticas del PSOE, que ha destinado en sus casi tres años de la actual legislatura casi doce millones euros a obras relacionadas con el ciclo integral del agua que son competencia de la administración andaluza. Durante este tiempo se han visto obligados, para acabar con las cubas, a construir nuevas potabilizadoras en Somontín, Benizalón y Tahal y han tenido que solventar los problemas técnicos que habían surgido al poner en marcha la Junta al menos siete estaciones en pequeños pueblos que no tenían agua potable, ya que se inauguraron pero no se habían puesto en funcionamiento.

Y, por último, aclaran que la única administración que ha subido las tarifas ha sido la Junta de Andalucía con el canon autonómico del agua.

Comparativa de las tarifas (15 metros cúbicos/mes)

Níjar: 31,47 euros
Albox: 29,88 euros (32,56 con el incremento del precio)
La Mojonera: 25,81 euros
Olula del Río: 24,36 euros
Vera: 23,17 euros
Vélez-Blanco: 21,46 euros
El Ejido: 20,64 euros
Roquetas de Mar: 19,35 euros
Purchena: 19,34 euros
Águilas (Murcia): 32,50 euros
Lorca (Murcia): 37,19 euros
Puerto Lumbreras (Murcia): 32,30 euros.
Levante (Galasa): 21,09 euros

Almanzora Galasa 

Albanchez: 6,52 euros
Armuña: 4,80 euros
Cantoria: 5,00 euros
Fines: 5,69 euros
Laroya: 6,10 euros
Lucar: 7,13 euros
Macael: 6,11 euros
Serón: 8,17 euros
Sierro: 17,99 euros
Somontín: 4,60 euros
Suflí: 5,70 euros
Tíjola: 17,97 euros
Urracal: 5,90 euros

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